Finalmente no habrá cambio en cuanto a la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Aún cuando resta la instancia de pronunciamiento de la Asamblea General, en la máxima instancia del Parlamento, las posibilidades de alcanzar los dos tercios necesarios para la aprobación son no sólo remotas, sino prácticamente inexistentes.
Ahora bien, si alguien cree que “aquí no pasó nada”, tras toda esta movida generada por el proyecto del Frente Amplio en referencia a este tema, se equivoca.
En primer lugar, si bien en el plano jurídico las cosas quedan exactamente iguales, no quiere esto decir que no se puedan seguir considerando casos específicos, los que de ser declarados fuera del alcance de la denominada Ley de Caducidad, por la Suprema Corte de Justicia, pueden ser sometidos a proceso, como cualquier otro caso.
Pero además de esto, el nuevo intento de dejar vía libre para la investigación de todos los casos relacionados a los años de la oscura dictadura habida en el país, sacudió el ámbito político e indudablemente ya ha traído consecuencias que pueden ser importante, sobre todo en perjuicio de la hoy fuerza política mayoritaria en el país, que es el Frente Amplio.
La votación del proyecto en primera instancia ya arrojó la “purga” del senador Saravia, uno de los hombres que tuvo buena proyección como sector nuevo dentro del Movimiento de Participación Popular en los últimos años.
También quedó por el camino uno de los hombres emblemáticos del F.A., como es Eleuterio Fernández Huidobro, quien renunció a su banca en el Senado.
Pero ahora el F.A. deberá decidir también sobre la suerte de sanción a aplicar al senador Víctor Semproni, quien se “desalineó” de lo mandatado por el plenario del partido, a la hora de votar el proyecto.
El Frente Amplio ha dado en este tema un mensaje confuso, contradictorio, difícil de entender y más aún de compartir.
Los principales referentes (Mujica, Tabaré Vázquez, Astori, Eleuterio Fernández Huidobro), se manifestaron al final del proceso de tratamiento de este tema, claramente en contra de lo que se había proyectado por la vía legislativa.
Aún cuando los politólogos coinciden en señalar, en cuanto al gobierno de Mujica, que finalmente la votación le significa “un respiro”, porque evita una incongruencia para el compromiso de respetar la voluntad popular, es indudable que también a este nivel habrá consecuencias.
En suma, más allá de la votación en la Cámara de Representantes, este tema seguirá sobrevolando la vida de la nación y habrá que seguir buscando caminos…
Alberto Rodríguez Díaz.
