Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Uruguay ha avanzado significativamente en el desarrollo del hidrógeno verde, consolidándose como un referente en energías limpias. La reciente presentación del Proyecto Kahirós marca un hito importante en esta trayectoria. Esta iniciativa, que se instalará en Fray Bentos, implica una inversión de 38,6 millones de dólares y se espera que comience a operar en 2026. Kahirós producirá hidrógeno verde destinado al consumo de camiones de carga pesada en la cadena logística-forestal, contribuyendo a la descarbonización del transporte pesado en el país.
El proyecto incluye la instalación de 8.000 paneles solares para generar la energía necesaria en el proceso de electrólisis, con una producción estimada de 77 toneladas anuales de hidrógeno verde. Además, se prevé la construcción de una hidrolinera para la carga eficiente de los camiones, que tendrán una autonomía superior a los 700 km y podrán transportar cargas de hasta 48 toneladas.
Uruguay cuenta con ventajas competitivas para el desarrollo del hidrógeno verde, como su matriz eléctrica altamente renovable, disponibilidad de recursos naturales y una infraestructura logística adecuada. El gobierno ha delineado una Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde, enfocada en promover proyectos piloto y atraer inversiones para consolidar esta industria emergente.
Sin embargo, el desarrollo del hidrógeno verde también enfrenta desafíos, como la necesidad de equilibrar la producción con la disponibilidad de recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad ambiental de los proyectos. Comunidades en el norte del país han expresado preocupaciones sobre el uso del agua en estos emprendimientos, resaltando la importancia de una gestión responsable y participativa en el desarrollo de esta nueva industria.
A nivel regional, América Latina posee un gran potencial para convertirse en un productor significativo de hidrógeno limpio, aprovechando sus abundantes recursos renovables. No obstante, se requieren inversiones sustanciales y la superación de obstáculos como la falta de clientes locales y la complejidad en la producción para consolidar esta industria en la región.
Pero, recientemente, el gobierno uruguayo decidió que ANCAP, la empresa estatal de combustibles, no participe en el proyecto como de hidrógeno verde de la empresa HIF Global como inversor. Esta decisión ha generado controversia y desencadenó la renuncia del presidente del organismo, Alejandro Stipanicic, quien consideró la medida como un «error conceptual severo».
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), exhortó a ANCAP a desistir de su derecho a participar en el proyecto, argumentando que los riesgos económicos asociados deben ser asumidos por los inversores privados y no por el Estado. La ministra de Industria, Elisa Facio, afirmó que el proyecto sigue adelante con inversión privada y que representa una gran oportunidad para el país sin comprometer fondos públicos.
Por otro lado, la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona, designada por el presidente electo Yamandú Orsi, expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno saliente. Cardona considera que renunciar a la posibilidad de participación estatal en el proyecto es una «oportunidad perdida» y abogó por analizar la situación con mayor detenimiento.
El sindicato de trabajadores de ANCAP (Fancap) también manifestó su oposición a la decisión del gobierno de excluir a la empresa estatal del proyecto de hidrógeno verde, coincidiendo con la postura de Stipanicic en este aspecto.
Pero, quien fue sumamente claro al respecto, defendiendo la decisión del gobierno, fue el Ministro de RR. EE. Omar Paganini, quien fuera secretario de la cartera en cuestión, realizando algunas puntualizaciones importante, entre ellas, que ANCAP continúa formando parte del proyecto de HIF Global en Paysandú, el cual, será la mayor inversión de la historia del país.
Lo que debe quedar claro, y el gobierno entrante lo sabe, es que ANCAP participa en el proyecto como proveedor de CO2, no como inversor. HIF invierte para producir el H2 y combinarlo con el CO2 para producir combustibles verdes. Tiene que aportar la tecnología, construir la planta y desarrollar el negocio y la logística a nivel mundial.
El proyecto de HIF no depende de que ANCAP invierta. Cuenta con socios de Chile, EE.UU., Alemania y Japón. Ellos están asumiendo la inversión y el riesgo, y ANCAP obtendrá beneficios rentabilizando un subproducto.
El mercado de los nuevos energéticos está en pleno desarrollo, y como sucede siempre, puede llevar su tiempo madurar la idea, requiriendo inversiones adicionales y/o ajustes tecnológicos. ¿Quién debe correr con esos riesgos? El privado, no ANCAP.
Por tal motivo, ANCAP no puede aventurarse a ser garantía de un proyecto que implica riesgo e incertidumbre pues está en período de formación. Se trata de una inversión de 6.000 mil millones de dólares, cifra inmensa a la que el Estado uruguayo no podría hacer frente. Ahora, si ANCAP integra hasta el 30% del capital, eso implica la enorme suma de 1.800 millones de dólares, aproximadamente, pero, al mismo tiempo, directa o indirectamente, obliga a prestar la garantía soberana del Estado; es decir que, si el negocio no prospera, si algo no sale bien, el Estado uruguayo será el garante absoluto de la totalidad del proyecto.
He aquí el dilema. Una cosa es un proyecto con beneficios para ANCAP y para los privados, y otra muy diferente, es invertir fortunas del erario público, y que el Estado salga de garantía de un negocio sin mayores certezas. Los proyectos de Hidrógeno Verde no puede ser otro PLUNA, ni otra REGASIFICADORA.
Uruguay debe aspirar a no cometer errores del pasado dónde, por imprudencia, impericia y negligencia, se hizo trampa al solitario, derrochando miles de millones de dólares en sueños poco factibles. Apostar al futuro, sí, siempre; pero, responsablemente.
El gobierno entrante no puede, a su vez, ser más papista que el papa, recurriendo en el mismo esquema que los llevó a realizar aquellos pésimos negocios.
En resumen, Uruguay avanza con firmeza en el desarrollo del hidrógeno verde, combinando inversiones estratégicas, políticas gubernamentales de apoyo y un compromiso con la sostenibilidad ambiental, posicionándose como un actor relevante en la transición hacia energías más limpias en la región.
