El diputado colorado indicó que la comisión «no llega a las firmas» y que están «sembrando el terreno para echarle la culpa al gobierno»
La Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) emitió un comunicado en el que piden al gobierno cadena nacional de radio y televisión «a los efectos de explicitar claramente a toda la ciudadanía los términos del resguardo sanitario y las razones específicas para que el pueblo decida libremente sobre la vigencia de los 135 artículos de la LUC».
Asimismo, consideran que «es oportuno, justo y necesario para salvaguardar el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos, que se amplié el plazo correspondiente de recolección de firmas». En ese sentido se basan en el principio jurídico de que «al impedido por justa causa no le corren plazos», y «en similitud del corrimiento de la fecha de las elecciones departamentales».
El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani se refirió a este pedido a través de un video en su cuenta de Twitter. En su alocución, que lo hizo a nivel personal y no del partido, Schipani afirma que «no es pertinente el planteo que hace la comisión» por varios motivos.
El primero tiene que ver con lo jurídico, ya que, según Schipani, no se puede modificar un plazo constitucional por ley. «El plazo de un año para presentar el recurso de referéndum contra una ley es constitucional.
Lo jurídico por encima de lo político», señaló. La comisión había indicado en el comunicado que el aumento de casos de COVID los llevó a actuar con «responsabilidad» y ante esta situación «adecuaron la campaña» para no generar aglomeraciones y contagios. En ese sentido, Schipani dijo que los antecedentes de los hechos que se traen a colación «no son de la misma naturaleza».
«Tampoco tiene que ver el antecedente que se invoca porque la naturaleza de los actos es diferente.
Una cosa es una elección departamental obligatoria, el mismo día, en todo el país, en donde se movilizan más de 2.700.000 personas que tienen que concurrir a los lugares de votación, en donde se generan aglomeraciones y suponen un riesgo para la salud pública.
Otra cosa es tener un año para recabar la voluntad individual de las personas a través de la firma de una papeleta. Eso no impone ningún riesgo contra la salud pública. Son actos absolutamente incomparables», indicó.
«Tenían plazo a partir del 9 de julio del año 2020 para recolectar firmas y empezaron a hacerlo seis meses después, el 29 de diciembre, de modo que, por discusiones internas, se comieron la mitad del plazo. Hay ciertamente una responsabilidad de los propios organizadores», añadió.
Finalmente, el representante nacional sostuvo que cuando comenzó la campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) ya estábamos en plena pandemia, de modo que la situación de emergencia «no es un hecho nuevo».
«El fondo del asunto radica en que advierten en que no llegan a las firmas y van sembrando el terreno para echarle la culpa al gobierno de su fracaso de que la ciudadanía en definitiva apoya a esta LUC», concluyó.
