Una auditoría sobre la gestión anterior en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) detectó que US$ 5,5 millones del organismo fueron distribuidos entre organizaciones a las que pertenecen integrantes de su directorio. Se detallan además una serie de graves irregularidades. Los hechos denunciados corresponden a los años 2017, 2018 y 2019.
Las decisiones fueron tomadas sin un previo informe técnico independiente, ni se evaluó que esos acuerdos fueran necesarios, señala el informe de la Auditoría Interna de la Nación.
En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres dijo este lunes que «la auditoría dijo que hay irregularidades y ahora se va a estudiar si estas irregularidades implican alguna responsabilidad».
Mieres aseguró que ahora «hay procedimientos que van a asegurar que los proyectos nuevos sean evaluados sobre su pertinencia, y van a ser monitoreados de forma permanente y controlados los gastos».
El INEFOP funciona dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad y entre sus cometidos está la capacitación y la reconversión laboral en sectores vulnerables. Fue creado en 2008, y su integración es tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores. Se financia con un porcentaje del sueldo de los trabajadores y aportes de los empresarios.
El informe final de la auditoría detalla que «se comprobó la ausencia de coordinación entre aéreas, debilidad o nulidad de controles, falta de rendiciones de cuentas, y gastos observados por las dependencias técnicas».
«Las decisiones de directorio se tomaron a pesar de estas advertencias», agrega la auditoría. Tampoco hubo evaluación final de los convenios suscritos.
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