Siempre tuvimos claro que gobernar no es lo mismo que cuestionar las decisiones desde “el otro lado del mostrador”. Vale decir que es fácil cuestionar y criticar, pero lo difícil es hacer. La cuestión es saber diferenciar entre una cosa y otra.
Muchas veces en estas columnas denunciamos un hecho que siempre supimos era antipopular, pero no por ello dejaba de ser absolutamente justo, como lo sigue siendo al día de hoy, la desafectación de las instalaciones permanentes en lugares públicos que no sólo afectan la costa, sino que lo peor de todo es una usurpación.
Hoy vemos y así lo hemos reconocido, que se ha avanzado en el desalojo y la recuperación de los espacios públicos, aunque queda bastante por hacer, debido a que hay espacios que siguen estando en una especie de “limbo”, por tratarse de espacios privados o bien se hallan en una situación que no es ni lo uno ni lo otro y así siguen.
En esta línea siempre mantuvimos el reclamo por la costa del Río Uruguay, la que desde la desembocadura del arroyo San Antonio, hasta la desembocadura del río Daymán, está poblada por ranchos, a veces de pescadores, a veces de gente amante de pasar los fines de semana y algunos otros días o noches en la costa.
La cuestión es sencilla. Se trata de un lugar público, vale decir que pertenece a toda la población. Esto está debidamente establecido y reglamentado, pero el libertinaje que reinó durante algunos años, sin que hubiera existido ningún control en este sentido, posibilitó que las instalaciones permanentes “florecieran” y se adueñaran de estos lugares.
El origen de este problema habría que buscarlo en el amiguismo y la politiquería, por no hablar de alguna otra cosa.
Pasaron varios gobiernos departamentales sin que nadie se haya animado a hacer lo que corresponde, vale decir a recuperar para todos estos paseos públicos-
Hay que entender que nadie puede “adueñarse” de estos lugares que sólo la inanición o incapacidad de quien o quienes han tenido la responsabilidad de custodiar y exigir el cumplimiento de las disposiciones existentes al respecto permitió estas instalaciones.
Lo primero a entender en este aspecto es que los bienes públicos no deben ser apropiados por nadie, por la sencilla razón de que son precisamente de todos y su uso no puede ser restringido, salvo esporádicamente con la debida autorización y nunca en forma permanente.
Por lo tanto todo el que allí se instale debe saber que está haciendo algo irregular, prohibido y pasible de sufrir las consecuencias.
Asimismo, la autoridad responsable, sea Prefectura, Intendencia o Policía debe saber que si no lo hace con orden judicial, está en omisión.
A.R.D.
