Venezuela está entre las economías más pobres de la región, con casi un 80% de sus ciudadanos viviendo en la pobreza extrema. Para los organismos multilaterales, sin embargo, la asfixiada Venezuela de Nicolás Maduro es una nación de ingresos medios-altos, ya que no actualiza sus cifras macroeconómicas desde 2014, cuando reportó ingresos per cápita por 13.080 dólares.
Por esta razón el país ingresó en el mecanismo Covax, una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y la Alianza Global para las Vacunas (GAVI) para garantizar el acceso de las vacunas anticovid a los países en desarrollo, bajo la figura del autofinanciamiento y no del subsidio, como lo hacen los países de bajos ingresos. El resultado es que debe pagar por las vacunas y estas no llegan.
La distribución de los países entre las dos vías de acceso al Covax (autofinanciado o subsidiado a través de las donaciones de los países más ricos) está basada en los datos de ingresos brutos per cápita que manejaba el Banco Mundial para 2019. Venezuela, con las cifras de 2014, figura como un país de altos ingresos, por lo que se queda fuera de la lista de 92 países que pueden recibir inmunizaciones de forma gratuita como Haití, Honduras o El Salvador. La nación petrolera ha contraído su PIB a menos de un tercio en los últimos siete años, la producción de crudo está en sus mínimos y los ciudadanos hacen pulso inútilmente contra la hiperinflación en medio de una crisis humanitaria que hace estragos desde hace años.
La clasificación del Covax es más que un matiz en medio de la escasez de vacunas y la grave crisis sanitaria que vive el país. «Hay un aspecto poco discutido en torno al acceso al mecanismo Covax. Está pensado para atender a países de ingresos altos o medios, países ricos, y en una especie de subsidio cruzado permite el acceso a una parte de las vacunas que necesitan estos países de altos ingresos y financia la cobertura a los países más pobres», explica Omar Zambrano, economista jefe de la firma Anova Policy y senior del Banco Interamericano de Desarrollo. «Venezuela ha sido un país de ingreso medio-alto. El derrumbe económico de estos años, sin embargo, no tiene asiento en las cuentas oficiales porque el Gobierno de Maduro desde hace mucho tiempo no publica las cifras económicas y sociales del país, ni ha atendido al poder Legislativo, y (desde hace cinco años) ni siquiera ha presentado una Ley de Presupuesto», añade.
El país también ha cortado relaciones con los organismos multilaterales, lo que le dificulta el acceso a créditos y préstamos. La economía venezolana, tradicionalmente la quinta en tamaño de América Latina con un PIB per cápita de 12.000 dólares, tiene en este momento un tamaño similar al de naciones como Honduras o El Salvador, de 1.500 dólares per cápita, destaca Zambrano. Venezuela sigue apareciendo como un país rico, aunque ya no lo es.
Esta distorsión también se dio en torno a la emergencia humanitaria denunciada por las ONG desde 2014, decretada por la Asamblea Nacional controlada por la oposición en 2016 y reconocida por el Gobierno de Maduro en 2019, cuando finalmente se permitió el ingreso de personal humanitario de Naciones Unidas al país para brindar atención a los más vulnerables de los 9,3 millones de venezolanos que requieren asistencia, según la agencia de asuntos humanitarios.
Maduro ha controlado el timón de la discusión sobre el Covax en Venezuela. Inicialmente dijo que por las sanciones de Washington no tenía recursos para comprar vacunas. Luego, cuando en febrero se constituyó una Mesa Técnica Nacional de Vacunas con miembros de la oposición, rechazó la importación de dosis de AstraZeneca, que serían pagadas con parte del dinero que Estados Unidos había congelado al Gobierno venezolano. La excusa fueron las primeras informaciones de trombos registrados en Europa. Por otras vías de las que no ha informado, Maduro logró recursos para pagar las vacunas del Covax con la posibilidad incluso de escoger la marca. «No necesitamos mendigar vacunas», dijo el mandatario.
Sin embargo, a principios de junio, GAVI alertó de que el Gobierno todavía tenía que saldar una parte de los 120 millones de dólares que costaría la compra de Venezuela y que cuatro transacciones habían sido bloqueadas por los bancos y puestas bajo investigación. El Gobierno achaca desde entonces a las sanciones de Estados Unidos la imposibilidad de comprar vacunas. Fuera del debate ha quedado el hecho de que el país podría haber accedido de forma gratuita a 12 millones de vacunas, para cubrir el 20% de su población, si el Gobierno hubiese cumplido con sus obligaciones de transparencia.
Estados Unidos dejó a Venezuela fuera de la lista de países que recibirán donaciones de sus excedentes de vacunas, precisamente por la opacidad del Gobierno. Pero a la vez, la Administración de Biden, que ahora junto a la Unión Europea se muestra proclive a un levantamiento de sanciones atado a un compromiso de elecciones libres y justas, emitió el 16 de junio una licencia específica que exonera de sanciones las transacciones que haga el Gobierno de Maduro relacionadas con la covid-19, aunque las compras de medicinas y alimentos ya estaban exceptuadas. Esta ha sido la primera señal de flexibilización de la presión internacional que hay sobre Caracas y una respuesta a las acusaciones sobre la responsabilidad de Washington en la demora de la llegada de las vacunas a Venezuela.
