Ese plan fue construido y llevado al conocimiento del presidente de la República (por aquel entonces Bolsonaro), que lo aceptó. El plan preveía la muerte de los implicados, por medios como explosivos, instrumentos de guerra o envenenamiento
Fiscal general Paulo Gonet
Fiscalía General brasileña acusa a Bolsonaro de aceptar un plan para envenenar a Lula
La Fiscalía General de Brasil presentó este martes ante la Corte Suprema una querella contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de haber aceptado un plan para asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, mediante envenenamiento. La acusación surge tras las elecciones de 2022, en las que Bolsonaro perdió frente a Lula, y detalla una conspiración para evitar la investidura del líder progresista y mantener a Bolsonaro en el poder.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, presentó una denuncia en la que imputa a Bolsonaro y a otras 33 personas de haber urdido un golpe de Estado. Este plan, bautizado como “Punhal Verde Amarelo” (Puñal Verde Amarillo, en referencia a los colores de la bandera brasileña), tenía como objetivo derrocar el orden democrático e incluir la muerte de Lula por envenenamiento.
Según Gonet, el plan fue llevado a cabo y presentado al presidente de la República en ese momento, Jair Bolsonaro, quien lo aceptó. La querella se apoya en un informe policial divulgado el pasado mes de noviembre, en el cual se había revelado que Bolsonaro tenía pleno conocimiento del intento de magnicidio.
Los acusados también buscaban neutralizar al Supremo Tribunal Federal (STF), e incluso evaluaron el uso de armas bélicas contra el juez Alexandre de Moraes, relator del caso. El objetivo final de la conspiración era alcanzar el control absoluto sobre los tres poderes del Estado y organizar un “nuevo orden” sin Lula en el poder. Para lograrlo, los implicados, incluidos altos oficiales militares y exministros de Bolsonaro, intentaron crear un ambiente de “conmoción social” que, en su opinión, podría arrastrar al Alto Comando del Ejército a apoyar el golpe.
Gonet señaló que las primeras fases del plan incluyeron acciones de monitoreo hacia Lula y el juez Moraes, y que se había considerado la muerte de los implicados utilizando diversos métodos como explosivos, instrumentos de guerra o, como se mencionó anteriormente, envenenamiento.
La Fiscalía General imputa a Bolsonaro delitos como “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “organización armada para delinquir” y “golpe de Estado”. Ahora, será el Supremo Tribunal Federal el encargado de decidir si acepta la querella y somete a juicio a Bolsonaro y a los otros acusados.
En una de sus primeras reacciones, Bolsonaro, quien se considera víctima de una “persecución judicial”, afirmó que no tiene “ninguna preocupación” respecto a las acusaciones. Por su parte, Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), celebró la denuncia en sus redes sociales, calificándola como “un paso fundamental en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho”.
Fuente: EFE
