El Senador Guillermo Domenech, Senador de la República por Cabildo Abierto, estuvo esta semana en nuestra ciudad en el marco de la campaña electoral. Lidera la agrupación nacional Columna Lealtad y Unidad, cuya lista al Senado es impulsada hoy en Salto por los candidatos a Diputado Gabriel Rodríguez (Lista 1811) y el recientemente incorporado Mario de los Santos en representación de los exobreros de Salto Grande. En la oportunidad, Domenech fue consultado por EL PUEBLO sobre algunos aspectos que implican el proyecto de reforma constitucional que habilitan los allanamientos nocturnos en hogares por orden del Juez, lo que modifica el artículo 11 vigente de nuestra Constitución que justamente lo prohíbe, que será plebiscitada junto a las elecciones nacionales el próximo domingo 27 de octubre.
– ¿Por qué está de acuerdo con el proyecto de habilitar los allanamientos nocturnos?
– Estamos de acuerdo porque en principio los allanamientos nocturnos hoy día son contemplados en la mayor parte de legislaciones del mundo. Esta disposición constitucional nuestra arranca en la Constitución de 1830 cuando obviamente las circunstancias que se daban en la noche no son las mismas que se dan en la actualidad, no existía luz eléctrica y una serie de ventajas de orden técnico que hoy tenemos y que en aquel momento eran inimaginables. Yo le diría que, obviamente, el allanamiento nocturno de por sí no va a decidir que se le ponga coto a la ola de homicidios que tenemos, por ejemplo, que es lo que más nos preocupa en este momento. No estamos acostumbrados a que en Uruguay haya un sicariato prácticamente instalado y que haya el número de homicidios que hay en la actualidad. Es más, todos tenemos la misma sensación de que estos homicidios están vinculados al consumo y tráfico de droga. Obviamente que no va a ser la medida determinante que le ponga fin a esta cadena de delitos, pero puede contribuir. Es una herramienta más de la que dispondrá el Poder Judicial, y por consiguiente la policía nacional.
– El ex fiscal de Corte Jorge Díaz habría manifestado que no está de acuerdo con habilitar esta herramienta porque la policía no está capacitada para este tipo de maniobras nocturnas y que además, en algunos barrios de Montevideo es peligroso que ingrese la policía de noche.
– Bueno, digamos que lo que estamos haciendo es habilitar una medida que tiene que ser adoptada con todas las precauciones y cuidados del caso. Es de suponer que si la policía hoy no está preparada para los allanamientos nocturnos, lo estará para cuando éstos sean puestos en práctica o la legislación los habilite. Es de suponer que si hoy la policía no tiene el equipamiento necesario, y que probablemente no lo tenga, cuando los allanamientos nocturnos estén habilitados por la legislación nacional, el Estado dotará a la policía nacional de los elementos técnicos necesarios para hacerlos efectivo. En cuanto a las dificultades de efectuarlo en determinados lugares, el allanamiento nocturno si no es posible realizarlo por razones de orden material, estimo que no se va a realizar. Le repito, lo que se está haciendo es habilitar una herramienta, que luego se utilizará si es útil hacerlo y si se dispone de los medios para hacerlo, pero bueno, no pongamos la carreta delante de los bueyes, pongamos la carreta en un lugar que si tenemos los bueyes en condiciones, puedan tirar de la carreta.
– ¿Qué opina de las declaraciones de la candidata a vicepresidente del Frente Amplio, Carolina Cosse, que sostuvo que en caso de ganar las elecciones y que triunfara el plebiscito por los allanamientos nocturnos, no serían aplicados?
– Lo que sucede es que esta medida tiene que ser dispuesta por los jueces, son los jueces los que dispondrán si habrán o no allanamientos nocturnos, no va a ser el Poder Ejecutivo.
– Pero en ese caso quien debería ejecutar la orden del Poder Judicial es justamente el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, de ahí las declaraciones de Cosse.
– Pero en ese caso presumo que se estaría incurriendo en un desacato, y como tal, en responsabilidad no solo política sino penal, eso sería muy grave si sucediera una cosa de ese estilo. Es obvio que estas medidas tienen que ser dispuestas por el Poder Judicial, a pedido del Fiscal o por disposición del Juez. Y los Fiscales además, tienen independencia técnica, o sea que se supone que la Presidencia de la República no le baja órdenes a la Fiscalía.