El reciente proyecto de ley aprobado en el Senado que regula el ingreso a las intendencias departamentales mediante concurso o sorteo actuó como un catalizador en la ya tensa situación que vive nuestro departamento. En Salto, la administración se encuentra sumida en un conflicto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOMS), una disputa que tiene como eje central la legalidad de los ingresos por designación directa de 292 funcionarios durante la última etapa del período de Andrés Lima, y su posterior cese por la gestión del intendente Carlos Albisu.
El contexto Legislativo: un refuerzo a la transparencia
Este conflicto en Salto, generado por las designaciones directas, cobra una nueva dimensión ante la media sanción del proyecto de ley en el Senado, el cual promueve la transparencia y el ingreso por mérito. Dicha ley, que contó con el apoyo de la mayoría y la ausencia de votos del Partido Colorado, establecerá un marco regulatorio que busca impedir futuros escenarios como el de Salto. La nueva normativa fortalecería los mecanismos de concurso o sorteo, poniendo un freno a las prácticas de designación discrecional que históricamente han sido fuente de polémica.
Como el proyecto recibió modificaciones, deberá volver a la Cámara Baja para su discusión y posterior sanción. El artículo 4, que fue agregado a la iniciativa a pedido del Congreso de Intendentes, llevó horas de discusión y dispone que las intendencias podrán designar directamente a personas, bajo la modalidad de funcionarios contratados, que cesarán automáticamente al finalizar el período de gobierno en que fueron designados. De la cantidad de cargos presupuestales, el 4% podrán ser contratados de forma directa.
El origen del conflicto: designaciones cuestionadas
La génesis de la disputa se encontró en la resolución adoptada por la actual administración de la Intendencia de Salto. Se determinó la suspensión de la validez de una parte fundamental del convenio colectivo que fuera firmado el pasado 25 de junio. Este acuerdo, cuestionado por la actual gestión, había consolidado la situación laboral de 292 personas que ingresaron a la comuna por designación directa, otorgándoles la calidad de contratados permanente. La decisión del intendente Albisu, ejecutada tres meses después de la firma, cesó el vínculo laboral de estos funcionarios, desatando la inmediata reacción del gremio. La administración fundamentó la medida en razones estrictamente jurídicas, alegando que el mecanismo de ingreso vulneraba principios de igualdad y constitucionalidad.
El Parlamento como escenario de tensión: la posición de la Intendencia
El pasado jueves, el conflicto se trasladó otra vez a la capital cuando el intendente Carlos Albisu compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado de la República. Acompañado por el director de Gestión Humana, Alejandro Secco, el jefe del Área Jurídica, Gabriel Rodríguez, y el asesor legal Héctor Ferreira, el Ejecutivo departamental expuso los argumentos jurídicos que sostuvieron la decisión de suspender los contratos. Allí procuraron ratificar que la decisión fue técnicamente necesaria y esgrimieron sólidos argumentos jurídicos que a juicio de la administración, dan suficiente fundamento a la suspensión de esa parte del convenio.
Discusión y la defensa del convenio
La comparecencia devino en un debate entre los representantes de Salto y los legisladores. El senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, exigió el cumplimiento integral del convenio colectivo y mostró posturas diametralmente opuestas a las manejadas por la Intendencia. Andrade reclamó la estabilidad laboral de los cesados y la validez plena del acuerdo, confrontando los fundamentos jurídicos expuestos por la comuna salteña. La discusión en la comisión osciló intensamente sobre la validez jurídica del convenio firmado en junio y la legitimidad de la medida adoptada por la nueva administración. En el exterior del Palacio Legislativo, decenas de personas, que se trasladaron desde Salto hasta la capital, se manifestaron en apoyo a los funcionarios cesados, buscando visibilizar su reclamo ante la clase política.
ADEOMS apunta alto
La directiva de ADEOMS intensificó sus gestiones a nivel central en un intento por destrabar el conflicto. El pasado martes concretaron importantes reuniones en Montevideo. Autoridades del gremio, acompañados de integrantes del Plenario Nacional del PIT-CNT, se entrevistaron con Luis Puig, director nacional de Trabajo, buscando la mediación del organismo para revertir la situación. Posteriormente, mantuvieron un encuentro con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, a quien expusieron la situación que atraviesan los 291 extrabajadores municipales. La búsqueda de interlocutores en la capital evidencia la dimensión política que adquirió la disputa local, trascendiendo las fronteras departamentales. La directiva apeló al rol de garante del Poder Ejecutivo para que se respete lo firmado.
Un desenlace incierto
La situación en Salto permanece en un punto muerto. Con el gremio firmemente atrincherado en la defensa del convenio colectivo y la Intendencia respaldada por su asesoramiento legal, el conflicto no vislumbra una solución inmediata. Las gestiones en Montevideo y la atención del Parlamento acentuaron la relevancia del caso a nivel país, convirtiendo a Salto en un ejemplo del debate sobre la transparencia en la gestión de recursos humanos departamentales.
