A finales del año pasado, más de 800.000 personas tenían más de 90 días de atraso en el pago de sus préstamos, y de ellas, 190.000 pertenecían a sectores vulnerables o pobres.
Investigadores del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales constataron que desde 2014 alrededor de 2,5 millones de uruguayos tuvieron al menos una deuda impaga. A finales del año pasado, había 801.764 personas con más de 90 días de atraso en sus préstamos; de estas, 191.280 eran población vulnerable o pobres endeudados, especialmente con empresas financieras, un sector que cobra tasas de interés de hasta un 140%, según se consigna en un artículo de Ismael Grau publicado en el semanario Búsqueda.
Estamos ante lo que se define como una verdadera “epidemia”, que, de acuerdo con la nota en el semanario, se propone frenar con un esquema de bancarrota para los individuos y créditos otorgados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), focalizados en los sectores que ya atiende con sus programas.
El problema del sobreendeudamiento de ciertos sectores ingresó al debate público en los últimos años a partir de un par de iniciativas legislativas, una de las cuales, la de Cabildo Abierto, derivó en una campaña de recolección de firmas por una “deuda justa” que fracasó en su intento de convocar a un plebiscito con las elecciones de octubre pasado (aunque se entregarán 300.000 buscando que la consulta se haga junto al eventual balotaje de noviembre).
El estudio, denominado “Deuda del consumidor y pobreza: la brecha de riesgo de incumplimiento”, elaborado por Graciela Sanroman, Fernando Borraz y Lucía Bertoletti, será el disparador de una charla que organizará mañana, viernes 24, el centro de análisis Ágora, en la que también participarán actores del sistema financiero.
El stock de crédito medido en relación con el Producto Interno Bruto en Uruguay “no parece excesivo, pero sí lo es la cantidad de personas con deudas impagas”, afirmó Sanroman en una conversación con Búsqueda. Otro dato preocupante que observaron es que son préstamos “muy bajos los que llevan a las personas a caer en esta situación” – $8.000 (a valores de diciembre pasado) como deuda máxima vigente en el caso de 112.330 personas en “default”, lo cual “genera un problema en sí mismo: las empresas tienen poco incentivo para recuperar el crédito” en mora, agregó.
Los investigadores definieron como deudores en “default” a quienes se atrasaron en los pagos en 90 días o más (categorías de crédito 4 o 5, con muy baja posibilidad de recuperación o incobrables). Si una persona tiene una deuda antigua impaga, por ejemplo, al haber tomado un préstamo en enero de 2014 y dejó de pagarlo al poco tiempo pero no lo canceló, aparece en mora aún en los registros de 2023 (a menos que la institución financiera lo hubiera dado por perdido y ya no lo reportara a la Central del BCU).
De 2014 a 2023, alrededor del 80% de las personas de sectores vulnerables que tomaron crédito al consumo estuvieron al menos una vez en “default”, una proporción que para el conjunto de la población fue del 50%, según indica la nota periodística.
Para los economistas del Decon que elaboraron el nuevo estudio, abordar estos temas podría implicar promover iniciativas regulatorias para prácticas “justas” en materia de tasas de interés, mejorar el acceso a la información y la educación financiera, además de mecanismos de notificación antes de que un deudor sea ingresado al “Clearing de Informes”. Figurar como morosos en esa base de datos de la empresa Equifax “conlleva graves consecuencias”, como no poder acceder a garantías de alquiler de una vivienda, sostienen.
Los investigadores creen que se debe resolver la situación de las más de 800.000 personas en “default”, a la vez que promover cambios en el sistema que prevengan el sobreendeudamiento en el futuro. En ese sentido, proponen considerar una legislación que instaure la figura de la bancarrota de las personas físicas, especialmente para atender a sectores que no poseen activos. Esto, a diferencia de la reestructuración planteada por los cabildantes, implicaría una declaración de insolvencia, con lo cual la deuda quedaría impaga.
Dentro de las 800.000 personas hay muchas que no podrán reestructurar porque no tienen capacidad de pago. Y las 190.000 reciben subsidios del Estado; es evidente que un crédito al 130% es un producto de lujo para el sector vulnerable, por lo que el camino de la bancarrota debería ser evaluado como una solución más definitiva para su situación, dijo Sanroman. (Uypress)
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