La posición oficial sostiene que el hecho de la detención del jefe de la Guardia personal del presidente de la República no afectó, ni afectará el prestigio del país.
Se sostiene que el hecho demostró que tengas el cargo que tengas en el gobierno nacional, estarás siempre sometido a la Justicia.
Vale decir tendrás los mismos derechos y la misma responsabilidad que cualquier otro ciudadano.
Esto es ver la mitad del vaso medio lleno y es también verlo como nos interesa verlo. La otra mitad es ver la permeabilidad de un sistema que ha permitido que una persona con los antecedentes que se le asignan, que incluso ha estado preso, es elegido para ocupar un alto cargo en el gobierno.
Lo dijimos en su momento y lo reiteramos hoy. Más allá de toda hipótesis deja claro que confiar a rajatablas en una persona, sin fijarse incluso en sus antecedentes no es lo aconsejable, porque deja la puerta abierta a gente que se enquista allí para delinquir escudados en el prestigio que pueda darle una función tan cercana al presidente.
No apuntamos al presidente la República, de quien, pese a todas las discrepancias, creemos que se trata de una persona honesta y si hubiera tenido cabal conocimiento de todos los antecedentes de la persona en cuestión, estamos seguros de que no hubiera aprobado esta designación.
Nos han preguntado si consideramos que el hecho es favorable o desfavorable para el Uruguay y para nosotros la cuestión es contundente, queda claro que el narcotráfico es capaz de horadar cualquier sistema, corrompiendo a la autoridad más confiable. Para ello dispone de miles de dólares. Y mal que nos pese, ha logrado contaminar y servirse en muchos aspectos del mismo sistema uruguayo.
Pero además debemos asumir que más allá de la soberbia que implica el mando, hay que admitir que el sistema actual tiene fallas y por lo tanto al momento de elegir a la persona para un cargo se hace imprescindible mirar más allá de los organismos encargados de aconsejar y de opinar en cada caso.
El daño más grande es el que se lo ha hecho y se lo hace a la credibilidad del país. Cuando se afirma que en el Uruguay estas cosas nos son posibles, hay que saber que veracidad, o que cosas prueban, esta afirmación.
En caso contrario son sólo palabras y corremos el riesgo de convertirnos en el “hazmerreir” de todos.
Es necesario demostrar que verdaderamente los controles controlan y que a su vez las mafias o “roscas” no tienen posibilidades reales de instalarse en el Uruguay.
A.R.D.
