La tensión política en Salto alcanza un punto crítico tras la presentación del informe técnico por parte del Ejecutivo. Mientras la Intendencia defiende una «solución estructural» por 60 millones de dólares, la oposición califica la documentación como «no vinculante» y apuesta a financiar la infraestructura con partidas nacionales, descartando el endeudamiento a largo plazo.
La entrega formal del documento con el Plan de Obras por parte de la Intendencia de Salto a los coordinadores de bancada de la Junta Departamental no logró el efecto de persuasión esperado. Por el contrario, parece haber consolidado la trinchera opositora. El Frente Amplio (FA), fuerza política determinante para habilitar la mayoría especial que requiere el fideicomiso, reafirmó en las últimas horas su postura negativa, argumentando que el debate sobre las obras debe darse exclusivamente en el marco del Presupuesto Quinquenal y no a través de una línea de crédito extraordinaria a 20 años.
El presidente de la Mesa Política del Frente Amplio en Salto, Luis Alonso, fue contundente al marcar la cancha tras recibir la nueva documentación. Lejos de considerar el informe técnico como un insumo para rever la posición, Alonso dejó en claro que la estrategia de su fuerza política permanece incambiada: estudiar, sí, pero bajo sus propias reglas de juego.
Un debate fuera de tiempo
Para la conducción frenteamplista, el Ejecutivo Departamental está invirtiendo el orden de los factores. “El Frente Amplio definió seguir”, aseguró Alonso, refiriéndose a la continuidad del análisis de la documentación, pero con una advertencia central: la discusión está fuera de contexto.
La postura de la coalición de izquierda se basa en que cualquier planificación de obra pública de esta envergadura debe ser parte de la «construcción presupuestal» que regirá el quinquenio, un proceso que, según recuerdan, aún no se ha formalizado ante el legislativo. “Nuestra posición sigue incambiada, entendiendo que estamos estudiando las obras en ese marco de discusión, o de estudio del presupuesto quinquenal que aún no fue presentado”, sentenció el presidente del FA.
Esta definición estratégica busca desarticular la urgencia planteada por la administración del intendente, quien ha insistido en que el fideicomiso es vital para “recuperar de forma sostenida la inversión pública” y “transformar pasivos de corto plazo”. Sin embargo, para la oposición, aprobar un endeudamiento de 60 millones de dólares (unos $2.400 millones de pesos) antes de discutir la hoja de ruta general del gobierno (el Presupuesto) sería un cheque en blanco conceptual.
¿Obras nuevas o viejos conocidos?
Uno de los puntos más álgidos de la controversia gira en torno a la novedad de los proyectos presentados. El informe del Ejecutivo detalla intervenciones específicas como la rehabilitación de la Avenida Concordia ($260 millones), la Avenida Manuel Oribe ($300 millones) y la conversión del Vertedero en relleno sanitario ($195 millones).
Sin embargo, Luis Alonso puso en duda la originalidad de esta carpeta. Según el dirigente, “muchas de esas obras estuvieron incluidas en proyectos que ya están en carpeta en la Intendencia por parte de nuestro Gobierno Departamental del Frente Amplio en los períodos correspondientes”. Esta afirmación sugiere que la actual administración estaría utilizando iniciativas heredadas o previamente planificadas para justificar un nuevo endeudamiento, en lugar de ejecutarlas con recursos genuinos.
El documento oficial, por su parte, defiende que estas intervenciones se fundamentan en “diagnósticos técnicos, estudios de movilidad y análisis estructurales realizados durante los últimos años”, y que son necesarias para “elevar la calidad de vida de la población”. La disputa, entonces, no es sobre la necesidad de la obra —nadie niega la urgencia de arreglar la avenida Pascual Harriague o el Estadio Bernasconi— sino sobre la «paternidad» de los proyectos y, fundamentalmente, la fuente de financiamiento.
La carta de los fondos nacionales
En un giro que busca nacionalizar la discusión, el Frente Amplio adelantó que no se quedará solo en la negativa local. Alonso reveló que la fuerza política está “asesorándose con sus actores de gobierno nacional” para explorar alternativas de fondeo que no impliquen deuda para los salteños.
El objetivo es determinar si el costo de estas obras estructurales puede ser absorbido por las partidas nacionales que el gobierno central transfiere a las intendencias. “Ellos nos dirán si el costo de estas obras pueden ser incluidas también en lo que van a ser las partidas nacionales al gobierno departamental”, explicó Alonso. Esta jugada traslada la presión: si el gobierno nacional valida que hay recursos disponibles sin necesidad de fideicomiso, el argumento financiero de la Intendencia de Salto podría desmoronarse.
Documentación «no vinculante»
Desde lo estrictamente jurídico y procedimental, el FA también marcó una «salvedad» que considera grave. Alonso subrayó que la voluminosa información técnica presentada por el equipo de Hacienda —que incluye análisis de flujo de fondos, ratios de sostenibilidad y memorias descriptivas— no forma parte del articulado legal que los ediles deben votar.
“Esta documentación que aparece ayer no está incluida en el proyecto de decreto que tiene que considerar la Junta Departamental. Sigue estando por fuera de ese decreto y no es vinculante en ningún sentido”, advirtió Alonso.
Esta distinción es clave. Mientras el informe promete, por ejemplo, una tasa de interés tope del 8% y un tope de gastos de estructuración del 0,7%, la oposición teme que, al no estar estas condiciones «atadas» dentro del decreto de anuencia, la Intendencia tenga las manos libres para negociar condiciones menos favorables una vez aprobado el préstamo. El oficialismo, en cambio, sostiene que el procedimiento incluye la intervención previa del Tribunal de Cuentas y un llamado público competitivo que aseguran la transparencia.
Inconsistencias contables y el fantasma de la doble cuota
A la postura política de Alonso se suman los cuestionamientos técnicos que ya venían manejando los ediles de la Comisión de Hacienda. Juan Pablo Rocca, edil frenteamplista que ha estudiado los números finos, fue lapidario tras el primer análisis.
“Reafirma nuestra postura porque terminan dando la razón a nuestro análisis interno por la cantidad de inconsistencias contables”, señaló Rocca. Su preocupación principal radica en el diseño del repago. El informe plantea la “Posible Integración/reestructuración del saldo del Fideicomiso Daymán” como una forma de aliviar la carga. Sin embargo, para Rocca, el término «posible» es una trampa semántica.
“Está bien que dice ‘posible’ porque por contrato no es que se cancela o reestructura tan fácil”, explicó el edil, recordando que un intento similar fracasó durante la pandemia por la rigidez contractual de los acreedores. El riesgo, advierte, es que Salto termine pagando “dos cuotas en paralelo durante 6 años”: la del viejo Fideicomiso Daymán y la del nuevo endeudamiento. Esto asfixiaría las finanzas comunales en lugar de liberarlas.
“Si después del estudio presupuestal, después del análisis de los fondos nacionales que vienen para cubrir obras departamentales, el gobierno entiende que eso es insuficiente dentro del presupuesto, que no le da para hacer las obras que pretende y quiere realizar en este quinquenio bueno… El Frente Amplio no está cerrado a discutir en ese marco de la discusión presupuestal una fuente de financiamiento que complete el plan de obras para el quinquenio, pero con tiempo, con criterios claros, con planes, con auditorías, con contralor, con todo lo que conlleva. Y buscar otra forma de financiamiento como puede ser un fideicomiso de obra como se hizo en Canelones y en Rocha…”.
Luis Alonso – Presidente Frente Amplio Salto
Un escenario de incertidumbre
El informe del Ejecutivo intenta transmitir solidez, proyectando que incluso en un escenario adverso de caída de ingresos, la Intendencia podría cumplir sus compromisos. Destaca que el nivel de deuda resultante (48% de los ingresos) estaría muy por debajo de los umbrales críticos internacionales.
Sin embargo, estos argumentos técnicos chocan contra una pared política. Con el Frente Amplio abroquelado en el «No», insistiendo en esperar al Presupuesto y buscando fondos en Montevideo, y con denuncias sobre la falta de validez legal de los anexos presentados, el camino para el Fideicomiso Salto 2030 parece cada vez más empinado.
La administración se enfrenta ahora a una encrucijada: o logra convencer a la oposición de que este instrumento es la única vía para no detener el departamento —algo que hoy parece improbable— o deberá gobernar y ejecutar obras con la caja diaria, un desafío mayúsculo dado el volumen de inversión que requieren infraestructuras críticas como la Manuel Oribe, Pascual Harriague, el estadio Bernasconi o la Avenida Rodó.
La frase final de Alonso resume el estado de situación: “Estudiaremos el tema con el respeto y la seriedad que se merece, pero seguimos firmes”. Una firmeza que, por ahora, deja los 60 millones de dólares en el papel.
