Los ediles Carlos Rey, del Partido Colorado, y Enzo Molina, del Partido Nacional, han planteado en la Junta Departamental la problemática de los taxis ilegales y la competencia desleal que enfrentan los taxistas debidamente reglamentados. Los trabajadores del taxi, que cumplen con todos los requisitos formales —pagan impuestos, realizan inspecciones de sus vehículos y utilizan taxímetros— se han acercado a los ediles para expresar su creciente preocupación por una reciente decisión de la intendencia.
Los taxistas legales han informado que la intendencia, en respuesta a una solicitud de una cooperativa y de ciertos trabajadores que operan de manera ilegal, está considerando otorgar nuevas matrículas de taxímetro. Esta acción es interpretada como un blanqueo de una situación que ha permitido a taxistas ilegales operar sin control, a pesar de las múltiples denuncias recibidas.
Es alarmante que, en plena campaña electoral, se estén otorgando licencias a nuevos taxis, lo que podría verse como una aspiración política de quienes accederán a estas nuevas matrículas. La cooperativa CO.SA.CI-II ha admitido en su solicitud el transporte irregular de pasajeros, mencionando aproximadamente tres mil usuarios. Esta admisión implica que la intendencia debería haber tomado medidas al respecto.
Además, se ha informado que la resolución de la intendencia ha sido impugnada y que existe un recurso administrativo en marcha para revisar esta situación. Las denuncias sobre la falta de control de los taxis ilegales han sido recurrentes, y se ha señalado al exdirector de Tránsito, Henry Albarenque, por no actuar ante las denuncias de actividades ilegales.
Es fundamental que este tema sea discutido en la Junta Departamental, ya que Salto es una ciudad turística que necesita un control efectivo sobre el transporte de pasajeros. Actualmente, los taxis ilegales operan sin supervisión, y no se están controlando las tarifas, lo que no sucede desde 2014. La asociación de taxistas formales ha solicitado repetidamente el control de los taxímetros y la persecución de taxis ilegales, sin que se haya visto acción alguna por parte del ejecutivo departamental.
Es crucial abordar esta problemática para garantizar un servicio de transporte seguro y regulado en nuestra ciudad.
