Si pones al gobierno a cargo del desierto de Sahara, en cinco años habrá escasez de arena
Milton Friedman
En esta dicotomía de planificación estatal y libertad individual, opto siempre por la segunda. Confiamos en las personas, desconfiamos en la planificación del Estado y más aún de su administración de nuestros propios recursos. Y esta desconfianza, por supuesto, incluye el rol del Estado en la seguridad social.
La seguridad social de reparto y ahorro forzoso es un sistema coactivo (te saca sin preguntar), deficitario, ineficiente y arbitrario.
Desde hace décadas, las pruebas están a la vista, pero el ciudadano sigue pensando que un sistema que no tiene forma de solventarse solo, que tiene falencias por todos lados y que pagamos todos los uruguayos, incluso los que nunca van a recibir una prestación de dicho organismo, es el mejor. En ese sentido, todos hemos sido adoctrinados a pensar que el servicio de prestaciones sociales solo puede ser llevado a cabo por el Estado, aunque lo haga pésimamente. Nos resignamos a que sea así, y concluimos en forma apresurada que nadie más puede hacerlo, que es un servicio que inevitablemente debe ser llevado a cabo por el Estado.
Pero ya es hora de madurar y evaluar las cosas con seriedad y profesionalismo.
Sepan, lectores, que hemos sido engañados por los relatos socialistas, que se benefician de la caja multimillonaria que le provee la seguridad social, siendo la herramienta más importante para ejecutar su (in)justicia social. De ahí que haya un fuerte adoctrinamiento hacia la población, convenciéndola de que somos incapaces de administrar nuestros propios recursos, que con tanto esfuerzo nos ganamos, y que será una entidad estatal abstracta, integrada por funcionarios a quienes no les importa nuestro esfuerzo por obtener nuestros ingresos, la que administrará mejor los recursos que aquellos que se esforzaron por obtenerlos.
¡Nunca lo harán!
El hombre está plenamente dotado para administrar por su cuenta lo que gana con su propio esfuerzo, y en ese sentido debe quedarse con todo el fruto de su trabajo y disponer de ello como quiera. Siendo su propiedad privada, no hay duda de que gestionará mucho mejor sus recursos que cualquier Estado del mundo.
Las evidencias empíricas son muy claras cuando comprobamos la absoluta ineficiencia del sistema de seguridad social, donde prolifera el despilfarro y la corrupción. Y cuando la persona se jubila, sus prestaciones no son equivalentes a su aporte, y por eso su jubilación es una miseria. Nada de esto sucedería si es la propia persona la que administra sus ingresos, ahorrando, contratando una póliza de seguro, una cuenta de ahorro personal, caja de auxilios o de socorro, etc., en la que podrá administrar perfectamente sus recursos, se le retraerán mínimas comisiones y podrá jubilarse con un monto adecuado, en el que existirá completa equivalencia entre lo aportado y el reintegro, siendo además un sistema moralmente irreprochable (se cobra el dinero derivado del propio ahorro).
Para que la seguridad social sea sustentable se necesitan como mínimo 4 aportantes por cada jubilado, es decir, una relación de 4 a 1. En Uruguay, estamos como mucho en una relación de 1,3 por 1, con lo cual es imposible que funcione. El sistema de reparto horizontal intergeneracional de ahorro forzoso no solo tiene un sustento inmoral, por cuanto saca por coacción recursos ajenos que son administrados por otros, sino que es una enorme estafa piramidal en la que los que ingresan no pueden solventar a los que egresan. Hoy la pirámide se ha invertido a consecuencia de varios factores:
(i) la política pública de la cultura de la muerte que lleva adelante Uruguay, que ha derivado en un alarmante descenso en la natalidad, con lo cual cada vez hay menos jóvenes ingresando al sistema en la base de la pirámide;
(ii) el aumento de las expectativas de vida: hoy las personas viven más y, por ende, hay más pasivos en el vértice de la pirámide, que cobran sus pensiones por más tiempo;
(iii) el aumento de las prestaciones sociales; y
(iv) la informalidad laboral.
La historia ha demostrado con suma contundencia que es un sistema completamente insostenible, evidenciado en un sinnúmero de “salvatajes” frente a la amenaza del colapso y por la sencilla razón de que todos los meses el Estado debe “inyectar” dinero público para que no quiebre. Nuestros impuestos terminan desviándose hacia destinos impropios, para solventar un sistema que debería ser autosustentable, lo que se traduce en más impuestos, más presión fiscal… más gente empobrecida.
Y no solo eso. El ahorro forzoso, a través de contribuciones patronales y personales, repercute negativamente justamente en los más pobres, por cuanto el alto costo de los aportes tiene un costo laboral muy importante que termina impactando en los trabajadores en detracción de salarios, puestos de trabajo, etc., y también en los consumidores, en aumento de precios. En fin, el alto costo del ahorro forzoso y su déficit no lo pagan “otros”, sino los más pobres y vulnerables.
Entonces, con tanta evidencia:
¿Cómo podemos seguir pensando que este es el mejor sistema para nuestros ahorros?
Es curioso el hecho de que las personas, en sus vidas particulares, jamás contratarían un sistema tan deficiente, pero ese obrar exigente como consumidores se extingue por completo a la hora de valorar los servicios estatales. Las personas cambian sus exigencias y lo toleran todo, sin chistar, con una resignación pasiva que paradójicamente no tienen en su propia vida. Esto lo único que evidencia es el adoctrinamiento salvaje en el que estamos inmersos, cuando la evidencia desde hace décadas nos muestra la completa ineficiencia del servicio y nosotros seguimos repitiendo como loros que es el Estado el que debe realizar esta tarea, sin siquiera hurgar, investigar, estudiar si eso es realmente así, si es verdad que no existen otras alternativas que cuiden mejor los ahorros de las personas.
Y, sin embargo, las hay!
El buen funcionamiento del ahorro personal e individual a través de pólizas de seguros, cajas de ahorro o socorro, planes bancarios de cuenta de ahorro, son una muestra contundente de que otras alternativas son posibles y funcionan. Y que funcionaban a la perfección antes de que en el año 1889 el canciller alemán Otto von Bismarck ideara este sistema de reparto y lo socializara. Lo cierto es que, si estas sencillas soluciones no son puestas en práctica por el espectro político, es porque se trata de una caja multimillonaria que no se quieren perder. Es una caja para redistribuir lo ajeno, a costa del pobre jubilado.
La seguridad social no se sustenta por sí sola y, en el sector privado, el Banco de Previsión Social hubiera quebrado hace décadas. Sin embargo, contra toda lógica, subsiste y se expande, y ello sucede porque es pagado por todo el pueblo uruguayo, a pesar de que muchos nunca recibirán nada de ese organismo.
Entonces, dos premisas ineludibles:
1) La persona es plenamente competente para administrar sus propios ingresos y nadie mejor que él para hacerlo;
2) El Estado no administra mejor los recursos ajenos que uno mismo. Imposible. Siempre lo hará peor.
Entonces, siendo la seguridad social una parte importante del Estado y en esta concepción de Estado limitado, se necesita una seguridad social restringida únicamente a las personas que realmente lo necesitan, las que no pueden valerse por sí mismas (discapacitados). Los demás (pensiones, jubilaciones, desempleo, enfermedad) deben quedar en la órbita privada, donde los recursos se manejarán con muchísima más eficiencia, con total libertad de las personas que los han obtenido.
El Estado se limitaría a brindar las condiciones adecuadas para que tal sistema de ahorro individual funcione correctamente. Nada más.
El impacto en la población de esta política sería sumamente beneficioso.
Es hora de ponerla en práctica.
