CORRUPCIÓN. Uruguay es destacado por tener tasas de corrupción menores al resto de los países latinoamericanos. No se trata de tener mucha o poca, debería tratarse directamente de no tener, y punto. Pero tenemos.
Segundo. Agreguemos a esto que no se trata de corrupción grande o chica, es corrupción más allá de su tamaño. Así que si nos sentimos orgullosos porque nos comparamos con los demás países, no deja de ser el consuelo del tonto, pero bueno, es lo que tenemos. Estamos contentos por ser el país poco corrupto, aunque corrupto. Está bueno que pongamos en su debido lugar la semántica que algunos utilizan para tratar de contextualizar algo que no admite el menor análisis.
Tercero. También venimos escuchando hace rato lo bien que funcionan nuestras instituciones, que han permitido conocer y actuar sobre esos hechos de corrupción. Eso es media verdad, y si es media verdad, es una falsa verdad. Me explico. Los casos más sonados desde hace años ocurren cuando partes interesadas contactan con periodistas para pasarles información que habían presentado a sus superiores en la escala jerárquica para que se actuase en consecuencia y lo que obtuvieron fueron carpetazos o cajoneos de las denuncias, por eso han tenido que recurrir al periodismo para que tome estado público lo que algunos funcionarios públicos han estado actuando de manera incorrecta o poco transparente, en definitiva, por fuera de la ley. Existen otras motivaciones, como el popular serrucho, etc.
Cuarto. Los delitos contra la administración pública existen porque fueron redactados no por técnicos ni juristas sino por los propios políticos que llegado el caso, algún día esperan terminar ocupando cargos de jerarquía, donde la tentación suele ser grande, y como dijo algún presidente, terminarán metiendo la mano en la lata, sea para beneficio propio o de algún tercero que le ha jurado amor eterno para la próxima campaña electoral. Entonces, muchos delitos de corrupción no se encuentran tipificados debidamente en el ordenamiento jurídico de nuestro país, por lo que los jueces terminan tipificando el famoso “abuso innominado de funciones”, esa gran puerta por donde terminan habilitando el ingreso de todas las denuncias mediáticas que terminan haciendo periodistas.
Quinto. Lo que debemos reconocer es la manera en que nuestra clase política ha evolucionado buscando hacer trampas a la ley, aunque no deja de ser clientelismo político, algo que se ve tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos departamentales.
Sexto. No debe tolerarse la actual corrupción porque antes (otros gobiernos) también lo hacían. Si estaba mal antes también lo está ahora y viceversa. Pasa que antes no sabíamos, y por el destape de la olla que se ha hecho, por ejemplo, en esta semana sobre el clientelismo en el Ministerio de Vivienda, ahora nos venimos a enterar que el partido político que hoy critica por este tema, también abusó de la entrega indiscriminada de viviendas sin sorteo.
Séptimo. Resulta patético ver, ya no digo las redes sociales, sino directamente declaraciones de integrantes del actual gobierno de coalición criticando a su socio por corrupción, haciéndose los otarios.
Octavo. Lo ideal sería que actuase la justicia, pero desde hoy la exministra se amparará como su marido en los fueros parlamentarios y quedará todo en nada. Los fueros no fueron creados para eso, al menos eso pensaba hasta que me acordé quienes crearon los fueros…
Noveno. Publíquese y archívese… Hasta la semana que viene.
