La reciente afirmación de la senadora del MPP, Blanca Rodríguez, según la cual “el diseño de las políticas sociales arrancó en 2005”, exige una respuesta firme, documentada y sin concesiones, porque no se trata solo de un error conceptual: es una negación flagrante de más de un siglo de construcción institucional en Uruguay, un país cuya identidad social se forjó mucho antes de la existencia del Frente Amplio. El Uruguay social no nace con la alternancia política de 2005; nace con el Batllismo, con el Estado Social de Derecho y con un elenco de reformas que, desde comienzos del siglo XX, hicieron del país un caso único en América Latina.
Resulta imprescindible recordar que las primeras políticas sociales sistemáticas surgen bajo los gobiernos de José Batlle y Ordóñez, que entre 1903 y 1915 sentaron las bases del Estado moderno. Mientras buena parte del continente discutía cómo organizar repúblicas oligárquicas, Uruguay aprobaba leyes laborales pioneras, la jornada de ocho horas en 1915, el descanso semanal obligatorio, las primeras regulaciones del trabajo de mujeres y menores, la creación de los Consejos de Salarios, el salario mínimo en diversas ramas y el proceso de sindicalización protegido por el Estado. Ninguna de esas políticas nació después de 2005. Forman parte del ADN institucional del país y explican por qué Uruguay fue conocido como la Suiza de América.
La seguridad social, otro pilar de nuestro entramado social, tampoco es una creación reciente. El sistema previsional uruguayo tiene hitos fundacionales claros: la Caja Escolar de 1896, la Caja Civil de 1904, la Caja Militar de 1911, la Caja de Industrias y Comercio de 1919. Todos ellos preceden por décadas a la existencia del Frente Amplio. La Constitución de 1934 consolidó la concepción de la seguridad social como función esencial del Estado. Más tarde, se creó el Banco de Previsión Social como organismo rector del sistema. Afirmar que el diseño de políticas sociales comienza en 2005 no es solo un error: es borrar deliberadamente 120 años de evolución institucional que no podemos permitir.
En materia de salud pública, la tradición uruguaya también antecede largamente a 2005. El Ministerio de Salud Pública fue creado en alrededor de 1934, la vacunación sistemática data de mediados del siglo XX y los hospitales públicos, las Juntas de Beneficencia y los primeros avances en salud materno-infantil se consolidaron mucho antes de la alternancia política reciente. Incluso el sistema mixto de salud, que permitió la convivencia entre mutualismo y atención estatal, es un modelo de larga data y base para reformas posteriores.
Lo mismo ocurre con las políticas educativas. La reforma vareliana de 1877, obligatoria, laica y gratuita, es probablemente la política social más importante de nuestra historia. La consolidación de la Universidad de la República, la expansión de UTU,de los Cerp y las escuelas Agrarias, los internados rurales y los liceos departamentales preceden por muchas décadas a la llegada del Frente Amplio al gobierno. Uruguay construyó ciudadanía e igualdad a través de la educación pública antes que la mayoría de los países de la región comprendiera el valor estratégico del conocimiento.
Por supuesto, en 2005 hubo innovaciones como el Plan de Equidad, la Asignación Familiar-PE o el SNIS, que forman parte del proceso histórico, pero un país serio no confunde profundización con creación. La política social uruguaya es acumulativa, no refundacional. Por eso resulta especialmente grave que una senadora de la República desconozca la genealogía del propio modelo social que hoy administra el Estado. Si algo distingue a Uruguay es que su red de protección y su institucionalidad social son anteriores a todos los partidos que hoy integran el sistema político, y que el Batllismo, en sentido histórico y estructural, fue su principal arquitecto.
Reducir toda esta tradición a una fecha tan reciente es empobrecer la discusión pública, borrar los aportes de generaciones enteras y reemplazar la historia por un relato político coyuntural. Uruguay no es lo que es desde 2005; lo es desde que decidió, hace más de un siglo, que la dignidad humana y la igualdad de oportunidades eran responsabilidad del Estado. Quienes hoy discuten políticas sociales deberían partir de esa verdad elemental antes de pretender reescribir la historia y si no lo saben podemos enseñarles para que no cometan estos errores o equívocos parlamentarios.
Autor. Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti, Batllista y comprometido con la identidad nacional de reconocer nuestra historia sin falacias.