¿Matar por compasión? La cara oscura del proyecto de eutanasia

Uruguay atraviesa hoy un debate profundo y decisivo: ¿puede el Estado autorizar que un ser humano mate a otro… por compasión? ¿Puede la ley convertir en “derecho” el acto de provocar intencionalmente la muerte de otro?

En medio de una grave crisis demográfica y de salud, nuestros representantes impulsan un proyecto de ley que no amplía derechos, sino que redefine el vínculo social más básico: el cuidado de la vida. Se lo presenta como un gesto de humanidad, pero lo que se institucionaliza es la eliminación legal del más débil.

El eufemismo de “muerte digna” esconde un cambio de paradigma: pasar de acompañar al que sufre… a suprimirlo. De curar… a eliminar. De proteger la vida… a gestionar su fin. Lo que se edulcora como “compasión” es, en esencia, la legalización del descarte humano, como ya ocurre en otros países donde esta práctica se ha expandido a pobres, discapacitados, depresivos e incluso niños. Es DESHUMANIZAR LO HUMANO PARA COMETER ACTOS INHUMANOS.

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Lo cierto es que estamos ante una ley que es inmoral, antinatural, inconstitucional, incoherente y peligrosa. Analicemos por qué:

1. Es INMORAL

Porque niega los valores esenciales que sostienen la convivencia: la solidaridad, el respeto por la vida y el cuidado del más frágil. Y lo hace obligando a toda la sociedad a participar: no solo legitimándola, sino financiándola. Los uruguayos que rechazan profundamente esta práctica, por motivos éticos, religiosos o jurídicos, serán forzados a pagarla con sus impuestos. 

Es una perversión del sistema democrático y sanitario: el Estado convierte al ciudadano común en cómplice involuntario de un acto que considera moralmente inaceptable.

Esto no es una política de salud. Es una forma de violencia institucional que convierte al ciudadano común en cómplice forzado de actos que considera aberrantes. En lugar de acompañar, consolar o aliviar el dolor, el Estado propone matar. No es compasión: es abandono legalizado.

2. Es ANTINATURAL

Porque subvierte el principio más elemental del derecho y de la medicina: la inviolabilidad de la vida.

Convierte al médico —sanador por vocación— en ejecutor legal. Transforma el sufrimiento —una dimensión difícil pero profundamente humana— en una justificación para eliminar al que lo padece.

Destruye la confianza en el sistema médico y degrada el rol del Estado, que deja de ser protector para convertirse en facilitador de la muerte. Lo natural es cuidar, no descartar. Acompañar, no suprimir. Sanar, no matar.

3. Es INCONSTITUCIONAL

Porque viola el derecho a la vida consagrado en el artículo 7 de la Constitución uruguaya. La vida es el primer y más fundamental derecho, y no puede estar sometida a las emociones, la tristeza o las condiciones económicas de nadie.

Es una invasión del Estado que viola la libertad de conciencia, de culto y de asociación, al obligar a médicos e instituciones a participar —directa o indirectamente— en prácticas contrarias a sus principios. Incluso quienes se nieguen a ejecutar el acto podrán ser forzados a derivar o facilitar el procedimiento.

En otras palabras, una ley que habilita matar a otra persona —aunque sea con su consentimiento— no puede ser compatible con la Constitución ni con los tratados que nos obligan como Estado.

4. Es INCOHERENTE

Porque choca frontalmente con el sistema jurídico vigente en nuestro país. Un ejemplo claro: la Ley 18.335, que establece los derechos y deberes de los pacientes. Esta ley reconoce el derecho a recibir atención médica digna, cuidados paliativos, acompañamiento psicológico y afectivo. 

A su vez, contradice normas internacionales ratificadas por Uruguay, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que reconocen la vida como un bien inviolable “desde la concepción” y prohíben arbitrariamente privar de ella a cualquier persona.

Es una ley inconsistente con otras leyes que protegen la vida sin excpeciones ni condicionamientos de tipo alguno.  

5. Es PELIGROSA

Este proyecto de ley no solo es inmoral, antinatural, inconstitucional e incoherente. Es, sobre todo, peligroso. Peligroso para el presente y catastrófico para el futuro, porque abre una caja de Pandora de consecuencias difíciles —o imposibles— de revertir. Veamos por qué:

a) Peligrosa porque destruye los controles y garantías más elementales

La ley otorga un poder inmenso —el de matar— sin ningún sistema sólido de contrapesos. No exige el control previo de un juez, ni la participación de una comisión ética independiente que evalúe si la persona está realmente en condiciones de tomar esa decisión, ni siquiera contempla la revisión del consentimiento desde una mirada multidisciplinaria (psiquiatría, psicología, bioética, trabajo social). 

No exige que el paciente haya pasado por cuidados paliativos previos, lo que es gravísimo puesto a que significa que se puede optar por la eutanasia sin haber recibido nunca una asistencia integral contra el dolor físico o emocional. Cualquier puede pedirlo con solo manifestar que su vida es “insoportable”.

Además, excluye a la familia del proceso. En lugar de establecer un mecanismo transparente con participación de los seres queridos, la ley solo exige la firma de dos testigos, que ni siquiera deben ser familiares, ni estar libres de intereses personales. Uno de ellos incluso podría beneficiarse económicamente con la muerte del paciente, y no hay ninguna prohibición expresa al respecto. Esto es gravísimo.

¿Qué clase de Estado promueve una ley que da más valor a dos testigos anónimos que a la propia familia del paciente?

b) Peligrosa por el tipo de médicos que pueden intervenir

La ley exige la intervención de dos médicos… pero no establece ninguna especialidad requerida ni criterios profesionales claros. Por lo tanto, un dermatólogo y un traumatólogo podrían evaluar y autorizar la muerte de un paciente con enfermedad terminal, dolor emocional profundo o sufrimiento psíquico.

No se exige que uno de los médicos sea especialista en cuidados paliativos, salud mental, neurología o tanatología. No hay exigencia de experticia ética, ni formación específica. Simplemente se requiere que “sean médicos”. Esto es una banalización inaceptable del acto más irreversible que puede ejecutarse sobre una vida humana.

c) Peligrosa por los enormes conflictos de interés que habilita

El mayor de los peligros está en a quién le estamos otorgando el poder de matar: a un sistema médico colapsado, deficiente, deshumanizado, muchas veces incapaz de brindar atención básica.

Las instituciones de salud —públicas y privadas— se rigen por criterios económicos, no por humanidad. Su funcionamiento depende de presupuestos, costos operativos, disponibilidad de camas, y eficiencia administrativa.

En este marco, la eutanasia aparece como una solución tentadora para una institución que debe afrontar tratamientos costosos, pacientes sin cobertura, camas de CTI ocupadas durante semanas, recursos humanos saturados y juicios por mala praxis.

Los posibles incentivos para promover la muerte son múltiples:

• Abaratar costos.
• Liberar camas y recursos.
• Evitar tratamientos largos o fallidos.
• Encubrir errores médicos.
• Ocultar casos de abandono o negligencia.
• Evitar demandas judiciales.
• Incluso facilitar redes criminales de tráfico de órganos.

Además, los médicos que intervienen suelen ser de la misma institución que se beneficiaría con la desaparición del paciente. ¿Quién garantiza entonces la imparcialidad de esa evaluación? Estamos ante un conflicto de interés estructural, que pone en jaque la seguridad del paciente y degrada completamente la ética médica.

d) Peligrosa por su lenguaje ambiguo y manipulador

El proyecto habla de “padecimientos irremediables” y “situaciones insoportables”, sin definirlos de manera objetiva. Son conceptos vagos, genéricos, subjetivos, que permiten interpretar casi cualquier condición como motivo para una eutanasia.

Una persona con discapacidad, una enfermedad crónica, una depresión persistente, un sufrimiento existencial o incluso alguien en soledad podría argumentar que su vida se ha vuelto “insoportable”.

Y si el sistema ya considera que su vida es cara, improductiva o irrelevante… ¿qué lo detendrá? Absolutamente nada.

e) Peligrosa porque impide todo control efectivo posterior

El artículo 7 del proyecto establece que la notificación al Ministerio de Salud Pública y a la Fiscalía debe hacerse después de ejecutado el acto. Es decir, cuando la persona ya está muerta.

Y lo más grave: la muerte se inscribe como “natural”, lo que impide:

• La realización de autopsias.
• La apertura de investigaciones.
• El control estadístico y científico.
• El seguimiento judicial de irregularidades.
• La denuncia por parte de familiares o allegados.

En otras palabras: el acto de matar queda sellado, invisibilizado y amparado por el silencio institucional.

f) Peligrosa porque abre una pendiente resbaladiza

En todos los países donde se aprobó —Bélgica, Países Bajos, Canadá— la eutanasia comenzó como algo “excepcional”, pero con el tiempo:

• Se extendió a personas con depresión.
• Luego a discapacitados.
• Después a pobres.
• Y finalmente a niños y adolescentes.

Hoy en Canadá se discute permitirla incluso a personas sin enfermedades físicas pero con “fatiga existencial”.

Esto se conoce como pendiente resbaladiza o también como la ventana de Overton: lo que antes era impensable, hoy se vuelve discutible; lo discutible se vuelve aceptable; y lo aceptable se legaliza.

Y así, la excepción se convierte en norma. Lo que hoy se presenta como “por compasión” se vuelve “por conveniencia”. Y finalmente, “por sistema”.

g) Peligrosa porque destruye la ética médica y la medicina misma

Uno de los pilares más antiguos y fundamentales de la medicina es el juramento hipocrático, que compromete al médico a “no administrar jamás una sustancia letal, aunque se le solicite”. Este principio, vigente desde hace más de 2.400 años, no es un formalismo del pasado: es la base ética que protege la confianza entre paciente y profesional.

El proyecto de ley dinamita ese principio. Le otorga al médico una facultad incompatible con su rol: la de provocar la muerte. Deja de ser exclusivamente un sanador, y pasa a convertirse —por mandato legal— en ejecutor de vidas ajenas. Se trata de una transformación radical en la identidad de la medicina.

Desde el momento en que el acto de matar se define como “terapéutico”, se desdibuja el límite moral de la profesión médica. La eutanasia convierte la práctica clínica en una herramienta de eliminación, banaliza la muerte, y siembra desconfianza en el sistema de salud.

¿Cómo confiar en quien puede ofrecer la muerte como tratamiento?
¿Cómo sentirse seguro frente a un sistema que deja de comprometerse plenamente con la vida?

La eutanasia corrompe desde dentro la misión médica. De ciencia de la vida, la medicina se degrada en tecnología de la muerte. Por eso, este proyecto no solo es riesgoso: es letal para la ética profesional, para la confianza social y para toda la humanidad que habita en el acto de cuidar.

h) Peligrosa porque legaliza la discriminación de fondo

Uno de los peligros más graves de este proyecto es que rompe el principio de igualdad ante la ley. La eutanasia crea, de hecho, una categoría de vidas descartables: aquellas que, por su sufrimiento, discapacidad, edad o carga económica, pueden ser eliminadas «legalmente».

Esto es una forma de discriminación estructural y sistemática, que desprotege a los más vulnerables. Mientras la Constitución y los tratados internacionales nos dicen que todos los seres humanos tienen igual dignidad, esta ley distingue entre vidas valiosas y vidas eliminables. Instala la idea de que hay personas cuya existencia ya no merece protección.

Legalizar la eutanasia significa, por tanto, romper el principio esencial de igualdad ante la ley. Y una sociedad que abandona ese principio está abriendo una puerta muy peligrosa para el futuro.

6. Conclusión

Este proyecto no es progreso. Es un retroceso devastador en humanidad, en derecho y en compasión.

Como advirtió el obispo Clemens von Galen en 1941, ante el programa de eutanasia nazi:

“¿Quién podrá confiar en su médico? Puede que lo califique de improductivo y reciba instrucciones para matarlo.”

Y como alertó el bioeticista neerlandés Theo Boer —quien primero promovió la eutanasia y luego se opuso con firmeza—:

“No hagan lo mismo que nosotros. Hoy ya no controlamos lo que creamos.”

La eutanasia no es libertad. No es dignidad. Es egoísmo, descarte y burocratización de la muerte.

Uruguay merece un futuro en el que se acompañe al que sufre, no se lo elimine.