Uruguay dispuso excepciones a la exigencia de cobertura de salud o seguro médico que había establecido para todos los extranjeros que pretendan ingresar al país por cualquier medio aéreo, marítimo o terrestre, independientemente de la causa por la que viajen.
En un nuevo decreto, firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el lunes pasado, el Poder Ejecutivo dispuso que quedarán exentas de la obligación tanto las personas amparadas en la ley de refugiados del país como las que tengan «situaciones debidamente justificadas de reunificación familiar o humanitarias».
En la primera excepción cada situación será analizada particularmente, en tanto la segunda aplicará para toda reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos e hijos solteros menores o mayores con discapacidad y para casos humanitarios gestionados a través de la Cancillería.
Con estas excepciones al decreto rubricado el pasado 16 de febrero, en el que también se derogaron las exigencias sanitarias de ingreso al territorio uruguayo dictadas «en el marco o como consecuencia» de la emergencia sanitaria de la covid-19, el Gobierno atendió reclamos apoyados incluso por miembros del gabinete.
El ministro de Turismo, Tabaré Viera, declaró a la prensa que si bien es «conveniente» que los turistas cuenten con seguro de salud, su preferencia fue que se eliminara esta exigencia a los extranjeros porque «cuantos menos requisitos, mejor para el turista».
En la misma línea se expresó luego de conocido el primer decreto al periódico local La diaria el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien dijo que impulsaría agregar excepciones a la medida para facilitar el ingreso de turistas, camioneros o refugiados al país.
En agosto de 2022, un decreto ya dejó sin efecto la exigencia de completar una declaración jurada al entrar a Uruguay dispuesta a raíz de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, producida en el país el 13 de marzo de 2020.
Previo al decreto del 16 de febrero, al no haber exigencia, los extranjeros que sufrían un problema sanitario en Uruguay y no contaban con seguro o cobertura se atendían en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
