ADEOMS defiende permanencia de 292 funcionarios designados
A pocos días del cambio de administración en la Intendencia de Salto, cuando el próximo 10 de julio Carlos Albisu asumirá el cargo de intendente, se firmó en Montevideo un convenio colectivo que genera polémica en el ámbito político y social. El acuerdo, refrendado entre la administración saliente y el gremio de funcionarios municipales ADEOMS, asegura la permanencia laboral de 292 trabajadores que ingresaron por la vía de designación directa durante el último período del exintendente Andrés Lima. La medida es interpretada desde sectores de la oposición –futuro oficialismo- como una “maniobra de blindaje”, pero desde el sindicato lo defienden enérgicamente como el resultado de un proceso negociador legítimo y prolongado.
Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS subrayó que el convenio no es una decisión improvisada ni unilateral del Ejecutivo saliente, sino que forma parte de un proceso de más de un año y medio de negociación colectiva: “La estabilidad laboral de estos compañeros nace desde las bases, desde los sectores de trabajo, no es algo impuesto desde arriba”. En ese sentido, sostuvo que la firma del convenio colectivo, alcanzado bajo el marco legal de la Ley 18.508 de Negociación Colectiva en el sector público, tiene plena legitimidad jurídica y política.
Frente a las críticas sobre los ingresos por designación directa, Gómez fue categórico: “Nada diferente a lo que ha pasado históricamente en la Intendencia. Quienes hoy critican la designación directa son los mismos que la crearon. Y cuando en 2016 presentamos junto con la Intendencia un proyecto para limitar esos ingresos a un máximo de 90 por período, fue rechazado por la Junta Departamental, donde el Frente Amplio no tenía mayoría”.
Consultado por las comparaciones con el año 2015, cuando 252 funcionarios designados durante la administración de Germán Coutinho fueron cesados por Lima, Gómez diferenció ambos contextos: “En 2015, la Intendencia estaba fundida, con casi 2.000 funcionarios y un rubro cero en 80%. Hoy, en 2024, hay 1.726 funcionarios y el rubro cero representa solo el 60% del presupuesto, el más bajo en 15 años. En ese entonces, había deudas con proveedores, sueldos impagos y servicios paralizados. Esta situación es completamente distinta”.
Además, recordó que en 2015 el cese se respaldó jurídicamente en el artículo 18 de una norma presupuestal aprobada por unanimidad por la Junta Departamental. En cambio, los funcionarios efectivizados hoy, aseguró, lo hacen bajo el amparo de una ley nacional y un convenio colectivo que fue además respaldado por una norma presupuestal departamental aprobada en 2021, también por unanimidad. “No se trata de una resolución del intendente. Esto tiene fuerza de ley”, afirmó.
Gómez también se refirió a los rumores sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno departamental intente revertir la efectivización de estos funcionarios: “La herramienta jurídica que se usó en 2015 no habilita en este caso. Hoy existe una ley nacional vigente y un convenio colectivo que garantiza los derechos adquiridos. Si se pretende desconocer eso, se estaría incumpliendo un marco legal muy claro”.
Ante las críticas que apuntan a que la medida perjudica al próximo gobierno, el dirigente sindical respondió con firmeza: “El único perjuicio que pueden tener es que, si pretendían ingresar a sus militantes por designación directa, esos cargos ya están ocupados por funcionarios. Pero si están tan en contra de la designación directa, que los ingresos que hagan sean por concurso y sorteo. Si no, sería repetir un discurso hipócrita”.
Por último, Gómez remarcó que ADEOMS está dispuesto a colaborar con la próxima administración: “Nuestra organización sindical se reunió con todos los candidatos a la Intendencia, incluido Albisu. Dejamos en claro nuestra intención de contribuir a una buena gestión, porque si a la Intendencia le va bien, a los trabajadores también les va bien. Ojalá el próximo gobierno tenga la madurez política para entender eso y avanzar”.
Con este panorama, se cierra una etapa de la gestión frenteamplista que deja como uno de sus últimos actos una medida que será clave para el futuro laboral de casi 300 funcionarios y que, sin dudas, marcará el tono de la relación entre el nuevo Ejecutivo departamental y el sindicato.
