Por la Comisión de Asuntos Políticos
Éxodo XXI – Cabildo Abierto / La lista de Cecilia Eguiluz
Actualmente, varias iniciativas de plebiscito están recolectando firmas, pero una de ellas
destaca por ser tangible y real. Esta iniciativa surgió después de que tanto los legisladores
de la coalición (Blancos y Colorados) como los de la oposición (Frente Amplio) no
respaldaron en el plenario del Senado lo que habían apoyado en Comisión. ¿Cuál fue el
motivo de este cambio de opinión? Esa es una pregunta que debe dirigirse a ellos, ya que el
único propósito de este proyecto era limitar los intereses financieros por ley y reestructurar
las deudas de las personas físicas.
Si bien la Constitución ya prohíbe la usura, no define qué se considera usura en términos de
intereses, dejando esta cuestión como una mera expresión de voluntad. Es como si en las
carreteras se colocaran señales de «Prohibido circular a alta velocidad» sin especificar qué
velocidad se considera «alta», dejando esta decisión en manos de los fiscalizadores. Esto
sería caótico e injusto, ¿verdad? Resultaría imposible para los ciudadanos circular por las
carreteras con tranquilidad y certeza, entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil aceptar esta
realidad sobre los intereses financieros?
Muchos legisladores han dado la espalda al pueblo al apoyar los intereses de las entidades
financieras. Sus motivos son suyos, pero al hacerlo han dejado solo a Cabildo Abierto. Está
claro que no tienen intención de cambiar esta realidad. El Frente tuvo 15 años para hacerlo,
mientras que Blancos y Colorados tuvieron los votos para hacerlo, pero optaron por mirar
hacia otro lado.
¿Qué implica firmar? Su firma no lo vincula a Cabildo Abierto ni implica una traición a sus
ideales o partido. Simplemente ayuda a que los uruguayos puedan votar en octubre sobre
esta iniciativa. El objetivo es que en las próximas elecciones nacionales de octubre se
habilite un plebiscito en el que el pueblo uruguayo decida lo que sus parlamentarios no se
animaron a decidir: establecer un tope por ley a los intereses financieros y recalcular las
deudas posteriores a mediados de 2019 y que no superaran un equivalente a unos 30 mil
dólares como capital inicial.
Para lograr este objetivo, se necesitan 270 mil firmas, pero Cabildo Abierto y la
coordinadora «Por una Deuda Justa» se han propuesto obtener 300 mil. Desde fines de
agosto del año pasado, se ha estado trabajando intensamente y se continuará haciendolo
hasta abril, que es el plazo límite para entregar las papeletas firmadas a la Corte Electoral.
Es crucial comprender que esta puede ser la última oportunidad para que el pueblo se
exprese directa y activamente sobre un tema que afecta a más de 1 millón de compatriotas,
la mayoría de ellos catalogados como «deudores incobrables» por el Banco Central. La
mayoría se encuentra en la franja de edad entre los 35 y 50 años, es decir, familias jóvenes
en plena etapa productiva y laboral, con deudas que afectarán a sus hijos.
Este no es solo un problema de unos pocos, es un problema que afecta al Uruguay del
futuro. Con poco más de 3 millones de habitantes y alrededor del 40% de la población en
edad laboral activa, la mayoría de ellos jóvenes endeudados, la situación es alarmante. La
única opción razonable, coherente y despojada de egoísmos políticos es firmar para que
este plebiscito salga adelante y permita que los uruguayos decidan el futuro del país con
conciencia y en las urnas.
Este no es un tema exclusivo de Cabildo Abierto o de Manini. Cuando llega el momento de
cobrar, las entidades financieras no preguntan a quién votas, ni si pensas firmar o no.
Uruguay es un país pequeño, y la regla del «+7» es casi un axioma: si tomamos a cualquier
persona y damos tres saltos, es probable que lleguemos a un amigo en común. Por lo tanto,
si 1 de cada 3 uruguayos está en una situación comprometida con préstamos y deudas, es
probable que esta situación afecte a alguien cercano a nosotros.
Hay que firmar para cambiar esta realidad.
