Afirman que nunca existió una «asociación para delinquir»
Abogados de procesados por contrabando tildan fallos de «arbitrarios» y buscan evitar embargos
Desconformes, así están algunos de los abogados de los funcionarios públicos que fueron procesados con prisión el pasado 2 de marzo, cuando cayó la red de contrabandistas que encabezaba uno de los considerados pesos pesados del delito transnacional en nuestro medio y que junto a él, involucró a dos de sus empleados, y varios de los funcionarios públicos de distintas reparticiones estatales que aceptaban las coimas en el paso de frontera.
«Ellos solo avisaban cómo estaba el tema en el puente, pero nunca llegó a montarse una organización criminal que diera lugar a una asociación para delinquir», dijo el abogado Adán Lima, defensor de uno de los funcionarios que pertenecían al departamento de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que fue enviado a la cárcel, en la andanada de procesamientos dictados en aquel momento por la jueza penal de 4º Turno, Marcela Vargas.
Para muchos de los que actuaron como abogados defensores de los imputados, los procesamientos dictados por la entonces titular de la sede penal de 4º Turno de Salto, fueron «arbitrarios» ya que según pudo saber EL PUEBLO, algunos de los defensores opinan que «la Justicia actuó como si se tratara de un paquete armado que tenía que salir de determinada manera y entonces como ya estaban esperando que cayeran, bueno, los terminaron procesando», comentaron los abogados en distintos ámbitos, haciendo saber su malestar por esta situación.
FUERON MUCHOS
El 2 de marzo pasado, luego de trabajar por casi 48 horas, la entonces jueza penal de 4º Turno, Marcela Vargas, dictó el procesamiento con prisión de 13 personas. Tres de ellas, que se dedicaban al contrabando y que tenían montada una red operativa desde hace varios años.
Mientras que los otros diez encarcelados, eran funcionarios de las distintas reparticiones estatales que cumplen funciones en el paso de frontera en el puente internacional de Salto Grande, entre los que había aduaneros, funcionarios policiales de Migraciones y funcionarios de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería.
Los juristas consideran que el hecho de que se haya adoptado la decisión de dictar 18 procesamientos en menos de 48 horas, con elementos que a juicio de estos «no tenían el mérito suficiente para determinar el procesamiento por el delito imputado», fue un «acto arbitrario» de parte de la entonces magistrado a cargo del caso.
«No hay una asociación para delinquir cuando algunos funcionarios, en forma esporádica ellos, porque a veces lo hacían los otros, solamente informaban si los controles en el paso de frontera estaban siendo rigurosos o no. Porque la asociación para delinquir es muy otra cosa. Requiere de otro tipo de elementos como la planificación, la organización, el ánimo de perjudicar y dañar, y nada de esto existía en este caso», comentó Lima.
Además, el abogado hizo saber en ámbitos públicos que a su juicio «tampoco existe un enriquecimiento» por parte de los funcionarios involucrados, al menos de los que él defiende. «No existía una organización tal que determinaba un manejo sistemático del asunto, al punto que permitía el ingreso de un gran contrabando y que dejara dividendos importantes entre los funcionarios, no es así», consideró el abogado.
Como Lima, otros abogados defensores de algunos de los otros funcionarios también procesados por la misma causa, hicieron saber su malestar porque coinciden con que «no hay enriquecimiento por parte de los involucrados, debido a que no existía una organización criminal ni mucho menos una asociación para delinquir entre los funcionarios procesados».
A LA CHACRA
El tema surge a raíz de que varios de los procesados por este caso fueron trasladados a la chacra policial, que oficia como pabellón de cárcel, en el cual se encuentran los reclusos que cuentan con una situación especial en su condición de procesados.
Además, sobre todos los procesados pesa un pedido de embargo general de derechos por parte de la Justicia sobre los bienes que poseen. «En muchos casos solamente existe una casa que además es bien único de familia, o un automóvil de costo relativo en el mercado. Pero nada más. No hay riquezas ni bienes inmuebles por parte de la mayoría de los funcionarios procesados y eso demuestra que lo de la asociación para delinquir es una falacia», dijo Lima.
En este momento, los abogados se encuentran trabajando en la manera de evitar que cobre efecto, el pedido de embargo sobre los bienes de los funcionarios públicos procesados, ya que hasta el momento, «no se les ha probado una obtención de manera ilícita de esos bienes».
El impacto mediático que tuvo este asunto y lo que generó posteriormente, donde hubo más rigurosidad en los controles en el paso de frontera de la represa de Salto Grande, genera «suspicacias» por parte de los abogados defensores. La investigación se llevó a cabo en el marco de la ley de Crimen Organizado y a juicio de los abogados defensores locales «una situación de esta naturaleza no lo amerita».
Dejaron de lado la situación particular del contrabandista y de sus empleados, de quienes entienden que «debería ser un caso aparte». Pero en lo que respecta a los funcionarios públicos hoy procesados por el presunto cobro de coimas en el puente de Salto Grande, los procesamientos que se dieron con la tipificación de un delito como la asociación para delinquir «es demasiado y no hay elementos técnicos como para esto», explicaron a este diario.
Máxime, si pasado este caso el contrabando persiste y además el conocido bagashopping, sigue creciendo.
