Luego de una extensa investigación realizada durante meses por policías de la Brigada Departamental de Seguridad Rural cumpliendo disposiciones de la Fiscal Letrada de Primer Turno se logró llevar ante la Justicia de Lavalleja a seis personas mayores de edad involucradas en una denuncia de abigeato asentada el viernes 25 de marzo por el propietario de un establecimiento rural ubicado en Paraje Cebollatí, jurisdicción de Seccional 8va de Mariscala.
Aún por comprobar fehacientemente la cantidad exacta de animales que faltaron, se estableció que fueron siendo pasados durante años desde el campo indicado hacia predios linderos sin conocimiento de sus dueños y desde allí comercializados en ferias ganaderas en Lavalleja y otros departamentos adulterando marcas y caravanas de SNIG, además de las guías físicas y electrónicas.
Como punto de partida de la investigación, integrantes de la Brigada constituidos en el establecimiento, y específicamente en la vivienda del puesto donde habitaba el co responsable, incautaron una escopeta calibre 16, un revólver calibre 38, varias vainas, cartuchos y proyectiles, caravanas, dispositivos quemados y celulares destruidos.
Tras la conformación de un equipo de trabajo junto con Fiscalía se dio participación en el caso a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, a inspectores de DICOSE (División de Contralor de Semovientes) y al Departamento de Delitos Complejos de Lavalleja. Esto a los efectos de colaborar realizando un minucioso análisis de los registros de ventas, compras y declaraciones de todas las partes identificadas.
Mientras se desarrollaban las tareas de aplicación de inteligencia policial, análisis de ADN animal y de celulares, dos equipos conformados por dieciocho policías realizaron tareas de campo, recorriendo e inspeccionando más de 4.000 hectáreas en predios ubicados en el departamento de Florida y en Lavalleja por ruta 8, Paraje Los Tapes, Campanero, El Soldado, Molles, Sauce de Zapicán, Villa Serrana, Mina de oro, Villa del Rosario y Chamizo, entre otros, contabilizando más de 2.500 bovinos, logrando recuperar hasta el momento veintitrés vacunos de los denunciados.
Por otra parte, la Brigada de Seguridad Rural de Durazno por mandato de la Dirección Nacional concurrió a inspeccionar un establecimiento en Paraje Las Rengas, jurisdicción de la Seccional Octava de ese departamento, al tiempo que el propio director nacional de la Seguridad Rural, Willard González, junto a un Inspector de DICOSE y personal a cargo, se constituyeron en un establecimiento ubicado en Paraje Puntas de San Gregorio, departamento de San José, debido a que de la investigación
surgió que el propietario de la firma realizó ventas de semovientes mediante consignación y se constató una diferencia irregular de más de veinte vacunos entre la guía papel y la guía electrónica.
Durante el transcurso de la investigación se llevaron a cabo varias reuniones entre las Fiscales y los encargados del caso sobre los avances de las actuaciones hasta obtener seis órdenes de allanamientos para predios y viviendas en Lavalleja, Rocha, Cerro Largo y Canelones.
Una vez cumplida esta instancia, la magistrada dispuso para una mujer de iniciales M.C.C de 70 años medidas limitativas por noventa días, quien al igual que los varones A.C.C de 41 años, M.G.C de 32 años y L.R.B de 41 años, deberán fijar domicilio y no modificarlo sin dar previo conocimiento al tribunal, no podrán salir del país sin previa autorización de la sede y se les retendrá los documentos de viaje.
Por otra parte condenó a R.S.F de 44 años como coautor penalmente responsable de un delito de abigeato en régimen reiteración real con un delito de estafa en calidad de autor a la pena de veinte meses de prisión a cumplirse bajo la modalidad de la libertad a prueba a cumplirse de la siguiente forma: los primeros tres meses serán de arresto domiciliario total, luego seis meses con arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas del día siguiente y los 17 meses restantes deberá cumplir con trabajo comunitario una vez por semana, dos horas por día durante 10 meses. Asimismo se le impuso la prohibición de negociar ganado y frutos del país durante un tiempo igual al doble de la duración efectiva de la pena. Este era quien estaba a cargo del campo y se estableció pasaba los animales hacia predios linderos.
Mientras que para el imputado R.G.L de 44 años dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total por el plazo de 120 días, teniendo prohibido comunicarse por cualquier medio con los demás co-imputados de forma directa o por intermediarios, así como los operadores que realizan la lectura de trazabilidad. Esta persona fue formalizada por la presunta comisión de reiterados delitos de abigeato muy especialmente agravados en reiteración real con un delito de receptación, adecuándose su conducta a lo dispuesto en el artículo 54, 60, 350 bis del código penal y Artículos 258 y 259 del Código Rural.
Este caso continúa en desarrollo de investigación a la espera de nuevas instancias judiciales.
