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domingo, noviembre 30, 2025

Chiriff sostiene que la Intendencia busca el «equilibrio» a costo de funcionarios

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Diario EL PUEBLO digital

El caso Texeira Núñez: un procedimiento cuestionado

Desde la vereda del Frente Amplio, el exsecretario general, Gustavo Chiriff, valoró la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que calificó como acto de corrupción la designación del ingeniero Juan Manuel Texeira Núñez como director de Obras, dado que su padre, Walter Texeira Núñez, es el actual secretario general de la comuna. Para Chiriff, el cuestionamiento no se centró en la idoneidad profesional del joven, sino en el cómo se hizo el procedimiento.

La figura del Secretario Ad-Hoc y la falta administrativa

Se destacó como primer elemento «llamativo» la forma en que se concretó el nombramiento: el secretario general, Walter Texeira Núñez, no podía firmar la resolución que designaba a su propio hijo, por lo que se recurrió a un secretario ad-hoc, Alejandro Secco, para realizar ese trámite. Chiriff recordó que la figura del secretario ad-hoc es necesaria en la Administración. Sin embargo, señaló que utilizar esta figura justamente para firmar el ingreso del hijo del secretario general resultó lo primero, llamativo.

Relación de dependencia y el Organigrama Departamental

Chiriff desestimó el argumento de la Intendencia que planteaba que la Dirección de Obras no depende de la Secretaría General y, por lo tanto, no existe una relación laboral que genere incompatibilidad. Afirmó que la Intendencia se basó en el Anexo Uno del Decreto Departamental de Presupuesto, que en realidad es el organigrama oficial, votado por la Junta Departamental, y que no es simplemente “un dibujo”. Interpretó que, si bien la distribución administrativa del Capítulo 2, Artículo 10, no detalla la dependencia de los directores, el organigrama sí muestra la relación jerárquica. Además, se resaltó que el secretario general tiene un rol de aval y autorización de proyectos de Obra y es parte del Gabinete, lo que establece una relación laboral y, por ende, una incompatibilidad.

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El alcance de la JUTEP y la decisión política

El exjerarca aclaró que la JUTEP no tiene capacidad sancionatoria, sino que su rol es el de exhortar. El oficio de la JUTEP recae sobre la Junta Departamental. El Frente Amplio, a través de sus ediles, anunció que continuará impulsando los caminos necesarios para solicitar la renuncia del secretario general o del director de Obras y concretó un nuevo Llamado a Sala al intendente Albisu tras una votación unánime en la sesión ordinaria del pasado jueves.

El ajuste financiero recae sobre los trabajadores

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En otro orden, Chiriff abordó la situación económica de la Intendencia, poniendo énfasis en la comparecencia del director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, y el secretario general, Walter Texeira Núñez, ante la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental. La principal preocupación tras esa instancia fue que la administración dio a entender que el ajuste de la Intendencia viene por los trabajadores, a entender de Chiriff. Recordó que el cese de 291 funcionarios implica un ahorro anual de aproximadamente $254.5 millones de pesos, equivalentes a unos $6.3 millones de dólares, cifra cercana al monto de una cuota anual del Fideicomiso Daymán.

La reducción del pago por tarea insalubre y la pérdida salarial

Una de las medidas de ajuste apuntó a la revisión y posible recálculo o nueva tipificación de la tarea insalubre. El exsecretario general afirmó que, si bien existieron casos en administraciones anteriores donde se pagaba insalubridad a funcionarios que no les correspondía, y esos casos fueron revisados y se les retiró el beneficio, la preocupación actual radica en que una nueva tipificación podría significar que muchos trabajadores dejen de percibir este beneficio. Destacó que esta compensación representa una pérdida de salario real de un 19.4% del sueldo base para quienes la perciben y recordó que el pago de la insalubridad tiene un decreto departamental que lo regula y que se buscó que sea justo, modificando su cálculo en el período anterior para que los funcionarios pudieran cobrar la totalidad de los días trabajados si superaban el mínimo de jornales. Juzgó que la administración podría intentar regular este porcentaje en el borrador del Presupuesto Quinquenal con una modificación en este sentido.

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