Toda crítica seria a un sistema público debe tener un objetivo claro: corregir para fortalecer, no debilitar ni empujar al colapso. En materia de salud pública, esta premisa es aún más exigente, porque lo que está en juego no son estructuras abstractas, sino derechos fundamentales y vidas humanas, lo cual es objetivo de defensa en mi profesión siendo ético y moral luchar por ese equilibrio.
La corrección institucional comienza por reconocer una distinción esencial: el problema no está en el acto médico ni en el personal asistencial, sino en la conducción y la gestión administrativa. A partir de ese diagnóstico, las respuestas deben ser técnicas, oportunas y jurídicamente responsables.
En primer lugar, resulta imprescindible fortalecer la conducción de los centros de salud mediante criterios objetivos de idoneidad, experiencia y capacidad de gestión. La designación de autoridades no puede responder a lógicas coyunturales o partidarias cuando se trata de servicios esenciales. La profesionalización de la gestión sanitaria es una condición mínima para evitar errores estructurales.
En segundo término, ASSE debe asegurar estructuras administrativas funcionales en territorio, con capacidad real de resolver reclamos, prevenir conflictos y adoptar decisiones correctivas inmediatas. La ausencia de recursos estratégicos —particularmente jurídicos— expone al sistema a conflictos evitables y agrava la indefensión del usuario.
El MSP, en su rol rector, debe ejercer un control activo y preventivo, no meramente reactivo. La supervisión temprana, la auditoría de procesos y la intervención oportuna evitan escenarios extremos y reducen la judicialización posterior. Informarse a través de canales institucionales y de prensa responsable no debilita la autoridad: la legitima.
Asimismo, es necesario reordenar los mecanismos de reclamo y participación de los usuarios, garantizando respuestas claras, plazos razonables y trazabilidad administrativa. Un sistema que escucha y corrige a tiempo disminuye el conflicto y fortalece la confianza ciudadana.
Desde una concepción republicana y batllista, corregir no es admitir derrota, sino ejercer gobierno. El Estado se fortalece cuando reconoce errores, ajusta su funcionamiento y rinde cuentas. Negar los problemas o postergar decisiones, en cambio, acelera el deterioro y acerca el colapso.
La salud pública no se defiende con silencios ni con reacciones tardías. Se defiende con gestión competente, control efectivo y responsabilidad institucional. Corregir a tiempo es la única forma de preservar el sistema, proteger a los usuarios y honrar el deber constitucional que el Estado ha asumido. Ese es el desafío. Y también la obligación.GECS.
