El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi, ratificó el jueves la necesidad de aumentar las clases presenciales en las escuelas públicas, algo que viene siendo reclamado por los padres de esos alumnos hace meses.
Radi aseguró que hay evidencia acumulada de que los niños de hasta doce años se enferman menos que los adultos y tienen poca capacidad de transmisión de COVID-19. El experto dijo que reducir la distancia entre los alumnos de un metro y medio a un metro no incrementará significativamente el riesgo de contagios. En otro momento de su intervención en la conferencia de prensa, Radi agregó que en aquellos centros educativos en los que no se pueda cumplir con las medidas mínimas, se deberá reforzar la ventilación, el uso de mascarillas, enfatizar en lo que tiene que ver con la higiene y en las actividades al aire libre «Si estamos esperando que alguien nos diga que el riesgo es cero, entonces nunca vamos a abrir una escuela, nunca va a ir gente a una cancha de basquetbol. Eso no existe. Ese riesgo tiene que ser asumido por toda la sociedad y autogestionado por toda la sociedad», dijo.
La recomendación del GACH va en línea con el planteo que han puesto arriba de la mesa desde el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, quienes esta semana solicitaron una reunión al presidente Luis Lacalle Pou, para intercambiar sobre posibles soluciones que permitan el incremento de las clases presenciales que expectativa tienen.
A ese respecto, en el programa En Perspectiva, emitido por Radiomundo, se entrevistó a Natalia Cámara, vocera de Familias Organizadas.
«Hace tiempo que en Familias Organizadas de la Escuela Pública venimos poniendo en los medios de comunicación, en la opinión pública, el tema de la presencialidad plena. Ya desde el mes de agosto e inclusive antes, mayo, ya el GACH había pedido recomendaciones a equipos de pediatras y a la Asociación de Pediatría sobre y la dificultad y el daño que se está ocasionando los niños y las niñas al no ir a la escuela», dijo Cámara.
«Nosotros hemos hecho algunos relevamientos internos, para obtener un cierto panorama sobre todo en las escuelas de Montevideo y Canelones, y hemos llegado a algunos números alarmantes. Los niños han podido ir solamente el 40% de las clases, perdiendo, en el caso de las de las escuelas de tiempo común, de cuatro horas de veinte horas semanales, siendo en un promedio de ocho horas semanales», enumeró, calificando como «significativa» la pérdida de clases.
Pese a que el pasado 13 de octubre se decretó la obligatoriedad, interrumpida el 14 de marzo. Sin embargo, desde Familias se entiende que esto no basta.
«No hay obligatoriedad sin una presencialidad plena, no es suficiente», sostuvo la portavoz. «Las familias lo estamos viviendo este en carne propia, pero también los especialistas han planteado las brechas que se vienen generando entre las escuelas de quintil 5, de contextos socioeconómicos más favorables, respecto a las escuelas de contextos económicos más desfavorables», una desigualdad que se viene generando «porque las escuelas están cerradas. Ir dos veces por semana a la escuela es decir que la escuela está cerrada. Ir obligatoriamente a la escuela dos veces a la semana no implica que la escuela es obligatoria», porque «muchas veces hay situaciones familiares donde llevar a los niños dos veces por semana, con todo lo que implica en la dinámica familiar, muchas veces teniendo hermanos en la Educación Media, que también tienen un sistema de días asignados» y que lleva a las familias «a tomar la decisión de dejarlos en casa».
Asimismo, se debe considerar «el temor que persiste en muchas de las familias» por la pandemia, que hace que no manden a los niños a la escuela. «La obligatoriedad en este contexto no resuelve el garantizar el derecho a la educación. Por eso nosotros decimos que no hay obligatoriedad sin presencialidad plena. Los niños tienen que ir a la escuela todos los días de lunes a viernes. Todos los niños, todos los días».
Cámara recuerda que «los ejemplos internacionales te dan cuenta de ello. En Francia, en Alemania, en España se han interrumpido una cantidad de actividades. Sin embargo, hay una prioridad en que los centros educativos permanezcan abiertos», algo para lo que entiende «falta una definición política» en nuestro país.
Posteriormente, Cámara se refirió a la estrategia de «gestión de riesgo» propuesta por el MSP, que implica por ejemplo, que si no se puede mantener necesariamente la distancia que se aconseja, promover más las otras medidas, como la ventilación de los salones, la posibilidad de hacer actividades al aire libre. Etcétera. Este tipo de decisiones quedarían en manos de los directores de los centros educativos.
«Eso nosotros lo vemos también como una dificultad. Está claro que, como decía Radi, la sociedad debe gestionar el riesgo, pero me parece que no hay que confundir, porque la última responsabilidad en el ejercicio del derecho a la educación la tiene el Estado, la tiene el Gobierno Nacional», por tanto «no está bien trasladar la responsabilidad última a un director de escuela. Por supuesto que es importante conocer las realidades locales, los territorios, las escuelas», que es precisamente lo que argumenta el gobierno, diciendo apostar por la autonomía de cada institución.
«Eso está muy bien, y me parece que habla de la posibilidad de hacer las cosas a medida. Pero una cosa es hacer las cosas a medida y otra cosa es trasladar la responsabilidad de la vuelta a la escuela y la obligatoriedad de lunes a viernes en presencialidad plena, a un director, porque ¿quién asume los riesgos? Preguntó.
«Es importante que los riesgos los asuma el gobierno de la Educación, la autoridad de la educación (. . . ) es peligroso poner esa definición en un director de un centro educativo, porque hay distintas realidades a nivel del país», expresó.
«Lo vemos con mucha preocupación porque entendemos que la orientación de la política educativa la da el Gobierno Nacional, la da el Estado. Después, todo lo que tenga que ver con el ajuste de esa implementación a cada realidad y cada comunidad educativa, es totalmente compartible. Eso también lo han manejado los docentes», recordó.
«Estamos en una situación que necesitamos adaptar la situación a la comunidad educativa, pero de ninguna manera la responsabilidad en el ejercicio del derecho a la educación puede quedar en un director de escuela», insistió.
Además del reclamo de una decisión política, la carta remitida al presidente expresa que «la pandemia es una situación excepcional en Uruguay y en el mundo y requiere de medidas excepcionales. Vemos con preocupación que si bien se han tomado medidas excepcionales para aportar a sectores productivos, a la salud, al entramado social, no ha habido ni una sola conferencia de prensa donde se exponga un paquete de medidas orientadas a la educación». Por eso, también hay un reclamo de atención desde el punto de vista de los recursos.
«Sabemos que en este momento en el Parlamento se está definiendo el presupuesto nacional y hay un abatimiento en varios sectores» y que en materia de recursos, sabemos lo que pidió la Anep y lo asignado, que es mucho menor». Además, la situación de pandemia «ha generado una situación de retraso en lo educativo, en los niños que están desvinculado del sistema educativo y que se manejan cifras de 4.200 niños que no han ido en todo el año a la escuela», apuntó.
«Evidentemente, esas situaciones requieren de recursos excepcionales, porque esos niños, sobre todo de los de los barrios donde la donde las brechas se han profundizado, requieren que la autoridad educativa de una respuesta clara, eso tiene que ver con horas docentes, con posibilidades de que el sistema responsabilice por la vuelta de esos niños».
