El salteño Eduardo Preve declaró ante Fiscalíapor filtración del Plan de Inteligencia
Este martes el director de informativos de TV Ciudad, el salteño Eduardo Preve, debió declarar en la causa que investiga la filtración a la prensa del Plan de Inteligencia debido a la convocatoria realizada por el fiscal especializado en Delitos Económicos de 3° turno, Gilberto Rodríguez. En dicha oportunidad, Preve estuvo acompañado por su abogado defensor, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, y por la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca. A la salida de la audiencia, habló el abogado de Preve explicando lo sucedido.
EN CALIDAD DE TESTIGO, NO DE IMPUTADO
“El señor Eduardo Preve –comenzó diciendo Díaz- fue citado hoy por la Fiscalía en calidad de testigo, y me interesa particularmente remarcar este punto a nivel público porque así fue expresamente establecido en el audio de la audiencia, esto tiene consecuencias claras porque una cosa es ser citado en calidad de testigo y otra cosa es ser citado en calidad de imputado. Cuando el Fiscal tiene conocimiento pleno de cuál fue la actividad del señor Preve, que fue estrictamente obtener una información, realizar los chequeos cursados correspondientes para determinar la fidelidad de esa información y que no fuera una información falsa, y luego de tener la confirmación de que ese documento era fidedigno y entendiendo que era de interés público, lo publica, no hace otra cosa que cumplir con la tarea de un periodista. Por tanto, esos hechos que están en conocimiento del Fiscal, ameritaron que fuera citado en calidad de testigo, lo que significa que el señor Preve no va a ser nunca imputado por su conducta, lo cual creo que nos da tranquilidad de espíritu en un Estado democrático”.
“No se puede mutar –reafirmó Díaz- la calidad de testigo a la calidad de imputado si los hechos se conocían desde el primer momento, como es éste el caso. Como testigo fue interrogado respecto del origen del documento, y el señor Preve se amparó en la reserva y el secreto de su fuente y, por tanto, no dio información que permita identificar el origen de la misma, salvo algunas cuestiones genéricas respecto de algunas publicaciones en Twitter que en definitiva no permiten identificar de ninguna manera cuál es su fuente”.
Díaz aclaró que nadie “le pidió ni entregar su teléfono ni el documento original. Fue un interrogatorio específico sobre ese punto, pero todas las respuestas fueron obviamente amparando y preservando la fuente como corresponde. Saben perfectamente bien que el día que un periodista revele directa o indirectamente una fuente, estaría firmando su certificado de defunción como periodista, y evidentemente estaríamos vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa, cosa que no vamos a hacer de ninguna manera”.
“Además, está bien que no sea citado en calidad de imputado sino en calidad de testigo, porque la conducta del señor Preve no es delictiva. Un delito tiene que ser una acción típica, antijurídica y culpable, y el accionar de Preve fue ajustado a derecho, en tanto y en cuanto tuvo una información que tenía interés público y la publicó. Está amparado por una causal de justificación, que es el cumplimiento de la ley, que efectivamente enerva la antijuridicidad de la conducta y, por ende, nunca esa conducta puede ser considerada como delito. Pero además, en nuestro entender, tampoco es una conducta típica porque el documento que se termina publicando no revela ningún secreto de Estado ni significa un riesgo real o inminente como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad nacional. Por tanto, creemos que su accionar no fue ni típico ni antijurídico, no es delictivo, y por tanto corresponde que en todo caso se indague, pero que se lo cite en calidad de testigo”
“Igual no es buena cosa en una sociedad democrática que un periodista sea citado como testigo y se le pregunte sobre su fuente. No está bueno, igualmente la Fiscalía fue muy respetuosa”, concluyó.
APU RESPALDA A PREVE
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su respaldo al periodista señalando que “se ve obligado a enfrentar instancias judiciales sólo por haber cumplido con su deber como trabajador de un medio de comunicación”. Se rechaza “la decisión de judicializar el trabajo de los periodistas” y se califica la citación de la Fiscalía como “un claro y contundente intento de menoscabo de la libertad de expresión”.
Finalmente se exhorta “a todos los integrantes de los poderes públicos y a los principales actores de la sociedad civil a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de trabajar juntos para evitar que el clima de polarización que se está viviendo en países de la región se traslade a Uruguay”.
