La presencia de Salto en la Expo constituye una oportunidad de mostrar las fortalezas productivas, turísticas y culturales de un departamento con enorme potencial. Sin embargo, detrás del brillo de los stands y la promoción institucional, persiste una realidad cargada de incertidumbre: la fragilidad de la economía fronteriza, los vaivenes del dólar en Argentina y la presión impositiva que recae sobre sectores estratégicos.
El encarecimiento del combustible, con un IMESI que se mantiene en un 32% sobre las naftas, sigue siendo un punto de conflicto para los departamentos limítrofes. Mientras en Argentina los precios fluctúan de manera desordenada pero resultan más bajos, en Uruguay las cargas fiscales convierten al combustible en un factor de desigualdad y desventaja competitiva para trabajadores y empresarios del litoral. Cabe preguntarse: ¿hasta cuándo el esquema tributario mantendrá esta rigidez, castigando a quienes sostienen la actividad formal?
A esto se suma el aumento del dólar, que encarece insumos, afecta la canasta de los hogares y golpea con particular fuerza a un departamento como Salto, donde la tasa de desempleo supera los promedios nacionales. La llamada economía de frontera, con su comercio intermitente y dependencia de la coyuntura argentina, convierte a la población en rehén de decisiones externas.
La respuesta no puede ser únicamente el lamento. Desde una visión batllista, el camino debe orientarse a generar empleo digno, seguridad social y una gobernanza eficiente. José Batlle y Ordóñez sostenía que “el Estado no es un mero espectador: debe intervenir para que la riqueza se reparta con justicia y para que nadie quede al margen del progreso”. En esa línea, proyectos que fortalezcan el turismo termal, la innovación agroindustrial y la cooperación con ciudades fronterizas pueden marcar la diferencia.
El debate sobre las fronteras no es nuevo. Se han planteado propuestas de zonas económicas especiales, beneficios tributarios para las empresas radicadas en el litoral, así como planes de infraestructura que mejoren la conectividad con Argentina y Brasil. Aunque muchos han quedado truncos o en etapa de diseño, la dirección parece clara: reconocer que la frontera no puede ser tratada igual que Montevideo, porque sus realidades son radicalmente distintas.
En este marco surge la política del llamado “0 kilo” en los pasos de frontera. Como académico y abogado sostengo que se trata de una medida ilegal, que resulta ilegítima y de difícil sostenibilidad en el plano social y en los procesos aduaneros ingresados en Salto. La jurisprudencia y la doctrina comparada indican que las normas deben estar en armonía con la realidad de los ciudadanos para ser efectivas; imponer un régimen de prohibición absoluta en comunidades donde el intercambio transfronterizo es parte esencial de la vida cotidiana genera más tensiones que soluciones. Me pregunto, entonces, ¿hasta cuándo podrá respetarse un “0 kilo” que, aunque válido jurídicamente, carece de aceptación social y de alternativas económicas reales para quienes habitan la frontera? Y cuidado con el crecimiento del contrabando y las medidas que no se cumplen en un par de centros que parecen territorio ajeno a Salto y a la normativa nacional vigente y que cada uno saque conclusiones, pero preocupa.
Al mismo tiempo, la Intendencia de Salto ha impulsado acciones positivas para sostener las actividades turísticas, como la apertura de Daymán los días miércoles y la posibilidad de abonar las entradas con efectivo, medidas que facilitan la llegada de visitantes y dinamizan la economía local. Sin embargo, estas políticas deben ir acompañadas de una estrategia firme en materia de seguridad. Las últimas rapiñas registradas en la ciudad de Salto han dañado la imagen construida durante la gestión del ex Jefe de Policía Carlos Ayuto, cuando se destacó un mayor control y orden en los centros termales y en nuestra ciudad. El turismo es uno de los motores de Salto y, como tal, requiere un delicado equilibrio entre promoción y seguridad. Sin confianza en la tranquilidad del destino, difícilmente los esfuerzos promocionales logren consolidar un flujo estable de visitantes.
La gobernanza moderna requiere atender simultáneamente empleo y seguridad. La crisis social y la falta de oportunidades laborales no solo reducen el bienestar, sino que también generan condiciones para la inseguridad. Batlle advertía que “los derechos del trabajador son también los derechos del ciudadano: sin pan y sin trabajo no hay democracia sólida”. Esa reflexión, trasladada a 2025, es más vigente que nunca.
El desafío de Salto es importante: proyectarse en ferias y exposiciones como territorio de oportunidades, pero a la vez exigir políticas diferenciales que contemplen la frontera como una zona de innovación fiscal y laboral. Solo así podrá superarse la paradoja de un departamento rico en recursos, pero empobrecido en empleo y expectativas. Como recordaba José Batlle y Ordóñez, “la grandeza de un país no está en su territorio ni en sus riquezas, sino en la justicia que reparte entre sus hijos”. Esa es la brújula que Salto y el Uruguay necesitan recuperar para enfrentar los desafíos del presente y comenzar a soñar un mejor futuro.
