Los delegados de Nacional y Saladero coincidieron en que «algo hay que hacer», mientras el representante de Ceibal se sumaría a la legión, «para que pueda modificarse y no se cumpla».
-Todo referido a una de las leyes que fue instrumentada desde la Secretaría del Deporte, teniendo como aliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Organización de Fútbol del Interior y la Asociación de Directores Técnicos: a partir del 1º de setiembre del año 2023 exigir la Licencia B para ejercer la función-.
Se trata de un fin abarcador y que tiende a jerarquizar los mandos técnicos, sea la divisional que sea o la categoría que fuese. El efecto de la ley a esos efectos es real. Y difícilmente puede dejarse sin efecto a través de una nota de rechazo de una Liga, o de una confederación. Porque además en este caso, LA PROPIA OFI AMPARÓ LA INICIATIVA DE CUATRO AÑOS ATRÁS.
Es obvio que «no hay peor gestión que la que no se hace», pero también es cierto que a algo más de un mes de aplicarse la normativa, todo parece cuesta arriba, porque los actores que hacen al fútbol a nivel país, están convencidos de esa necesidad.
«ESTAMOS HABLANDO DE
UNA NORMATIVA APROBADA»
A su vez, una duda se clava como aguijón: en esa nota a elevarse, ¿qué argumentos pueden plantearse cuando bien que se sabía la nueva situación a generarse en torno a los técnicos?
En la pasada sesión del Consejo Superior, el neutral Rodoldo Galluzzo, reflejó su sorpresa por la actitud de algunos delegados, «pero si hay que convocar a dirigentes de la asociación de técnicos en Salto, para que expliquen lo que todos sabemos, los convocamos y punto. Pero a esta altura, ¿qué garantía podemos tener que esto se cambie, si estamos hablando de una normativa aprobada?»
-ELEAZAR JOSÉ SILVA-
