La Constitución de la República – para nosotros la más sabia de las decisiones legislativas efectuada en el país- en su artículo 29 establece con claridad meridiana la libertad de opinión “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. En un caso reciente, en el que se investigaba una presunta violación grupal a una joven mujer denunciante del hecho, hubo una acentuada polémica porque la fiscal pidió y la jueza autorizó los allanamientos de la radio emisora de un video sobre el caso (hasta el momento creíamos que los video de imágenes sólo eran difundibles, por otros medios y no por radio) y también el allanamiento a la casa del periodista y la requisa de su celular para saber quién le había enviado el video de referencia, cuando se había determinado que no se proporcionaría información sobre el caso mientras estuviera en marcha la investigación correspondiente. Al respecto debe aclararse que más allá de que nos guste o no, ciertos medios periodísticos, y ciertos periodistas, la Ley 16.099 es muy clara en el tema y resulta muy celosa del derecho de los periodistas a guardarse sus fuentes, salvo determinadas excepciones, ninguna de los cuales estaba en juego en este caso. Es una de las bases de nuestra democracia y por lo tanto consideramos que tanto quienes integran la Fiscalía General de la Nación, como los jueces que componen el Poder Judicial en todas sus ramas, deben ser muy cuidadosos de la ley en este sentido. En concreto, creemos que se cometió un error inadmisible, impropio del poder judicial de nuestro país. A la prueba está que luego de los fallidos intentos de allanamientos, se dejó sin efecto la orden judicial y el propio Fiscal General de la Nación tuvo que salir a dar explicaciones, porque indudablemente se había cometido un grueso error. Ahora bien para nosotros las cosas no debieran quedar allí. En primer lugar quien pidió los allanamientos demostró un desconocimiento inexplicable de las leyes y debería de ser reprendida como corresponde. En segundo lugar no nos sirven las “explicaciones” de fiscalía. Creemos que el Poder Judicial tiene un órgano máximo en el país y habiendo una jueza cometido tamaña anormalidad, creemos necesario escuchar una explicación y sobre todo saber que medidas se habrán de tomar para que no vuelva a suceder. No estamos pidiendo que se obre al grito. Estamos resguardando uno de los valores esenciales de nuestro sistema como es la libertad de expresión.
Alberto Rodríguez Díaz
