Cuando llevamos un coche de segunda mano a un mecánico, es muy ventajoso para el mecánico saber qué reparaciones se le han hecho antes al motor, que adaptaciones y de qué tipo puede tener.
De la misma manera, cuando personas de cierta edad llegan a una consulta médica, por «un dolor aquí» o una molestia. El disponer de la historia clínica, que no es otra cosa que la constancia de todas las intervenciones que se han hecho sobre su organismo, desde una vacuna hasta una operación, cuando y por qué, resulta imprescindible para ir hacia un diagnóstico acertado de la dolencia.
Por elemental que parezca este derecho, en el Uruguay no estaba legalmente respaldado hasta que el 15 de agosto del 2008 apareció la ley La ley 18.335 que en su artículo 18 establece que «todo paciente tiene derecho a que se lleve una historia clínica completa, escrita o electrónica, donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte. La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni destrucción».
La misma ley establece otros aspectos obligatorios y las sanciones emanadas de su violación u omisión.
Que esta obligatoriedad legal en algunos casos, de médicos formados y regidos toda una vida por otra «escuela», en cuanto al relacionamiento paciente-médico, ha hecho rechinar los dientes a más de uno de los viejos galenos que acostumbraban a llevar «en la memoria» la historia de salud de cada uno de sus pacientes y eran muy celosos al momento de que se solicitara información o se dudara sobre su diagnóstico.
La obligatoriedad de disponer de la historia clínica y el derecho a tenerla por parte del paciente ha sido un gran avance, también porque permite que el paciente, llegado el momento pueda hacerla ver por otro profesional médico, si así lo desea.
Nadie puede ofenderse por eso. En definitiva cada persona tiene derecho a hacer lo que considere más conveniente para su salud y tiene también todo el derecho del mundo de consultar a quien se le encante en gana.
Es más, la historia clínica ha pasado a tener mucha importancia para familiares a la hora de revisar el tratamiento médico dispensado a una persona.
En el fondo, no es más que una forma de establecer mayor garantía de responsabilidad y de seriedad por parte del profesional y la mutualista o el sistema de salud que esté prestando el servicio.
Atrás van quedando los años en que la explicación a los dolientes de una persona se limitaba a señalar que el desencadenante de la muerte había sido «un virus» o «una complicación»…
Este es el tema.
