Minas, viernes 1º de octubre de 2021
Querida/o: Como se preveía, la interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber, no tuvo consecuencias, por el apoyo de la bancada oficialista. Desde el FA pidieron su renuncia. La interpelación fue por la fuga de un recluso vinculado al narcotráfico, en circunstancias que están lejos de ser claras. Primero se dijo que se fugó por la puerta con un uniforme de guardia, y luego Heber dijo que se fugó por un alambrado roto, algo rechazado por el ministro de Defensa Javier García, responsable de la guardia perimetral de las cárceles. La propia Policía demostró que las ropas presentadas como prueba de su fuga por el alambrado, no habían sido usadas por el fugado. En resumen, no se sabe con certeza cómo se fugó. La interpelante fue la diputada Lucía Etcheverry. Según Heber, hubo 19 fugas carcelarias este año, y 17 fueron recapturados. A las 6 de la mañana del miércoles, luego de una larga noche, se aprobó una moción de la bancada oficialista dando por satisfactorias las respuestas del ministro, y brindándole su respaldo. La Policía incautó un cargamento récord de pasta base de cocaína, de 409 kg, en Artigas.
El empresario narco detenido en relación al caso vive en La Tahona, el mismo barrio privado de Canelones donde tiene su casa el presidente Luis Lacalle Pou. El empresario fue condenado a dos años de prisión. Hay otros 16 detenidos. Y si una mujer intenta entrar un cigarrillo de marihuana en la cárcel le tocan cuatro años, sin posibilidad alguna de reducción de pena. Esto por una nueva ley, incluida en la Ley de Urgente Consideración (LUC), el año pasado. Un despropósito. Gendarmería Argentina incautó en una estancia en Entre Ríos la avioneta utilizada por los narcos, con operaciones en Uruguay, Argentina y Paraguay. 95% de quienes caen presas por intentar ingresar drogas a cárceles son mujeres. Sus penas van de 4 a 15 años de prisión. En un año y medio la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó 60%. Este gobierno comenzó su gestión con 650 mujeres en cárceles, y ahora son 1.038. Y muchas tienen hijos a cargo. Hay casi 60 niñas y niños en cárceles de adultos, la mitad de ellos en una unidad especializada para madres con hijos, en Montevideo. La asociación de Defensores Públicos alerta sobre una “ola de ingresos” de mujeres con hijos a las cárceles, que ya están llenas. El MSP aumentó aforo en fiestas, eventos y espectáculos hasta 75% a partir de octubre, en el caso de que sea para personas inmunizadas. En caso contrario, será de 55%. Según la Sociedad de Medicina Intensiva (SUMI), 80% de los internados en CTI por COVID-19 no están vacunados contra el coronavirus. Sindicato policial denuncia condiciones críticas de las cárceles. Plantean que el sistema lo sostienen “como pueden, los funcionarios, no los políticos”. Es, para el sindicato, un sistema que “enferma” a los trabajadores y genera “más delito, más violencia y más muerte”. Ediles del FA le retiraron la confianza política al presidente de la Junta Departamental de Maldonado. Lo acusan de impedir una discusión en la Junta sobre la entrega de ocho héctareas de tierras públicas a sociedades panameñas. La Intendencia de Maldonado cedió a privados terrenos por unos U$S 5 millones, para desarrollos inmobiliarios aún más millonarios. El presidente de la Junta violó varias veces el reglamento del cuerpo para dificultar o impedir la discusión promovida por el FA. El petróleo está en su máximo desde 2018, pero acá parece que no va a subir. El gobierno decidió no hacer caso a la paramétrica que calcula la URSEA, y que se estrenó hace un par de meses con mucha fanfarria, para determinar las variaciones mensuales en los precios de los combustibles. Para octubre la paramétrica resultaba en un aumento, sobre todo del gasoil, pero no habrá aumentos, gracias a “ganancias extraordinarias” de ANCAP por venta de energía eléctrica. Varios economistas ultraliberales que casi siempre apoyan al gobierno, ahora lo critican por no utilizar el mecanismo que él mismo creó. Dicen las malas lenguas que el gobierno no quiere enojar a la gente con más aumentos de los combustibles -muy por encima de la inflación, en lo que va de gobierno-, intentando no tirarse más gente en contra, pensando en el próximo referéndum. Senadores del FA se presentaron en Fiscalía y denunciaron penalmente al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y a varios altos jerarcas más, por la firma del acuerdo portuario con la empresa belga Katoen Natie. Los acusan de abuso de funciones y otros delitos como ususrpación de funciones, falsificación ideológica y conjunción del interés personal y del público. El acuerdo le brinda a los belgas el virtual monopolio del movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo, hasta el año 2081. Lacalle Pou respaldó a los acusados, diciendo que actuaron bajo su supervisión y responsabilidad. Los denunciantes dicen que, gracias al acuerdo, la empresa belga recibió “beneficios instantáneos” por U$S 1.000 millones, y el Estado uruguayo perjuicios mayores a U$S 2.000 millones. (Un negocio redondo). Sí, pero si es así no es para nosotros me parece, que pagaremos los platos rotos. El alcalde blanco de la localidad de Florencio Sánchez (Colonia) está detenido. Y buena parte de su familia también. Se los acusa de asociación para delinquir y muchas cosas más. El alcalde, su hijo (edil departamental), su hija (concejala) y varios familiares más, al parecer convirtieron a la alcaldía de Florencio Sánchez en un coto de caza personal. Coto de caza de dineros públicos, de canastas, de materiales de construcción, y sobre todo de influencias y clientelismo. Una lista muy larga. Falsificaron documentos electorales, facturas, órdenes de compra. El caso pasó a la Comisión de Ética del Partido Nacional, la misma comisión que trató -sin consecuencias- el caso de extorsión sexual por parte del intendente coloniense, Carlos Moreira, que ahora abrió raudamente una investigación sobre lo ocurrido en Florencio Sánchez. Según el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, lo del alcalde de Florencio Sánchez es “un caso aislado”. Encuesta de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Dos tercios de los funcionarios públicos están insatisfechos con su salario. Una cuarta parte de ellos buscó empleo en el sector privado. 75% está conforme con la tarea que desempeña y 34% no se siente valorado en ella. 32% está satisfecho con su salario y sólo 14% cree que gana lo mismo que otros empleados con tareas similares en otros organismos. 53% no cree que los salarios se distribuyen de manera justa en el sector público. Un especialista del Banco Mundial encontró que los salarios y los ascensos son “áreas débiles” para el país, y que muchos funcionarios observan que hay “decisiones arbitrarias y desiguales”. Más de 275.000 universitarios votaron en las elecciones de la Universidad de la República (UdelaR). Cientos o miles hicieron cola por horas para votar, sin éxito, porque las mesas cerraron sin que pudiesen hacerlo. Hubo un mal cálculo de las mesas necesarias, sobre todo en el interior, y llueven críticas sobre la Corte Electoral. A nivel estudiantil, la FEUU ganó en todos los centros, excepto en Agronomía y Veterinaria, donde la hizo la CGU, identificada con los blancos. Gremios estudiantiles de Secundaria hicieron un paro para defender la diversificación de los bachilleratos, algo que las autoridades pretenden eliminar en una reforma ya anunciada. Robert Silva, presidente del Codicen, anunció que habría un bachillerato básico y común, con la posibilidad de elegir opciones en 6º año. Los estudiantes dicen que la reforma tiene “un claro tinte neoliberal y mercantilizador”. Elsa Capillera saltó a la luz pública hace un par de semanas. Es diputada por Cabildo Abierto (CA) y dijo que prefería no vacunarse contra el COVID-19 porque tenía “inmunidad natural” gracias a su fé cristiana. Capillera informó hace un par de días que se contagió de COVID-19, afortunadamente con síntomas leves. FANCAP, el sindicato de ANCAP, paró el martes por decisión del Ejecutivo de “privatizar la industria cementera”. Anunciaron las fechas para fin de cursos en la educación. Educación Inicial y Primaria terminarán el 21 de diciembre. Ciclo Básico de Secundaria 10 de diciembre, Bachillerato y UTU el 3 de diciembre. El sindicato de maestros dice que “no hay sentido ni justificación pedagógica” para extender el año lectivo. El Frente Amplio (FA) presentó a sus precandidatos a presidente de la coalición, de cara a las elecciones de diciembre. Serán Fernando Pereira, Gonzalo Civila e Ivonne Passada. Encuesta de Factum. En agosto, 61% aprueba gestión de Lacalle Pou y 35% desaprueba.
3% ni fu ni fa y 1% no opina. La aprobación creció 5% respecto a julio. Otra encuesta, de Opción. Aprobación de gestión de Carolina Cosse en Montevideo cayó siete puntos y es de 44%. Para 33% no es ni buena ni mala y 17% dice que es mala o muy mala. La aprobación supera por 27 puntos la desaprobación. Sólo 5% de los votantes del FA califica la gestión de mala o muy mala, contra un tercio de los votantes multicolores. La simpatía hacia Cosse es 7% superior a la que tenía un año atrás. El diputado del FA Gerardo Núñez interpeló al ministro de Defensa Javier García por la compra de dos aviones militares Hércules a España, por U$S 26 millones. Núñez compartió la necesidad de renovar la flota de viejos Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) pero dice que la compra concretada fue ”mala, costosa y sin garantías”. Los aviones son de los años 1975 y 1976, con altos costos por hora de vuelo y por mantenimiento. Y según medios españoles, fueron “jubilados” por la Fuerza Aérea de ese país. Además, Núñez dijo que el gobierno “faltó a la verdad” al brindar información sobre la compra, diciendo que analizó cuatro ofertas, cuando sólo analizó dos. Jurídica del Ministerio de Defensa expresó además preocupación porque el Estado español no brindó ninguna garantía material sobre los aparatos. García le respondió al diputado que “a ser honesto con los dineros públicos no me gana nadie”. Y que por el precio que se pretendía comprar un avión, se compraron dos. Te mando el abrazo de siempre, cuidate.
Juan Antonio Minuano
