Pensamos hoy en profundizar en algunos hechos acaecidos en los últimos días (en realidad de los que nos hemos enterado en los últimos días, porque vienen de hace mucho tiempo). Son hechos vinculados a abuso de poder, tráfico de influencias… En definitiva corrupción, sin más vueltas.
Es bueno dejar en claro, tomando (como lo hacemos habitualmente) como referencia el Diccionario de la Real Academia Española, que por tráfico de influencias se entiende una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable, que consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratos de preferencia.
Para ello nos parece oportuno iniciar esta reflexión transcribiendo una breve nota de opinión sobre el tema, que bajo el título “No existe el corruptómetro», publicábamos en página 3 de EL PUEBLO este pasado sábado 1°. Es la siguiente:
«Hemos escrito hasta el cansancio, y estamos cada día más convencidos, que en todos los partidos políticos hay gente honesta y gente que no lo es. Es decir, como suele decirse: hay de todo en todos lados. Nos hemos referido muchas veces a la corrupción en altas esferas del gobierno, y también en ese caso, encontramos situaciones graves en todos los partidos que han gobernado.
Cuando hace un tiempo hicimos una especie de paralelismo entre algunos casos de corrupción del actual Gobierno Nacional y algunos por los que fue condenado Sendic, un dirigente frenteamplista local nos decía: «esto que está ocurriendo ahora en la Torre Ejecutiva (hablaba del caso Astesiano) es una corrupción terrible, lo de Sendic en cambio fueron simples faltas». No compartimos ese razonamiento. Aunque diferentes, insistimos que son en todos los casos situaciones graves de corrupción. Creemos que para juzgar hay que sacarse la camiseta, ¿se entiende?
Ahora nos enteramos que la diputada Susana Pereyra, histórica dirigente del Movimiento de Participación Popular, siendo su esposo el entonces Ministro del Interior (ahora extinto) Eduardo Bonomi, abusaba de su posición de poder para solicitar por whatsapp el traslado de determinados reclusos (con profusos antecedentes penales) de una cárcel a otra, etc.
Creemos que no sería necesario decir, aunque no está de más recordarlo, que esta legisladora tiene fuerte vínculo con los barrrabravas de Peñarol, entre ellos precisamente algunos por los que pedía traslado, un trato especial (aunque no se cumpliera con los protocolos correspondientes), etc.
Lo que sí es importante decir es que la vacuna contra la corrupción no existe. Al menos, ningún partido político uruguayo la ha recibido. Y que el «corruptómetro» para medir quién es más o menos corrupto que el otro, tampoco».
A ello debemos agregar algunas cosas. Por ejemplo que Pereyra tenía como custodia privada a un traficante de armas, además, como ya fue dicho, también solicitaba el traslado (de una prisión a otra) de delincuentes de esos que comúnmente se dice “pesados”.
Se ha podido comprobar según queda en evidencia en los chats entregados al Ministerio del Interior por el exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, que Susana Pereyra le solicitó por lo menos tres traslados de presos a otros centros penitenciarios, lo que implicaba no cumplir con los procedimientos que correspondería realizar. Dicho esto en buen romance: por fuera de la ley alguien que forma parte del cuerpo de personas elegidas por el pueblo para hacer las leyes y velar por ellas, buscaba determinados beneficios.
Vayamos con algunos detalles. Entre los presos que la diputada en cuestión quiso trasladar se encuentra Emiliano Corbo, un integrante de la “barra brava” del Club Atlético Peñarol, que en el año 2018 sacó un revólver y disparó contra otro joven durante una pelea que ocurrió tras un partido de fútbol. También José Luis Mattos y Damián Garaza, ambos poseedores de una larga lista de indagatorias por distintos delitos y que ya han sido condenados algunas veces. En el caso de Mattos, este individuo fue condenado en el año 2016 nada menos que por “tres delitos de rapiña consumados” y una “tentativa de rapiña”. En un chat con Gonzalo Larrosa (de paso cabe recordar que este funcionario estuvo algún tiempo desempeñándose en la Jefatura de Salto, y actualmente se desempeñaba como Jefe de Policía de Flores, cargo al que ahora renunció) Pereyra le solicita que José Luis Mattos sea trasladado a otro módulo, a lo que Larrosa le responde que lo analizará para ver si no pone en riesgo la vida del recluso. En tanto Garaza, había sido condenado por “tentativa de homicidio complejo especialmente agravado”. Al parecer, a este último Pereyra no lo nombró explícitamente, pero indicó a Larrosa el número de expediente que lo tiene como imputado.
Según una sentencia a la que pudo acceder y divulgó el diario El Observador días pasados, el delincuente al que Susana Pereyra solicitaba trasladar había tenido un «cruce de miradas» con otros sujetos a los que baleó. En un momento (esto para que entendamos bien de qué tipo de delincuentes estamos hablando), este confiesa: «Fui a mi casa a agarrar un revólver porque estaba caliente…Volví a la casa de ellos y ellos salían supongo a buscarme, frené y les tiré. Habré realizado no sé cuántos tiros, creo que tres tiros como a media cuadra…Tiré en dirección a ellos…Era un (revólver calibre) 38…».
Estimados lectores, creemos que no puede haber más de una opinión respecto a que estamos ante un caso de corrupción grave, porque además, lo decimos una vez más, va contra de las leyes nada más ni nada menos que una legisladora. Una legisladora cuya actitud no puede ser justificada bajo ningún concepto.
Y porque, como si eso no fuera suficiente, hay otro aspecto del que poco hemos escuchado hablar y es el peligro que para la sociedad toda significa lo que estaba solicitando esta diputada. Lo que queremos decir es que pedir beneficios para reclusos con antecedentes penales de tal magnitud, aprovechándose de su posición de poder (tanto por ser legisladora como por ser la esposa del Ministro del Interior de la época), pone en riesgo a la sociedad en su conjunto.
Claro que si quisiéramos agregar una perlita más al collar, podríamos recordar que allá por noviembre del año 2021, un policía perteneciente a la Guardia Republicana que fue arrestado por tráfico de armas, se encontraba prestando funciones (mediante «pase en comisión») en la oficina del Parlamento de esta misma diputada. O que unos años antes incluso, hubo dos periodistas de El Espectador que la acusaron de poner en aviso a integrantes de la “barra brava” de Peñarol que sus teléfonos estaban intervenidos por la Policía.
En definitiva, nos queda la sensación que ya hemos manejado en algunas líneas anteriores y en notas anteriores también, y es que lamentablemente corrupción hubo, habrá y todo parece indicar que seguirá habiendo en las altas esferas del gobierno uruguayo, y de casi todos los gobiernos del mundo también… El que esté libre de pecado…
