¿Hay personas en Salto que no logran llegar a fin de mes con un peso en el bolsillo para comer? Sí.
¿Hay personas en Salto que tienen un modesto vehículo para trabajar y a veces no les alcanza el dinero para cargar combustible, o para pagar la patente? Sí.
¿Y gente que trabaja los 365 días del año y desearía pasar un fin de semana tan siquiera de descanso en Termas, pero no puede hacerlo porque le resulta imposible económicamente? Sí.
¿Hay quienes habitualmente necesitan, por atención a su salud por ejemplo, viajar a la capital del país y el costo de los pasajes se le vuelve un obstáculo difícil de sortear? Sí.
Y podríamos seguir… Porque claro, usted estará pensando: y hay quienes ni siquiera cuentan con un ingreso que les permita todo lo anterior. Es cierto. Como es cierto también que son desigualdades que siempre ha habido en esta sociedad y, por lo que uno avizora y por lo que «el tiempo me enseñó» (como canta Tabaré Cardozo) parece que seguirán existiendo.
Pero centrémonos en el aquí y ahora. Y volvamos a un tema con el que hemos venido insistiendo por lo menos en dos notas en los últimos días: los ediles, esas personas que gustan decir que “somos la voz del pueblo”, o que “es un honor ocupar un lugar en esta caja de resonancia de las necesidades del pueblo que nos eligió”, o que “trabajamos por vocación de servicio priorizando el bien común por encima del personal”.
Pensamos en los ediles y se nos viene a la cabeza esta pregunta: ¿por qué generar entre ellos y el resto de la sociedad una diferencia tan grande, tan notoria y hasta tan grosera en cuanto a todo lo enumerado en los primeros párrafos? Ordenemos un poco nuestro planteo. Veamos en primer lugar cuáles son los beneficios que reciben los ediles:
1- Exoneración del pago de patente.
2- Combustible: 200 litros por mes (en total, para el titular y los tres suplentes).
3- Un pasaje a Montevideo por mes el titular y un pasaje cada dos meses los suplentes.
4- Posibilidad de solicitar uso gratuito de los bungalows en Termas del Arapey por cinco días, cada seis meses.
5- Celular.
6- posibilidad de tener un/a secretario/a de cuyo sueldo se hace cargo la Junta (y donde algunos han ubicado un familiar).
Respetamos a quienes entienden que para aquel edil que realmente trabaja como tal, puede no ser mucho todo eso, considerando en especial que en cuanto al combustible (que aparece tal vez como lo más llamativo) se debe realizar una rendición de su uso, o devolverlo. Pero respetar no significa compartir. No compartimos que los legisladores tengan esos beneficios. ¿Entonces la solución es que reciban un sueldo? Puede ser; pero cuidado, que no se preste eso para el afán desmedido de conseguir esa banca de quienes desesperadamente, y sin mínimos escrúpulos, decidan ir tras ese sueldo. Digamos de paso que el Congreso Nacional de Intendentes, por lo que hemos podido saber, estaría trabajando en esa línea: que haya un sueldo y no otros beneficios como remuneración.
Ah…claro, hay quienes piensan que sueldo o beneficios deben tener por el trabajo y desgaste que les insume la tarea, pero ¿alguien los obligó a postularse?
Ahora bien, sería bueno que hubiese una equiparación entre los diecinueve departamentos. Y una mayor coherencia en todo sentido también. Porque no olvidemos que por Ley los ediles no deben recibir sueldo, sin embargo, hay departamentos donde reciben 50.000 pesos, y en otros hasta cerca de 100.000. Pero creemos que no hemos entrado aún en el tema que nos parece realmente alarmante y que, a nuestro entender, roza lo anti ético, aunque sea legal. Y nos referimos a que algunos de estos ediles, luego de haber llegado a su sillón en la Junta Departamental, pasan a tener un cargo (en general de alto sueldo) en determinados organismos estatales por el único «mérito» de ser militantes de tal partido. Y acá en Salto tenemos varios, ¿verdad? Lo invito a repasar algunos casos de ediles nacionalistas (luego analizaremos otro partido): Florencia Supparo, Facundo Marziotte, Martín Burutarán, Carlos Silva, Pablo Constela… Y puede olvidársenos alguno más. Reciben su sueldo por estar en Salto Grande u otro organismo, y a su vez, los beneficios como ediles. ¿No es mucho? A nuestro entender sí; y no solo que es mucho sino que hasta configura un caso de lo que algunos estudiosos llaman
“violencia simbólica”. Le agrego más: para quien esto escribe, es incluso una burla a la población. Es una burla, más todavía, que alguien tenga un vehículo que por su alta gama debería pagar unos 100.000 pesos de patente, y sin embargo no paga nada, absolutamente nada, aunque va a la Junta Departamental «cada muerte de un obispo» y aún, como ya fue dicho, recibe un sueldo altísimo al que accedió por militancia política.
Aunque respetamos otras opiniones, no tenemos empacho en decir y repetir la nuestra las veces que sea necesario: es legal, pero también hay algo que se llama ética y hay algo que no dudamos en calificar como burla, burla por ejemplo a aquel trabajador que no pudo cumplir con el pago de patente de su moto, la que usa para trabajar día a día, y eso le ha traído grandes complicaciones.
Hasta ahí, el caso de los nacionalistas. En tanto, ¿qué pasa en el Frente Amplio? (conste que hablamos de estos dos partidos por obvias razones: uno encabeza el Gobierno Nacional y el otro el Gobierno Departamental). Pues en el Frente Amplio pasa algo parecido aunque, desde nuestro punto de vista, no tan grave. Pasamos a explicarnos…
Hay varios ediles que dejaron sus bancas para ocupar cargos en la Intendencia: Mario Furtado, Patricia Barrios, Gerardo Llobet, Santiago Vlaeminck, Fabián Granja, Carlos Beasley…(y otra vez, involuntariamente, puede escapársenos alguno). No compartimos que lo hayan hecho pues, como lo expresamos en notas de ediciones anteriores, el pueblo los votó para ser su voz en la Junta, no para otra cosa, y eso deberían respetarlo. Más aún cuando algunos de ellos mismos, criticaron duramente ese mismo accionar en ediles de otros partidos, en períodos de gobiernos anteriores. Pero, ¿por qué decimos que no es tan grave? Porque al no permitirles la Constitución de la República estar al mismo tiempo en el Legislativo y en el Ejecutivo, ya no son ediles y por lo tanto reciben el sueldo de la Intendencia pero ya no los beneficios que enumeramos al comienzo de esta nota. En cambio los nacionalistas reciben «a dos manos»: con una los beneficios de la Junta Departamental y con la otra el sueldo del Mides, o de la CTM de Salto Grande, por dar un par de ejemplos.
Volvemos a señalarlo para que quede bien claro: no hacen nada ilegal, lo jurídico se los permite, no faltan a la ley, pero… Conclusión: «la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo». Tal vez, o sin dudas quizás, hay leyes que modificar.
¿Quiere la frutilla sobre la torta? Está en lo que dice el periodista Leonardo Silva en la edición de EL PUEBLO de ayer domingo: «Hablando respecto a cierta apatía política local, la Junta Departamental de Salto levantó su receso este jueves y solo tres Ediles se anotaron para hacer uso de la palabra en la media hora previa, y la sesión apenas duró 17 minutos. Sin comentarios».
En fin, el dicho popular es sabio y parece nunca tan bien aplicado como en esta ocasión: ¡Qué país generoso!
