El Gobierno oficializó un aumento salarial del 4,5% para funcionarios públicos. Rige desde enero de 2026 y se cobra en febrero junto al sueldo.
El Poder Ejecutivo oficializó, mediante un decreto, un nuevo ajuste salarial para los funcionarios públicos, que comenzará a cobrarse a partir del mes de febrero, cuando se realice la liquidación correspondiente a los haberes de enero. La medida confirma un incremento general del 4,5% en las remuneraciones del sector público, alineado con la inflación proyectada para el año 2026 según las estimaciones oficiales del Gobierno.
De acuerdo con el texto del decreto, el ajuste rige con efecto retroactivo desde el 1º de enero de 2026 y se aplicará sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 2025. Este incremento alcanza a todos los conceptos salariales, sin distinción de la fuente de financiamiento, ya sea que los sueldos se abonen con cargo a Rentas Generales, Recursos con Afectación Especial u otros fondos previstos por leyes específicas.
La disposición abarca a los funcionarios públicos comprendidos dentro de los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional, lo que incluye a la Administración Central y a diversos organismos del Estado. Además, el ajuste no se limita únicamente a los salarios básicos, sino que también alcanza a los subsidios correspondientes a cargos políticos y de particular confianza, así como a los incentivos de retiro y a los funcionarios contratados bajo distintos regímenes legales.
Desde el Poder Ejecutivo se destacó que la medida busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos frente a la evolución de los precios, manteniendo una referencia salarial coherente con las proyecciones macroeconómicas definidas para el próximo año. En ese sentido, el porcentaje de ajuste responde a la inflación esperada y se enmarca en la política salarial general definida por el Gobierno.
Un ajuste de características similares se aplicará también en los entes autónomos y servicios descentralizados, donde las remuneraciones se actualizarán bajo los mismos criterios establecidos en el decreto. Sin embargo, la situación es diferente en el caso de los bancos públicos, donde aún no se ha alcanzado un acuerdo para la renovación del convenio colectivo, que venció en setiembre del año pasado. Las negociaciones en ese sector continúan abiertas y se espera que en las próximas semanas se definan los términos de un eventual ajuste salarial.
El cobro efectivo del incremento se reflejará en los recibos de sueldo de febrero, dado que el ajuste se aplicará sobre los salarios de enero. Esto implica que los funcionarios percibirán el aumento junto con las partidas habituales, lo que tendrá un impacto directo en los ingresos del sector público desde el inicio del año.
Con la publicación del decreto, el Gobierno dio por cerrado el proceso de definición del ajuste salarial para la Administración Central, brindando certidumbre a miles de trabajadores públicos respecto a la evolución de sus ingresos en 2026. No obstante, el escenario seguirá siendo objeto de seguimiento, especialmente en aquellos sectores donde aún restan acuerdos por alcanzar y donde las condiciones salariales dependen de negociaciones específicas.
