Escuche la entrevista con el edil Molina:
El edil Enzo Molina, integrante del equipo de transición tanto del Ejecutivo como del Legislativo departamental, adelantó que propondrá reabrir el debate sobre el controvertido Decreto Departamental 6650/2013, norma que habilita a la Intendencia de Salto a incautar vehículos por infracciones de tránsito como espirometría positiva. Molina recordó que ya en 2023 presentó un proyecto de derogación para los artículos 1 y 2 del mencionado decreto, por entender que vulneran derechos constitucionales básicos como el derecho de propiedad.
“Es un tema que claramente debe debatirse en la próxima legislatura. La incautación, tal como se aplica en Salto, no tiene antecedentes en el resto del país. Ni la Policía Caminera ni otras intendencias proceden de esa forma. En todo el territorio nacional, lo que se hace es permitir que el infractor llame a una persona habilitada para retirar el vehículo”, explicó el edil, abogado de profesión. Subrayó que no está en contra de las sanciones por conducir en estado de ebriedad, sino de la metodología que, según afirma, funciona como “una extorsión institucional con fines recaudatorios”.
Molina también cuestionó que esta política haya sido promovida en nombre de la seguridad vial sin resultados tangibles: “Han pasado más de diez años y los siniestros de tránsito en Salto no han disminuido. Todo lo contrario. Es momento de repensar medidas eficaces, no punitivas que violen derechos fundamentales”.
La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional el uso de la incautación como mecanismo para condicionar el pago de multas, refuerza el planteo del edil. “El fallo ratifica lo que venimos diciendo: solo una orden judicial puede limitar el derecho de propiedad”, remarcó y aclaró que lo que se realiza es una especie de “secuestro del vehículo”.
En paralelo, Molina reiteró su intención de eliminar el requisito del Carné de Salud para la obtención del permiso de conducir. “Presenté también un proyecto para derogarlo, porque Salto era el único departamento que exigía ese trámite cada tres años, cuando la normativa nacional solo pide un examen de aptitud física. Hoy, el Ejecutivo cambió su postura y el carné solo se solicita al renovar”, dijo.
Ambas propuestas fueron presentadas en la actual legislatura, pero aún no se ha avanzado en su tratamiento. Molina aspira a que, con la renovación de autoridades y un nuevo ciclo legislativo, se dé impulso a estos debates con respaldo técnico y político.
“El derecho a la propiedad es inviolable, y el Estado no puede sobrepasarse en su rol sancionador. Los próximos cinco años deben enfocarse en construir soluciones reales, sin abusos administrativos que terminan castigando injustamente al ciudadano”, concluyó.
