Uruguay atraviesa un momento de profunda conmoción social tras los recientes casos de violencia vicaria, una forma extrema de violencia de género que ha cobrado vidas inocentes y expuesto las debilidades del sistema de protección infantil. En paralelo, la implementación de la Alerta Amber, herramienta clave para la búsqueda de menores desaparecidos, ha generado controversia por su falta de activación en uno de los episodios más trágicos del año.
El caso de Alfonsina y Francisco Morosini, asesinados por su padre hace pocos días, ha sido el más estremecedor. Este crimen ocurrido en Río Negro, evidenció la falta de protección efectiva para las víctimas y encendió las alarmas sobre la necesidad de políticas públicas con perspectiva de género.
La Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, calificó esta forma de violencia como “la más desgarradora y cruel” por involucrar a seres indefensos.
En los últimos años se registraron varios casos: en 2023 tuvieron lugar ocho y en 2024 cuatro, donde padres mataron a sus hijos en un contexto de separación por violencia.
Uruguay aprobó en octubre de 2024 la Ley Nº 20.381, que establece el protocolo de Alerta Amber para la búsqueda urgente de menores desaparecidos. El sistema contempla la difusión masiva de información en medios, redes sociales y espacios públicos, con el objetivo de localizar rápidamente a los niños en riesgo.
Sin embargo, en el caso de Alfonsina y Francisco, la alerta no fue activada. El Ministerio del Interior argumentó que “no era aplicable” por tratarse de un secuestro con autor identificado, lo que generó una fuerte polémica sobre la interpretación y aplicación de la ley.
La Fiscal del caso, Paula Goyeni, aseguró que se hizo todo lo posible, pero reconoció las limitaciones del sistema. Mientras tanto, la ciudadanía exige que se revisen los protocolos y se garantice que herramientas como la Alerta Amber se activen sin demoras en situaciones críticas.
Más allá de los casos extremos, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes sigue siendo una problemática estructural en Uruguay. Según el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), en 2024 se registraron 8.924 situaciones de violencia infantil, lo que equivale a 24 casos por día.
Como sociedad, no podemos permitir que el dolor de las víctimas se diluya en burocracia. Alfonsina y Francisco no deben ser solo nombres en una estadística: deben ser el punto de inflexión para construir un país más justo y protector.
La forma de violencia de género que destruye vidas a través de los hijos
Violencia vicaria
Entre todas las formas de agresión hacia la mujer que los hombres se han pergeñado para diseñar, movimientos sociales han logrado sacar a la luz diversas formas de maltrato. Entre estas, emerge con particular crudeza un concepto que expone una estrategia de profunda crueldad: la violencia vicaria.
Flagelo mundial
Esta modalidad, cuyo término fue establecido en 2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro, se distingue por una perversidad singular: el agresor no ataca directamente a la mujer, sino que utiliza como instrumentos a sus hijos o seres queridos para infligirle un daño psicológico devastador.
El escenario, lejos de ser hipotético, está documentado en estudios y tribunales de países como España, México y Ecuador. Según cifras de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en España, entre 2013 y 2023, al menos 50 menores fueron asesinados en contextos de violencia de género, la mayoría por sus propios padres, con el objetivo último de causar un dolor insuperable a la madre.
La violencia vicaria se define como aquella agresión en la que el perpetrador, comúnmente un hombre en el contexto de una relación de pareja o expareja, ejerce violencia sobre los hijos o personas significativas para la mujer con el objetivo único de provocarle un daño emocional profundo. Sonia Vaccaro la describe como “aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona”.
Este concepto se enraíza en la teoría del control coercitivo, desarrollada por Evan Stark, que describe cómo la violencia se ejerce a través de las relaciones íntimas en el ámbito doméstico. Vaccaro popularizó el término, enfocándose en cómo los agresores instrumentalizan a los hijos para mantener el dominio sobre la mujer incluso tras la separación.
Académicamente, se reconoce como una forma extrema de violencia doméstica que busca la “muerte psíquica” de la madre a través del daño a sus hijos, afectando múltiples sujetos de derechos.
Reconocimiento legal y cifras alarmantes
Aunque el fenómeno no es nuevo, su reconocimiento legal es reciente. En España, la Ley Orgánica 1/2004 fue modificada en 2021 para incluir explícitamente la violencia vicaria. En Latinoamérica, países como México y Ecuador reportan su prevalencia en procesos de divorcio conflictivos, donde los niños son usados como herramientas de manipulación.
Las estadísticas globales pintan un panorama alarmante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Un estudio iberoamericano de 2021 añade que, en contextos de violencia de género, el 98.7% de los hijos también experimentan violencia vicaria.
En España, el 74% de los agresores en casos de asesinato de menores ya habían ejercido previamente violencia contra la madre, y el 60% habían amenazado con dañar a los niños, evidenciando que se trata de una extensión estratégica de un patrón de dominación.
¿Cómo se manifiesta la violencia vicaria?
Las manifestaciones de la violencia vicaria son múltiples y van desde la manipulación sicológica hasta el homicidio. Los estudios identifican siete tipos principales: violencia psicológica (amenazas, insultos), física (golpes), sexual (abusos), económica (usar la manutención como coerción), judicial (arrastrar a los niños a procesos legales revictimizantes), negligencia (exponerlos a riesgos) y vincular (denigrar a la madre o impedir el contacto).
Entre las tácticas más comunes se encuentran:
- Manipulación durante las visitas: usar el tiempo de custodia para hablar mal de la madre, no devolver a los niños a su hora o interrumpir tratamientos médicos, generando una ansiedad constante.
- Alienación parental: manipular a los hijos para que rechacen a la madre, incluso obligándolos a grabarla o a realizar acusaciones falsas.
- Amenazas y daño emocional indirecto: amedrentar a la mujer con la idea de “quitarle” a los hijos o exponerlos a situaciones de peligro.
- La forma extrema: el asesinato: el homicidio de los hijos, ejecutado con particular crueldad, para infligir un daño irreparable y permanente.
Esta violencia se arraiga en dinámicas patriarcales y es predominantemente ejercida por hombres entre 30 y 50 años, especialmente durante o después de una separación. Es “pluriofensiva”, ya que vulnera simultáneamente los derechos de la madre y de los niños.
Los impactos en los menores son devastadores, incluyendo agresividad, ansiedad, depresión y problemas somáticos. Las madres, por su parte, sufren trastorno de estrés postraumático, ansiedad severa y afecciones físicas, con un 79.2% reportando sintomatología clínica.
Un factor agravante es la frecuente complicidad institucional. Sistemas judiciales que otorgan custodias compartidas sin evaluar riesgos previos, o que ignoran las amenazas documentadas, perpetúan una “violencia institucional” que puede tener desenlaces trágicos, como lo demostró el caso de Ángela González Carreño en España, donde su hija fue asesinada por el padre tras numerosas advertencias desatendidas por los tribunales.
Diferencia con la violencia de género
Aunque se enmarca dentro de la violencia de género, la violencia vicaria presenta diferencias bien demarcadas. La violencia de género, según la ONU, se centra en actos directos contra la mujer por el hecho de serlo, afirmando una dominación estructural. La violencia vicaria, en cambio, es indirecta: el daño se ejecuta a través de terceros, principalmente los hijos, para alcanzar a la mujer.
Legalmente, en jurisdicciones como la española, se la reconoce como una manifestación específica de la violencia de género. Sin embargo, su singularidad radica en que involucra de lleno los derechos de los niños, exigiendo un enfoque legal integral que proteja a ambos sin contraponer sus necesidades.
Otra diferencia es el contexto: la violencia vicaria es predominantemente doméstica y se intensifica en la etapa post-separación, utilizando las herramientas legales mismas, como las disputas por la custodia, como armas para perpetuarla.
Un llamado urgente a la acción
El impacto de la violencia vicaria trasciende lo individual, destruye el núcleo familiar, perpetúa ciclos de trauma intergeneracional y cuestiona la eficacia de los sistemas de protección. Se estima que solo en España, más de 1.6 millones de menores residen en hogares donde hay violencia de género, quedando expuestos a esta modalidad.
Casos reales, desde el asesinato de niños hasta el acoso constante mediante tecnología de geolocalización, subrayan la urgencia de una respuesta coordinada. El llamado a la acción es claro: se requiere una mayor formación de los operadores jurídicos y sociales, reformas legales que prioricen la seguridad del menor sobre el régimen de visitas en casos de riesgo probado, y una comprensión social más profunda de esta forma de violencia que utiliza el amor más puro de una madre como el blanco perfecto para su tortura.
La lucha contra la violencia de género debe, imperativamente, incluir la protección de los hijos como la primera y más crucial línea de defensa.
Ocho niños asesinados en 2023 y cuatro en 2024 a manos de sus padres en contextos de violencia vicaria
Las cifras estremecen y revelan una tendencia alarmante: en 2023 se registraron ocho casos de niños y niñas asesinados por sus progenitores en medio de separaciones atravesadas por violencia de género, y en lo que va de 2024 ya se contabilizan cuatro. Especialistas advierten que se trata de la expresión más extrema de la violencia vicaria y reclaman respuestas urgentes del sistema de protección.
En el año 2023 se registraron ocho casos de violencia vicaria extrema en Uruguay, en los que niños y niñas fueron asesinados por sus propios padres en situaciones vinculadas a procesos de separación marcados por antecedentes de violencia de género. Cada uno de esos episodios dejó al descubierto la expresión más brutal de este tipo de agresión: utilizar a los hijos como instrumento de castigo hacia la madre, provocando el dolor más irreparable que puede sufrir una mujer.
La cifra, ya de por sí alarmante, se volvió aún más preocupante cuando se constataron nuevos episodios en el año siguiente. En 2024, se han registrado cuatro asesinatos de niños a manos de sus progenitores en contextos similares, lo que refleja la continuidad de un patrón de violencia que no se detiene y que reclama respuestas urgentes.
Estos datos, aportados por especialistas como Andrea Tuana, no se limitan a un conteo numérico: evidencian una tendencia que pone en el centro la necesidad de visibilizar la violencia vicaria como una problemática específica y grave. No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno que combina la violencia de género con el daño directo a la infancia, con consecuencias devastadoras para familias y comunidades enteras.
Las estadísticas de 2023 y 2024 revelan, además, que el país atraviesa un escenario crítico donde la protección de niños y niñas se ve vulnerada, y donde la respuesta institucional muchas veces llega tarde. En ese sentido, la visibilización de estos casos busca impulsar mayor formación para profesionales del sistema judicial, educativo y de salud, así como el diseño de medidas de protección inmediatas que impidan que la violencia vicaria siga cobrando vidas.
La muerte de un niño a manos de sus padres
La violencia vicaria no es nueva en Uruguay. En noviembre de 2024, una bebé de cinco meses fue asesinada por su padre en Montevideo, en el marco de una discusión de pareja. El hombre, en un arranque de furia, corrió por la vía pública con la niña en brazos y, en determinado momento, la golpeó contra el piso. La bebé murió en el acto.
También en 2024, otro episodio volvió a conmocionar. Un niño de 10 años falleció como consecuencia de las heridas que le provocó su madre, con quien vivía en un campo próximo a Young. La mujer se roció con combustible, se prendió fuego a sí misma e hizo lo mismo con su hijo. El niño logró escapar para pedir ayuda a sus vecinos y fue trasladado a Montevideo, pero las quemaduras dañaron gran parte de su cuerpo y no logró sobrevivir.
¿Qué es la Alerta Amber?
En una importante medida para fortalecer la protección infantil, el 7 de octubre de 2024, el Senado y la Cámara de Representantes de nuestro país sancionaron la Ley N.º 20.381, que establece un sistema nacional de alerta temprana para la localización de menores de edad desaparecidos, denominado «Alerta Amber Uruguay». Este sistema tiene como objetivo principal garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficiente frente a la desaparición de niños, niñas y adolescentes, en especial cuando se sospeche de un acto delictivo o violento que ponga en riesgo su vida o integridad. En febrero de 2025, la ley fue reglamentada por el Decreto 78/2025 por lo cual, se encuentra plenamente vigente para su aplicación.
PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN.
La nueva legislación surge en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad de los menores en situaciones de riesgo extremo, como secuestros o desapariciones forzadas. La «Alerta Amber Uruguay» se enfoca en la necesidad urgente de actuar con rapidez para evitar que el daño a los menores sea irreversible. De esta manera, se establece un mecanismo para asegurar la localización temprana de aquellos cuya desaparición implique potencialmente una amenaza inmediata para su vida, salud o bienestar psicológico.
Según lo estipulado en la ley, se considera «menor ausente» a cualquier niño, niña o adolescente que no haya cumplido los dieciocho años, cuya ubicación sea desconocida para sus responsables legales, y cuyo caso dé indicios claros de que su desaparición está vinculada a un hecho delictivo o violento. Este enfoque permite priorizar aquellos casos en los que el peligro es inminente, permitiendo que la alerta se difunda de inmediato.
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
El Ministerio del Interior será el encargado de coordinar y supervisar el sistema de alerta, integrando el protocolo en el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. El sistema de búsqueda se coordinará estrechamente con varios organismos clave como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, el Sistema Nacional de Emergencias, y otras entidades públicas que podrían colaborar según el caso.
Una de las características más destacadas de la ley es la rapidez con la que las autoridades deben actuar ante una denuncia. No se requiere esperar ningún tipo de plazo para iniciar la búsqueda; la localización debe comenzar de inmediato en cuanto se recibe la denuncia, garantizando que no haya demoras en la activación de los mecanismos de búsqueda.
DIFUSIÓN DE LA ALERTA.
La «Alerta Amber Uruguay» se difunde mediante diversos canales de comunicación, buscando alcanzar la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo. Estos incluyen medios tradicionales como radio, televisión, y cable, así como plataformas digitales y redes sociales, canales de mensajería de telefonía móvil, y carteles en lugares públicos como peajes, aeropuertos y puertos. Este enfoque multi-plataforma asegura que la información llegue rápidamente a un público amplio.
El mensaje de alerta incluirá datos cruciales sobre el menor desaparecido: nombre, edad, características físicas, lugar y fecha de la última vez que fue visto, junto con una fotografía actualizada. Además, se proporcionarán números telefónicos y correos electrónicos para que la ciudadanía pueda aportar información valiosa sobre el paradero del niño o adolescente.
COORDINACIÓN INTERNACIONAL.
El sistema «Alerta Amber Uruguay» no solo se limita al ámbito nacional. En el caso de que la desaparición se considere de riesgo grave, la alerta será comunicada a INTERPOL, permitiendo la difusión internacional de la búsqueda. Esto coloca a Uruguay en una red global de cooperación para la localización de menores, al igual que otros países que implementan este tipo de alertas. De esta forma, la ley busca un enfoque global para resolver casos de desapariciones que puedan cruzar fronteras.
PROCESO DE DESACTIVACIÓN.
La ley también establece claramente los procedimientos para la desactivación de la alerta, los cuales incluyen situaciones como la localización del menor o la determinación de que la alerta ya no es necesaria. La desactivación se realizará de manera oficial y será comunicada públicamente por los mismos medios que se utilizaron para emitir la alerta. Sin embargo, es fundamental destacar que la desactivación de la alerta no detiene la búsqueda, que continuará hasta que el menor sea localizado y puesto a salvo.
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Uno de los puntos clave de la ley es la integración de tecnologías móviles. El Ministerio del Interior desarrollará una aplicación para sistemas operativos móviles, permitiendo a la población recibir notificaciones de manera instantánea. Además, se prevé la colaboración de las compañías de telefonía móvil para enviar alertas a sus abonados, aumentando aún más el alcance de la difusión.
La ley también otorga un papel activo a los ciudadanos, quienes podrán reportar información sobre desaparecidos a través de una línea telefónica gratuita y un correo electrónico específicos. Además, los organismos públicos deben contribuir difundiendo las alertas en sus propios canales, como sus sitios web, creando un esfuerzo colectivo para maximizar la cobertura de la alerta.
PASO SIGNIFICATIVO
La implementación de la «Alerta Amber Uruguay» es un paso significativo en el compromiso del país con la seguridad infantil. Su marco legal refuerza la necesidad de una respuesta coordinada, inmediata y eficiente ante casos de desapariciones. Expertos en seguridad y derechos humanos han expresado que esta ley no solo mejora la infraestructura de búsqueda de personas menores de edad, sino que también refleja un cambio en la mentalidad de prevención y protección del Estado uruguayo hacia los niños y adolescentes.
Con la nueva ley, Uruguay se une a un grupo selecto de países que han adoptado sistemas de alerta Amber, aumentando la probabilidad de rescatar a menores desaparecidos en situaciones de riesgo. Al proporcionar una herramienta más para la localización rápida y eficiente; se espera que la ley salve vidas y brinde a los padres, tutores, familiares un recurso vital en momentos de angustia.
En conclusión, la «Alerta Amber Uruguay» marca un avance crucial en la protección de los menores de edad, mostrando un compromiso firme por parte del Estado en garantizar su seguridad y bienestar. Con esta iniciativa, se refuerza el derecho fundamental de los niños y adolescentes a vivir en un entorno seguro, donde su integridad física y emocional esté siempre protegida.
