El fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Rafael Ubiría, volvió a pronunciarse por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, en un nuevo expediente judicial por el cual se indagan graves violaciones a los DDHH, durante la dictadura. El representante del Ministerio Público avaló la excepción promovida por la fiscal Ana María Tellechea en la causa caratulada «Organizaciones de Derechos Humanos», por la cual se indagan 20 homicidios perpetrados en Uruguay entre 1973 y 1976, y abogó por la inconstitucionalidad de la norma, indicaron fuentes judiciales al diario, La República.
El dictamen, emitido la semana pasada y ya remitido a la SCJ para su resolución definitiva, reitera los argumentos esgrimidos por la Fiscalía de Corte en la excepción de inconstitucionalidad en el caso de Nibia Sabalsagaray.
En dicho expediente, el fiscal Ubiría consideró que la Ley de Caducidad violenta diversos artículos de la Constitución de la República y se contrapone a normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo, entre ellas la Convención Americana sobre DDHH y la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Sin embargo, el fiscal de Corte dejó asentado en el dictamen su interpretación jurídica sobre la ausencia de legitimidad activa de los fiscales penales para impulsar acciones de inconstitucionalidad contra las normas vigentes, tal cual lo hiciera en el caso Sabalsagaray.
»El fiscal de Corte estima que los fiscales penales no pueden interponer acciones de inconstitucionalidad, pero el tema ya fue laudado por la SCJ en el caso Sabalsagaray, por lo cual resolvió dejar asentado su postura, pero pronunciándose sobre el fondo, es decir, la inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848″, explicaron las fuentes a la mencionada publicación.
