7.300 viviendas sin uso y una ley que busca respuestas
Según el último censo nacional, el departamento de Salto cuenta con más de 7.300 viviendas deshabitadas. Esta cifra representa un 13,9% del total de unidades habitacionales en el departamento y pone de manifiesto un problema estructural que afecta no solo al norte del país, sino a todo el territorio nacional. De ese total, cerca de un 40% está vacío sin una justificación clara: no son casas para alquilar, ni para vender, ni para reformas, ni tampoco viviendas de uso temporal. Simplemente permanecen cerradas, muchas veces en estado de deterioro.
El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, es uno de los principales impulsores de una agenda legislativa orientada a enfrentar esta situación. En entrevista con Diario El Pueblo, explicó que el fenómeno de las viviendas vacías no es nuevo ni coyuntural. Por el contrario, sostiene que se trata de un problema estructural que se ha consolidado desde mediados de los años 90, con un crecimiento sostenido y sin respuestas efectivas por parte del sistema político.
A nivel nacional, se contabilizan más de 300.000 viviendas vacías. Al descontar las que están vacías por motivos justificados, como ser segunda propiedad, estar en venta o alquiler, o en proceso de reparación, aún queda un núcleo duro de 97.000 padrones sin uso ni destino claro. «Hay muchas de esas viviendas que están en situación de abandono, con deudas superiores a su valor patrimonial. En algunos casos, incluso degradadas a tal punto que impactan negativamente en su entorno urbano», explica Andrade.
El legislador presentó en la pasada legislatura dos proyectos de ley para abordar este vacío habitacional. Uno de ellos propone acelerar los mecanismos para identificar estas propiedades y permitir su expropiación por deuda compensable, una figura legal vigente desde 1912 pero escasamente utilizada. El otro, busca generar mecanismos fiscales que desestimulen la especulación inmobiliaria prolongada: viviendas que están vacías por más de dos años sin justificación pagarían un gravamen adicional.
Andrade destaca una experiencia piloto realizada por la Intendencia de Montevideo en el periodo pasado, donde se identificaron 83 padrones con deuda compensable, de los cuales se logró expropiar 63. «Allí se desarrollaron proyectos cooperativos que permitieron resolver el acceso a la vivienda de más de mil personas. Y en muchos casos, se aprovechó la posibilidad de construir en altura o usos comunitarios en zonas consolidadas con servicios, lo que maximizó el impacto positivo».
Para el senador, la clave está en revertir el modelo que ha predominado en las últimas décadas: promover la construcción en la periferia, donde no hay infraestructura suficiente, en lugar de reutilizar zonas urbanas consolidadas y subutilizadas. «La fragmentación territorial genera desigualdad, deterioro urbano, problemas de seguridad y altos costos sociales. Si seguimos construyendo en los bordes, sin acceso a policlínicas, transporte o centros educativos, estamos consolidando la exclusión», advirtió.
En el caso de Salto, las 7.327 viviendas deshabitadas constituyen una oportunidad perdida. Andrade desagrega que aproximadamente 3.000 de esas viviendas no tienen justificación para su desuso. Aunque solo 400 de ellas fueran recuperadas con fines sociales, si en promedio pudieran destinarse a cooperativas de 20 familias, son cerca de 8.000 personas con acceso a vivienda en zonas centrales, bien ubicadas y con servicios.
El senador también subraya que existen herramientas legales y técnicas para avanzar, como la Ley de Ordenamiento Territorial de 2008, que otorga a las intendencias el derecho de preferencia en la compra de inmuebles estratégicos para el plan urbano, o la ley de vacíos y degradados de 2018, que permite remates judiciales de viviendas abandonadas. Sin embargo, lamenta que estas normativas estén subutilizadas por falta de presupuesto, voluntad política o incluso conocimiento institucional.
La propuesta también incluye la posibilidad de aplicar el derecho de superficie, figura legal por la cual el Estado mantiene la propiedad de la tierra pero concede su uso para proyectos habitacionales. «Eso evita que viviendas destinadas a sectores vulnerables terminen vendidas por dos pesos y desviadas de su objetivo original. Ya se ha usado para parques eólicos, puede usarse también en vivienda», remarca.
Andrade señala que este no debe ser un tema de confrontación partidaria. «Es posible llegar a acuerdos. Lo importante es instalar el debate y actuar. No hay que esperar una crisis mayor para movernos. Si logramos que todos los partidos se sumen a una redacción mejorada de estos proyectos, bienvenida sea. Lo central es reactivar la función social de la vivienda».
En este sentido, adelantó que en las próximas semanas se retomará el trabajo en la Comisión de Vivienda del Parlamento, y que se iniciarán rondas de contacto con facultades, cooperativas y gobiernos departamentales. «Queremos salir al interior, a hablar con las intendencias, con las juntas, con los vecinos. Porque no se trata solo de aprobar leyes, sino de entender la política de vivienda como una estrategia de desarrollo, integración y justicia social», concluyó.
Escuche un fragmento de la entrevista:
