Cuando la política decide cómo debe vivir la gente

El senador del Frente Amplio Gustavo González impulsa un proyecto de ley que propone eliminar los monoambientes y fijar en 35 metros cuadrados el tamaño mínimo de cualquier vivienda nueva. Según su planteo, vivir en un solo ambiente no sería compatible con una “vivienda digna”, y el Estado debería intervenir para corregir lo que considera una distorsión del mercado inmobiliario.

La propuesta, presentada como una defensa de la dignidad habitacional, en realidad es una intervención abismal de la libertad de la gente. Se trata del socialista planificador diciéndote en cuantos metros cuadrados debes vivir. Es el socialista haciendo propio los criterios de la dignidad habitacional, estableciendo qué es digno y que no. Es reemplazar tu decisión individual por criterios definidos desde el poder. Detrás de una discusión sobre metros cuadrados aparece siempre el destrato y la desconfianza al individuo. El socialista siempre nos mira con aires de superioridad, como si fuéramos niños o infradotados mentales, incapaces de elegir donde y como vivir, que es lo que podemos pagar y que no, a lo que podemos acceder y a lo que no, y entonces aparece ese “salvador” socialista para decidir por nosotros, y decirnos qué es digno para nosotros y que no.

La contradicción es brutal. Mientras crecen los asentamientos de chapa, mientras miles de personas viven en la calle, en condiciones muy precarias o directamente no logran acceder a una vivienda formal, el socialista se preocupa por prohibir los monoambientes.

Parece chiste, ¿no?

En lugar de ampliar opciones para los más vulnerables (siempre es mejor vivir en un monoambiente que en una plaza), la idea que se les ocurre es prohibir una de las pocas alternativas accesibles para los más vulnerables, los jóvenes, estudiantes del interior o quienes recién empiezan a trabajar. Es decir, medidas que se venden como protegiendo dignidad pero que sus efectos y consecuencias implica desproteger a los más vulnerables de la sociedad. Es al revés de lo que te cuentan. Y lo más llamativo es que los monoambientes ni siquiera dominan el mercado: son una tipología minoritaria (alrededor del 6%) dentro del total construido.

La historia ya mostró demasiadas veces cómo terminan estos experimentos de ingeniería social. En distintos países donde el Estado intentó diseñar la vivienda desde arriba —con la promesa de orden, igualdad y dignidad— el resultado fue escasez, uniformidad y pérdida de libertad de elección. El problema nunca fue la intención declarada, sino la arrogancia de creer que la vida de millones puede organizarse como un plano dibujado desde un escritorio.

Y ese es el verdadero corazón del debate: no estamos discutiendo solo paredes y metros cuadrados. Estamos discutiendo si el ciudadano puede decidir cómo vivir según sus posibilidades… o si esa decisión pasa a manos del poder político.

En forma muy sintética paso a detallar los diez impactos que va a tener esta medida en caso de ser aprobada:

1. Encarecimiento inmediato de la vivienda

Obligar a construir unidades más grandes significa aumentar costos. Más metros cuadrados implican más materiales, más inversión y, finalmente, precios más altos para compradores e inquilinos.

2. Menos viviendas disponibles

El suelo urbano no se multiplica por decreto. Si cada unidad debe ser más grande, habrá menos apartamentos por edificio. Menos oferta para la misma demanda termina empujando los precios hacia arriba. Viviendas mas caras para todos.

3. Expulsión de jóvenes y personas solas

El monoambiente es, para muchos, la puerta de entrada a la independencia. Prohibirlo significa cerrar el escalón más bajo del mercado formal y dejar afuera a quienes recién empiezan. Una medidas en contra de los mas vulnerables.

4. Mayor presión sobre el mercado de alquiler

Cuando desaparecen las unidades pequeñas, más personas compiten por apartamentos de uno o dos dormitorios. El resultado es un aumento generalizado de los alquileres.

5. Más informalidad y precariedad

La necesidad de vivienda no desaparece por ley. Si se reducen las opciones legales y accesibles, crecen los alquileres informales, las subdivisiones improvisadas y las soluciones precarias.

6. Desincentivo a la inversión

Cambiar las reglas del juego por criterios ideológicos genera incertidumbre. Cuando la inversión se frena, la construcción cae y el déficit habitacional se agrava.

7. Menor movilidad social y laboral

Las unidades pequeñas permiten vivir cerca del trabajo o del estudio. Sin ellas, muchas personas deberán alejarse del centro, gastar más en transporte y perder oportunidades.

8. Uso ineficiente del suelo urbano

En zonas donde el suelo es caro, las unidades compactas permiten aprovechar mejor la infraestructura existente. Obligar a construir más grande puede empujar la expansión desordenada hacia la periferia.

9. Paternalismo estatal

La medida parte de una idea peligrosa: que el Estado sabe mejor que las personas qué tipo de vivienda necesitan. Se reemplaza la libertad de elección por un estándar impuesto desde arriba.

10. El libreto conocido: más intervención después del problema

Cuando la oferta caiga y los precios suban —porque subirán— aparecerá el discurso de culpar al mercado, al empresario o al “lucro”. El paso siguiente suele ser el control de precios de los alquileres, profundizando la escasez y el deterioro del mercado.

El guion es muy conocido. Ya existen experiencias históricas de este tipo medidas regulatorias de las viviendas, con resultados desastrosos. En Cuba, en la Unión Soviética y en la China de Mao, la vivienda fue tratada como un problema que debía resolverse mediante planificación centralizada. El resultado no fue más libertad ni más acceso, sino escasez, uniformidad y deterioro porque cuando el poder político intenta diseñar la vida cotidiana desde arriba, la realidad termina imponiendo sus límites. Y, aunque parezca increíble, siguen insistiendo con estas ideas, sin aprender nada de la evidencia histórica. Se trata de una regresión absoluta.

El mercado no obliga a nadie a vivir en un monoambiente. Es simplemente una opción más, elegida por quienes priorizan independencia, ubicación o precio. Prohibirla no crea viviendas más dignas; crea menos alternativas.

Al faltar alternativas, los que más sufren no son los políticos que redactan las leyes, sino quienes buscan un lugar posible donde empezar su vida.

La verdadera política de vivienda debería ampliar oportunidades, no eliminarlas. Cuando el Estado empieza a decidir cómo debemos vivir, el problema deja de ser inmobiliario y pasa a ser una cuestión de libertad.