La planta de procesamiento de cannabis medicinal de la empresa Boreal, ubicada en Salto, será rematada sin base el próximo 27 de agosto, luego de un fallido intento de venta en bloque en mayo que no atrajo oferentes.
El síndico Carlos López solicitó el remate y el juez de concurso aprobó la solicitud, a pesar de que los abogados del canadiense John Pollesel, el principal inversor de la empresa, preferían intentar una nueva venta en bloque con condiciones modificadas.
Construida a un costo de aproximadamente US$ 15 millones, la planta de cannabis medicinal, la más grande de América Latina, cerró en julio de 2023 tras menos de tres años de operación. Despidió a todos sus trabajadores y se declaró en concurso, lo que llevó a los inversores a presentar una denuncia por estafa contra su representante en Uruguay, Gonzalo Aguiar.
Casi un año después de esta denuncia, se realizó una primera licitación para vender la planta en bloque, pero no hubo interesados. La primera base de la licitación fue de US$ 3,4 millones. “Me sorprendió que no se vendiera. Es una empresa que se puede poner a funcionar levantando una llave. Es la planta más grande de América Latina”, comentó López a El Observador tras el fracaso de la venta. Aunque el remate no tiene base, el síndico indicó que solo el campo costó US$ 800 mil, por lo que espera que el remate no se concrete por menos de US$ 1 millón.
Los trabajadores, que están esperando cobrar los haberes laborales adeudados, apoyan la postura del síndico. El remate será realizado por Vanoli Brun Rematadores, y se pondrán a la venta dos inmuebles y la planta industrial.
La empresa tiene deudas cercanas a los US$ 3 millones, y el objetivo es pagarlas con el dinero obtenido del remate. Los principales acreedores son los proveedores de la construcción de la planta, aunque los trabajadores también esperan recibir sus pagos pendientes.
La denuncia por estafa
John Pollesel y Gonzalo Aguiar se conocieron en Canadá en junio de 2016. Dos años después, el empresario uruguayo propuso a Pollesel una inversión en Uruguay vinculada al cannabis medicinal, aprovechando el auge mundial del negocio. En ese momento, tanto Uruguay como Canadá habían legalizado el cannabis.
Aguiar aseguró estar dispuesto a mudarse a Uruguay por dos años para viabilizar el proyecto, y así lo hizo. Pollesel comenzó a transferirle dinero para la inversión, sumando en total unos US$ 27,5 millones provenientes de él y su entorno cercano.
Aunque parte del dinero se destinó a encaminar el proyecto, incluyendo la compra de un establecimiento y la construcción de la planta inaugurada en septiembre de 2020, varios millones fueron utilizados por Aguiar para comprar bienes suntuosos a su nombre, hacer regalos a familiares de sus relaciones amorosas, viajar lujosamente y otros gastos personales, según la denuncia.
Pollesel visitó la planta en al menos tres ocasiones, la última en enero de 2020 antes de la pandemia, y observó cultivos saludables y una estructura en construcción avanzada. Sin embargo, Aguiar inventó ventas al exterior que nunca se concretaron, ocultó los estados contables y falsificó comprobantes de pago. Incluso solicitó US$ 3,2 millones adicionales alegando la necesidad de establecer una Zona Franca en Bella Unión.
Con el tiempo, la desconfianza creció y la comunicación desde Uruguay se volvió escasa. Tras varios desacuerdos, el 30 de enero de 2023, a pedido de Pollesel, la empresa fue intervenida y los accionistas canadienses presentaron una denuncia por estafa y apropiación indebida.
Aguiar falleció en febrero de este año, asesinado por su expareja, pero la investigación por la presunta estafa continúa contra sus colaboradores. La fiscalía de lavado de activos también está investigando el caso.
Fuente: El Observador
