El 13 de enero de 2025, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, afirmó que “el 60 % de las personas menstruantes, es decir mujeres en edad reproductiva y varones trans de entre 12 y 50 años, ya recibieron el beneficio de la canasta higiénica”, anunciando además que en el correr de esa semana se alcanzaría al 100 % de la población comprendida en esta política pública.
La frase no es menor. No lo es por el alcance del programa —que puede ser debatible, necesario o perfectible— sino por el marco ideológico desde el cual se construye el discurso del Estado de los actuales gobernantes. Porque aquí no estamos ante un simple cambio de lenguaje, sino frente a una redefinición conceptual que choca de frente con una tradición histórica profundamente arraigada en Uruguay: el Batllismo.
El Batllismo fue reformista, progresista y profundamente humanista, pero nunca negó la realidad biológica ni confundió política social con activismo ideológico. José Batlle y Ordóñez amplió derechos, fortaleció al Estado y protegió a los más vulnerables, sin necesidad de reescribir la naturaleza humana ni imponer categorías ajenas al sentido común de la sociedad.
Decirlo con claridad no es odio ni exclusión: los hombres no menstrúan. La menstruación es un proceso biológico propio del cuerpo femenino. El Estado puede —y debe— garantizar derechos, acceso a la salud y protección social a todas las personas, sin excepción, pero no puede construir políticas públicas sobre una negación de la biología, porque allí comienza la confusión, la pérdida de credibilidad y el alejamiento de la ciudadanía.
El problema no es la canasta higiénica en sí misma, sino el lenguaje ideologizado que transforma una política social en una declaración doctrinaria. Cuando el Estado abandona la neutralidad conceptual y adopta una visión militante, deja de ser el Estado de todos para convertirse en el Estado de una parte, de los comunistas o de algunos resentidos sociales.
El Batllismo entendió siempre que la fortaleza del Estado estaba en su racionalidad, laicidad y sentido común, no en imponer construcciones ideológicas desde el poder. Hoy, en nombre de una supuesta inclusión, se incurre en un reduccionismo que no integra, sino que divide y desconcierta.
Las políticas sociales deben unir, no fragmentar. Deben atender necesidades reales, no forzar redefiniciones conceptuales. Y, sobre todo, deben respetar una verdad elemental que no necesita adjetivos ni aclaraciones: los hombres no menstrúan.
