Una de las condiciones exigidas por el partido Cabildo Abierto, según trascendió en los últimos tiempos para aprobar el proyecto de Seguridad Social, requería que el gobierno comprometiera su intención de otorgar prisión domiciliaria a todos los reclusos de más de 65 años, incluidos los que se hallan en esta condición por delitos de lesa humanidad, los que no caducan nunca.
Felizmente la realidad pareció desmentir esta exigencia.
Cabildo Abierto aprobó el proyecto de la seguridad social al igual que el resto de la coalición de gobierno y ahora todo indica que es el pueblo en referendo quien decidirá.
A pesar de que en estas columnas lo hemos expresado más de una vez, y no nos gusta ver a los ancianos privados de su libertad, es un uno de los aspectos que entendemos innegociable y cuyo costo, agotadas las posibilidades de diálogo debe afrontarse sea, cual sean.
Consideramos que esta exigencia es contraproducente en primer lugar porque sería inmiscuirse por parte del Poder Legislativo en el campo de otro poder del Estado, el Poder Judicial. Si es una pena justa debe cumplirse, si está de acuerdo con lo que establece la ley y ha sido fijada conforme a ella. Es una sanción que debe cumplirse.
Cuando estas disposiciones fueron violentadas y desconocidas, los infractores sabían a qué se exponían y por lo tanto la única forma de que se respete la ley es haciéndola cumplir.
No nos parece justo fijar como edad mínima para que el trabajador se jubile los 65 años (y nunca con el último sueldo íntegro), mientras haya personas que se jubilan con mucho menos edad y el sueldo correspondiente a un par de escalafones superiores.
No nos parece justo, que se considere adecuada la edad mínima para jubilarse igual a la que se fija para no estar en la cárcel, sino en casa, sea cual sea el delito cometido.
Mal que les pese a mucha gente, pero esto tiene para nosotros un tufillo a extorsión, porque en otras condiciones no se plantearían. Habla muy mal de quienes así piensan, porque si consideran que las personas que están en la cárcel (en condiciones especiales), han sido víctimas injustas deberían de plantearlo en otros ámbitos.
Para nosotros esto desnuda una peligrosa forma de pensar donde se minimizan los derechos de los demás, para de alguna manera “justificar” su avasallamiento.
Para nosotros la ley debe ser respetada por todos y sólo será justa cuando trate a todos los uruguayos, independiente de su profesión o de su jerarquía social, por igual. Todos debemos saber que la voluntad de la mayoría de los uruguayos ha sido esta y solo resta acatarla.
