«Tiemble el déspota al ver que los orientales saben ser libres”
Juan Antonio Lavalleja
El 25 de agosto de 1825, en la Piedra Alta de la Florida, nació el Uruguay. Pero más allá de la épica fecha, lo esencial está en las leyes fundacionales que proclamaron la independencia. Allí se trazó con claridad cuál era el proyecto político: un pueblo que reasume su soberanía, libre de todo dominio extranjero, y que se une a otros pueblos por voluntad libre y espontánea, no por imposición.
Estas leyes constituyen la declaración más clara de que el Uruguay nació bajo la bandera de la libertad individual, la autonomía de los pueblos y el derecho de cada ciudadano a ser dueño de su destino.
La primera ley traduce un principio profundamente liberal. El derecho de una comunidad a autogobernarse, a darse sus propias formas institucionales, y en última instancia, a que cada individuo pueda vivir sin estar sujeto a un poder extranjero. La libertad no se concebía como una concesión del Estado, sino como un atributo natural, que los orientales simplemente reafirmaban.
La segunda ley refrenda una vez más el espíritu liberal: la unión no es un mandato, no es un acto de fuerza, sino un contrato voluntario entre pueblos libres. No hay sumisión, sino federación. No hay conquista, sino adhesión espontánea. La idea liberal de la asociación libre y voluntaria aparece aquí cristalina: los pueblos se unen cuando y porque lo desean, nunca por imposición.
Uruguay nació bajo las banderas del liberalismo, LIBERTAD O MUERTE sonaron como un eco feroz de la Revolución Inglesa, la Francesa y por sobre todo, la Norteamericana, con la redacción de la Declaratoria de la Independencia, elaborada por los Padres Fundadores.
Sin dudas, Uruguay NACIO LIBERAL, y se fundó sobre los principios de la libertad, la soberanía, la unión voluntaria y la autonomía individual:
Ese fue el germen liberal del Uruguay: un pueblo que no aceptaba un amo extranjero ni toleraba un poder absoluto local, sino que reclamaba la posibilidad de darse sus propias formas de vida y organización. Un país que no aspiraba a dominar ni a ser dominado, que solo pedía que lo dejaran en paz para vivir conforme a su estilo, su trabajo y su dignidad, sin agredir ni ser agredido por naciones vecinas. Ese espíritu de libertad no es atributo del Estado, sino que es, en esencia, la fuerza viva de cada persona que lo compone, el derecho natural e intransferible de cada oriental a ser dueño de sí mismo y no un engranaje de la maquinaria estatal.
Casi dos siglos después, aquel espíritu se ha diluido. El ciudadano oriental ya no es el artífice de su destino ni el guardián de su libertad. En estos 200 años, día tras día, se fue apagando la llama que encendió la independencia, hasta convertir al hombre libre en un sujeto anestesiado, obediente y sumiso. Hoy muchos ya no luchan por su autonomía, sino que se resignan a vivir bajo la tutela de un Estado hipertrofiado que ha dejado de ser un servidor para transformarse en una especie de religión civil. Y así, como antaño se temía a los reyes, hoy se reverencia al Leviatán burocrático, al que se adora casi con la fe con que se alaba a Cristo.
Pero esa sumisión no es gratis: tiene un precio altísimo. En el camino hemos sacrificado el valor sagrado de la autonomía y la responsabilidad individual, hemos dejado morir nuestro espíritu creador e innovador, y lo hemos reemplazado por una mediocre noción de “seguridad” pública. Esa falsa seguridad, en lugar de protegernos, termina domesticando el alma: nos convierte en dependientes abúlicos, sin ansias de crecer, sin ánimo de arriesgarnos, sin el impulso vital de generar nuestra propia riqueza. El ciudadano que alguna vez soñó con ser libre ahora se conforma con ser empleado público de por vida, atado a un sueldo que asegura el pan de cada día pero extingue la llama de la libertad. Y así, el anhelo principal de muchos ya no es la independencia, sino la dependencia; ya no es la creación, sino la sumisión; ya no es la dignidad de arriesgar, sino la comodidad de obedecer.
Y en esa transición hemos terminado por adoptar al Estado como si fuera un segundo padre, convirtiéndonos en hijos putativos de la burocracia. Un Estado paternalista, que se entromete en todos los rincones de la vida económica y social, dictando desde lo que producimos hasta cómo debemos vivir. Pero el daño no termina allí: la propiedad —núcleo de toda libertad— ha sido condicionada y vaciada de su sentido por una carga fiscal asfixiante y por una maraña de regulaciones que llegan a invadir incluso la intimidad de nuestras sábanas. La autonomía, que en 1825 era bandera de dignidad, hoy parece apenas una concesión vigilada por un Estado que se erige en tutor perpetuo de ciudadanos reducidos a menores de edad.
Hemos perdido el impulso vital de la libertad de asociación voluntaria, ese paladín de toda sociedad civil fuerte y pujante, y lo hemos sustituido por una lógica de imposición estatal, donde lo colectivo se impone sobre lo individual, aun contra la voluntad de los propios individuos. El espíritu de 1825 proclamaba que la unión debía ser libre y espontánea; hoy, en cambio, la relación entre el ciudadano y el Estado se parece más a una sujeción forzosa: se paga, se obedece y se recibe, con una capacidad cada vez más limitada de decidir realmente sobre la propia vida.
El Uruguay nació como un acto de libertad y de autodeterminación. Por eso, la conmemoración del 25 de agosto no debería reducirse a la retórica patriótica, sino convertirse en una invitación a la reflexión incómoda: ¿seguimos siendo aquel pueblo libre, soberano, dueño de sí mismo, que tuvo el coraje de enfrentarse a potencias extranjeras para conquistar su independencia?
Hoy, nuestro principal enemigo no viste corona ni lleva cetro imperial; ya no es Pedro I ni ningún monarca extranjero. Hoy el enemigo está dentro de nuestras fronteras: es el Emperador Estado, con todos sus parásitos incrustados en la maquinaria burocrática, que alimentan y hacen funcionar la máquina esclavizadora.
Si Lavalleja o Rivera hubieran mostrado la misma apatía y resignación que tantos uruguayos exhiben hoy, jamás se habrían roto las cadenas del imperio luso-brasileño. Fue su temple, su fe inquebrantable en la libertad y su energía arrolladora lo que hizo posible la independencia. Hoy, en cambio, nos hemos habituado dócilmente a nuevas formas de sometimiento: más sutiles, más pulidas, pero igualmente corrosivas de nuestra autonomía. Esclavitudes modernas que no llevan uniforme ni bandera extranjera, pero que se visten de burocracia, de paternalismo y de falsas seguridades que extinguen en silencio la llama de nuestra libertad.
Recordemos el llamado vivo que nos hacia el prócer de la patria, cuando sabiamente advirtió: ‘Nada podemos esperar, si no es de nosotros mismos.’ La libertad, la prosperidad y la dignidad de los orientales nunca vendrán de la tutela de imperios, de gobiernos omnipresentes ni de salvadores externos. Vendrán, como en 1825, de la energía, el coraje y la responsabilidad de cada ciudadano.
En esta fecha especial, el liberalismo nos recuerda una verdad inquebrantable: no hay nación libre si no hay ciudadanos libres. La independencia no fue obra de decretos ni de discursos, sino del coraje de hombres y mujeres que creyeron en sí mismos y asumieron la responsabilidad de su destino.
El desafío de hoy es volver a esa esencia fundacional del Uruguay: un país donde el individuo sea nuevamente el protagonista, no el Estado, donde la unión nazca de la libertad y no de la imposición, y donde la independencia deje de ser una efeméride repetida en los actos oficiales para convertirse, una vez más, en una realidad viva, cotidiana y tangible en la vida de cada oriental.
