Según el vicepresidente de la República, Danilo Astori el impuesto a la tierra que propone el presidente Mujica significaría un cambio en las reglas del juego y un desestímulo a las inversiones en el agro.
Según el vocero del Partido Comunista Eduardo Lorier, “se está armando un gran lío por una cosa muy pequeña”, y especificó que se trata de “60 millones de dólares”. El senador comunista calificó incluso las palabras de Astori como de “terrorismo verbal”.
“Es una propuesta que solamente está gravando a 1.100 productores en un total de 47.000 productores. Esos 1.000 productores que los estamos gravando tienen ni más ni menos que el 36% de la superficie de la tierra uruguaya. Y por supuesto entonces que nosotros decimos que es una cuestión muy mínima la que le estamos pidiendo, apenas tienen que pagar 16.000 dólares. Por ejemplo, una extensión la mínima que va a tener que pagar la de 2.000 hectáreas. Esas 2.000 hectáreas hoy son 6 millones de dólares, le estamos pidiendo apenas 16.000 dólares para contribuir aquí a determinadas cosas, algunos dicen o quieren que solamente sea para infraestructura, nosotros decimos por qué no para colonización, por qué no para el Instituto Nacional de Colonización (INC) y para tanta gente que necesita quiere y desea ir a la tierra y trabajar en ella”, sostiene Lorier.
Planteada en estos términos la cuestión parece irreconciliable y de acuerdo a lo trascendido también en estos términos fue el diálogo planteado durante el fin de semana entre presidente y vice, precisamente, de la que según se sabe, ha resultado la aspiración de dar forma a un proyecto en común que trate de contemplar las dos posiciones.
Es lo mejor que puede pretenderse. El espíritu de lo que se está proponiendo tiene una amplia aceptación. La actual situación del país, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, agrícola y ganadera, pasa por un momento histórico en cuanto a precios.
Es tanta la bonanza que no hay mayores reparos en el devaluado valor del dólar que en otros momentos motivaría planteamientos seguramente mucho más severos.
En contrapartida, uno de los sectores frutícolas, el de mayor incidencia en nuestro departamento, pasa por una situación crítica y por supuesto ha recurrido al Estado procurando recursos que le permitan afrontar la situación.
La cuestión está, por lo tanto en acertar en los límites de la cuestión. En determinar en qué medida estamos estableciendo una medida justa, que apunta a disminuir las desigualdades, a atender las coyunturas y en qué medida se está improvisando de acuerdo a las necesidades cada vez mayores.
Para decirlo con términos camperos “una vez derretida la grasa, se verá los chicharrones que quedan…”
