De acuerdo a información proporcionada por Guillermo Goyenola a ELPUEBLO el gobierno estudia la construcción de una nueva planta de potabilización y toma de agua en el Río de la Plata, posiblemente en la localidad de Arazatí, San José.
Este proyecto denominado Neptuno, podría aportar un equivalente al 30% del volumen de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.
El objetivo de este documento es hacer llegar a la comunidad el resultado de una reflexión profunda y general basada en el conocimiento científico sobre el estado de nuestros ecosistemas acuáticos y su uso como fuentes de agua potable. El análisis se construye sobre el entendido de que la situación global de las aguas en Uruguay tiene una relevancia estratégica para el Estado. Cabe consignar que desde nuestro rol como científicos dedicados al análisis de los ecosistemas acuáticos no nos corresponde analizar aspectos políticos vinculados a la temática.
En términos comparativos puede aceptarse que Uruguay tiene abundancia de recursos dulceacuícolas. No obstante, hay momentos en que la demanda de agua potable ha sido superior a la oferta. Los problemas de oferta existen por un desacoplamiento temporal entre la disponibilidad del recurso y la demanda de uso, y por la degradación de los ecosistemas y la calidad de agua.
La crisis hidrosocial es una realidad instalada. El país puede contar varios conflictos sociales y políticos en los últimos años derivados de las consecuencias de la contaminación del agua en el suministro de agua potable a los hogares. Los principales eventos incluyen todas las mayores fuentes de agua: la crisis del sistema metropolitano, el de Costa de Oro, Canelones y el sistema Laguna del Sauce que alimenta la mayor parte de la población de Maldondo.
El detrimento en la calidad de agua de las playas del Río Negro, Uruguay, de la Plata y el océano Atlántico, ha ido en franco aumento afectando el turismo y el esparcimiento, alcanzando su mayor magnitud durante la floración de verano de 2019 . La crisis hidro-ambiental es una realidad instalada. La degradación de la calidad del agua es muy acentuada en amplios sectores de valor estratégico del territorio, incluyendo al Río Santa Lucía. De acuerdo con los datos publicados en el Observatorio Ambiental Nacional, los niveles de fósforo total del Río Santa Lucía exceden decenas de veces los niveles establecidos en la normativa, resultando significativamente mayores que los de todas las demás cuencas interiores monitoreadas por el Ministerio de Ambiente (Río Cuareim, Cuenca de Laguna Merín, Río Negro, Río San Salvador y curso principal del Río Uruguay). Esto es particularmente serio ya que, aún si las actividades que provocan esta situación mantuvieran las prácticas actuales, la degradación de la calidad del agua va a aumentar debido al cambio climático, como muestra amplia evidencia nacional e internacional .
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
Las relaciones causales de las problemáticas ambientales están clara y científicamente establecidas. La deficiencia en el saneamiento y tratamiento de efluentes, y las prácticas imperantes de producción agro-pecuaria altamente demandante de insumos, son causas de la problemática ambiental vinculada al agua. Por sí sola, cualquiera de las actividades referidas, es capaz de generar problemas de calidad ambiental y de agua, por lo que toda estrategia dirigida a la solución del problema debe tener múltiples focos y aproximaciones. Sobre los impactos de estas actividades actúa el cambio climático, agravando la problemática.
Las actividades agro-productivas impactan directamente al ambiente y al agua en particular, como también generan consecuencias no deseadas en etapas posteriores de industrialización. Conociendo el nivel de impacto sobre los sistemas acuáticos de las prácticas productivas predominantes, es posible concluir cuáles serán las consecuencias ambientales negativas de un proyecto de aumento significativo de la producción de alimentos a escala nacional (OPP 2022). Encontrar el compromiso adecuado entre la producción de alimentos y la generación de divisas, por un lado, y la conservación de los ecosistemas y disponer de agua adecuada para potabilizar, por otro, es uno de los mayores retos que enfrenta nuestra sociedad actualmente.
La presión por extracción para potabilización provoca un impacto ambiental significativo. La crisis en algunos sectores del territorio ha llevado al organismo encargado de dar agua potable a verse forzado a realizar prácticas que degradan fuertemente la calidad ambiental de los sistemas fuente, incrementando la magnitud del problema en una lógica de círculo vicioso. Entre estas prácticas se encuentran los trasvases entre cuencas, el incremento en la retención de agua por construcción de embalses (OSE 2022), las propuestas de intervención con biocidas en las fuentes de agua y, por último, la posible introducción de peces exóticos invasores. De acuerdo con décadas de conocimiento generado a nivel internacional, tenemos certeza de que estas “soluciones” repercutirán negativamente sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas en el presente y a futuro, disminuyendo la calidad ambiental, la biodiversidad, la calidad de agua y generando sobrecostos en los procesos de potabilización. Adicionalmente, salvo en momentos de carencia crítica como en sequías, no se han establecido incentivos para la disminución del consumo innecesario del agua potable, tanto por individuos como por grandes consumidores, lo que no aporta a un modelo de uso sustentable y compromete a los ecosistemas fuente.
A pesar del cúmulo de evidencia y diagnósticos, el sistema de gestión no ha sido capaz de transitar cambios significativos hacia la mejora de la calidad ambiental y la calidad de agua. Resulta imprescindible lograr promover y aplicar medidas para detener el deterioro, y recuperar definitivamente la calidad ambiental perdida. Para este objetivo, el rol del Estado es indiscutible. Las estrategias deben ser repensadas y profundizadas tanto como sea necesario para obtener los objetivos ambientales consensuados socialmente y plasmados en la legislación vigente.
