El proyecto Neptuno “es una vergüenza nacional”
El Proyecto Neptuno, también conocido como Proyecto Arazatí, es un proyecto de desarrollo de infraestructura hídrica en Arazatí, departamento de San José. En 2020, un consorcio de empresas denominado «Aguas de Montevideo» presentó un proyecto para la realización de una planta potabilizadora de agua tomada del Río de la Plata en la zona de Arazatí, para abastecer la demanda de agua potable de Montevideo y su área metropolitana. El gobierno y la empresa estatal OSE aceptaron la propuesta y recientemente firmaron el convenio para su realización, a pocos meses del cambio de gobierno en nuestro país. Voces a favor y en contra de este acuerdo se hicieron escuchar, y que hoy traemos a este Contrapunto.
Adriana Carabajal, Asociación Civil Ambientalista de Salto
EL PUEBLO consultó la opinión de la Maestra Adriana Carabajal, integrante de la Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS).
¿Qué opina sobre la decisión del gobierno a pocos meses de retirarse de firmar el acuerdo sobre el proyecto Neptuno?
Siento una gran desilusión porque teníamos una muy poquita esperanza de que no lo hicieran y que dejaran libre al gobierno entrante para que pudiera tomar la decisión correcta. Nos cayó como un balde de agua fría a todos los grupos ambientalistas.
Se informó que el acuerdo impone cláusulas de posibles modificaciones futuras con el nuevo gobierno, ¿no les conforma esa posibilidad?
Algo sabíamos, esperemos que no deje al nuevo gobierno atado de pies y manos, aunque en contacto con los compañeros del MOVUS, como que están jugados a que salga igual, o sea, cumplir con el contrato tal y cual lo firmó el señor Lacalle, por aquello de que Uruguay siempre cumple, que es muy correcto y todas esas cuestiones que a los ambientalistas no nos convencen mucho porque tenemos que pensar que hay cosas prioritarias, pero para los gobiernos que vienen, lo prioritario siempre son las empresas, los negocios, y el dinero.
¿Cuáles son los argumentos más importantes que ustedes manejan en contra del Proyecto Neptuno?
Hay varios inconvenientes y cosas negativas, que no decimos nosotros sino que hay montones de estudios que se hicieron y presentaron al gobierno tanto al que se va como al entrante para que tomara la decisión correcta. Informes diciendo que no es el mejor lugar, porque allí en la desembocadura al Río de la Plata se unen todos los desechos y residuos de las fábricas, de las ciudades tanto de Buenos Aires como de Montevideo, Colonia y toda esa zona. En segundo lugar, el agua que se extrae es salada, que después tiene que tener un proceso por el que primero la van a embalsar en tipos de piletas de decantación,que tendrá consecuencias negativas porque eso va a crear cianobacterias, los trihalometanos, que son cancerígenos. De ahí se va a desalinizar,potabilizar y después se la va a vender a OSE. O sea, consideramos que esto es una privatización encubierta de la empresa estatal OSE, pero que se viene dando de hace muchos años, ya con el padre de este señor Presidente, a lo que el hijo terminó dándole la puntillada final. Eso nos pone muy mal. Así que está la parte de salud de la gente y el tema de los costos, que los vamos a pagar todos, porque OSE va a tener que pagar a las empresas concesionarias una cifra millonaria por esa agua de mala calidad que va a distribuir a la población de la zona metropolitana. Estamos hablando de cinco empresas del consorcio “Aguas de Montevideo” donde el pueblo deberá desembolsar todos los meses millones y millones de dólares para poder pagarles. Así que podemos decir que lisa y llanamente nos están robando.
Usted mencionó una “privatización encubierta” de OSE a través de este acuerdo, y en 2004 fue aprobada una reforma constitucional donde además de declarar el “acceso al agua potable” como un derecho humano, se prohibía que la misma fuera administrada por el capital privado, por lo que le pregunto, ¿este acuerdo no sería inconstitucional?
Hay un grupo ambiental que hizo un reclamo jurídico por ese aspecto del artículo 47 de la Constitución. Justamente, nuestro país fue primero en el mundo en determinar que el agua es un derecho humano fundamental, y resulta que ahora los políticos desconocen ese texto y la Constitución parece que brilla por su ausencia. Esperemos que haya un poco de claridad en la mente de los nuevos gobernantes, todavía nos queda un poquitito de esperanza de que haya alguna modificación a ese acuerdo, y que se tenga en cuenta el artículo 47, porque ese acuerdo es realmente inconstitucional, como tantas cosas que pasaron y siguen pasando en Uruguay.
La última palabra es suya.
Puede haber gente que por egoísmo o porque estamos en la zona norte del país diga que ese es un problema de los que viven en el sur, de la zona metropolitana de Montevideo y Canelones y que nosotros no tenemos nada que ver. Ojo, no tenemos nada que ver no sé hasta dónde. Primero, somos todos uruguayos. Segundo, no estamos tan lejos de que nos pase lo mismo, porque así como va nuestro país con el uso del suelo, se están secando los arroyos y los ríos, algo que vimos hace poco en una recorrida que hicimos por los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Pudieron haber puesto un parate al tema de la forestación, pero resulta que ahora parece que antes de irse el señor Lacalle dio libertad para que sigan forestando. Es imposible tener un país productivo de alimentos para el mundo, como siempre lo fuimos, que esté lleno de árboles, donde Uruguay le regala a las empresas extranjeras la tierra, el agua y después al ciudadano común, se le desaliniza el agua que no será potable sino bebible, eso es una vergüenza nacional.
Alejandro Secco, Presidente Partido Nacional Salto
“De lo que no hay duda es sobre la necesidad y conveniencia de la obra”
La visión favorable a la necesidad de la firma del contrato con el consorcio “Aguas de Montevideo” fue sostenida para este Contrapunto por Alejandro Secco, Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional.
– Cuando un país se encuentra en transición entre gobiernos, se suele estar en una etapa de “no innovar” en la toma de algunas decisiones de aspectos fundamentales, sin embargo el Presidente Lacalle Pou decidió firmar el contrato sobre el Proyecto Neptuno, ¿qué lectura hace de esta situación?
– Sobre lo de no innovar, capáz que podemos estar de acuerdo, pero también es una larga tradición del Estado uruguayo como sistema republicano democrático, la continuidad de los procesos y el respeto a los contratos. Tenemos abundancia de ejemplos de obras significativas y procesos que de alguna manera han ido conformando un nuevo escenario en el país, podemos hablar de la forestación y de las plantas de celulosa, cuyo último ejemplo fue UPM 2 y los contratos con las empresas, porque no es solo con la empresa finlandesa sino con una serie de subcontratos que tenían que ver con la construcción del complejo, pero además con la inversión más importante que quedó que fue la construcción de un ramal muy importante del ferrocarril. O sea que hay una continuidad, lo que es normal y orgullo del sistema uruguayo. De esa manera, no veo nada inconveniente, sobre todo porque se conversó bastante en este proceso de transición. Es más, se agrega al contrato firmado con el consorcio privado que va a construir la obra una serie de memorándums de entendimiento que permite eventuales modificaciones en el futuro. De lo que no hay duda alguna es sobre la necesidad y conveniencia de la obra, y lo más importante como garantía para todos nosotros y para el Uruguay, es que se han recorrido prolijamente todos los procedimientos previstos para este tipo de obras de gran impacto ambiental, con todos los estudios, informes y aprobaciones sucesivas que tuvo este proceso.
– ¿Cuáles serían los principales argumentos que fueron estimados para la firma de este contrato pero que fueron criticados por los ambientalistas?
– Quiero apartar dos componentes de los cuestionamientos. Uno sería de los vecinos, de algunos movimientos ambientalistas, que en parte es entendible, pero también es cierto que el progreso y el desarrollo urbano a veces trae este tipo de contraste casi diría inevitable. El avance de la urbanización y de la vida del Hombre en sociedad genera componentes que son agresivos para el ambiente, sin duda. Siempre se trata, y por eso tenemos entre otras cosas una ley y un Ministerio sobre el Ambiente, de amortiguar los efectos negativos de la vida del Hombre en sociedad. Podemos hablar de inundaciones, de los residuos, y en este caso del tema del suministro de agua potable. Entonces, a los vecinos de la obra, que seguramente el impacto les afectará directamente, en parte es entendible, y en parte la obra misma prevé un montón de paliativos y resguardos para minimizar esos efectos negativos.
El otro aspecto, tiene que ver con lo político, y también de alguna manera uno entiende que cada quien quiere marcar su impronta. Creo, y diría que en algunos aspectos nos toca muy de cerca este tipo de instancias de cambio de gobierno. A veces la política tiene esos jueguitos que terminan siendo menores, casi diría propios de algún momento muy específico que en la escala larga del tiempo no llegan ni siquiera a ser una anécdota. Acá hay que seguir trabajando. Tenemos un par de ejemplos bien cercanos. Por los impactos ambientales no hubiéramos construido la represa de Salto Grande, que obviamente genera impactos ambientales muchísimos mayores que Arazatí. O si postergáramos indefinidamente la inauguración de la Central Hortícola que está pronta para funcionar porque fue construida con fondos provistos por un gobierno y seguramente la irá a inaugurar otro gobierno. Son dineros del Estado, del pueblo, son obras que están dirigidas a la nación en su conjunto y no a un gobierno en particular.
– En 2004 fue aprobada una reforma constitucional donde además de declarar el “acceso al agua potable” como un derecho humano, se prohibía que la misma fuera administrada por el capital privado, por lo que le pregunto, ¿este acuerdo no sería inconstitucional?
– Ese tipo de normas incorporadas a la Constitución de carácter declarativo son de dudosa aplicabilidad, porque después uno tiene que lidiar con la realidad concreta. Que es un derecho humano, es de Perogrullo, casi como la vida. Pero la vida misma está en cuestionamiento permanente con los avances de la sociedad. De manera que no creo que haya violación de la Constitución, simplemente es adaptarse a los tiempos que corren y a las necesidades que se tienen.
– El gobierno que asume el 1° de marzo, ¿dará cumplimiento a este contrato?
– No me queda ninguna duda, con ese contrato y con tantos otros, como el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou cumplió con los que vinieron de gobiernos anteriores, el más claro fue el convenio con UPM 2, más allá que se puedan revisar, tampoco estamos en el fin de mundo. Este proyecto Arazatí es complejísimo, abarca la intervención de varias empresas de primerísimo nivel, la jefatura de este proyecto es del ingeniero (Francisco) Gross, a quien tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar con él cuando éramos jóvenes, cuando trabajaba para MEVIR, que en un ejemplo de práctica diseñó algunas soluciones de saneamiento económicas. Casi 40 años después, lleva con mucho rigor técnico y científico esta obra, que supongo puede ser rectificada por estos memorándums de entendimiento que mencioné. Por ejemplo, se habla que la ubicación del depósito de residuos sólidos de la potabilización, que son los barros que quedan, pueda tener una reubicación de acuerdo a algunos estudios geológicos, aunque en principio todo eso está controlado. De todas formas, tenemos confianza en el sistema uruguayo, el gobierno cumplirá como siempre ha sabido cumplir Uruguay con sus contratos.
