La Ley de la caducidad de la Pretensión Punitiva del estado, popularmente conocida como «Ley de Caducidad», ha sido calificada («El Observador» 14/05/2011) como «la bestia negra» que la izquierda uruguaya no ha podido dominar.
Seguramente que es así, tanto que décadas después de los hechos que determinaron esta salida legal, concebida para «proteger» del alcance de la ley a muchos – no todos – de los autores de torturas, crímenes y hechos similares, el tema sigue sin superarse precisamente en momentos en que redactábamos esta columna el parlamento se aprestaba a considerar nuevamente el tema, votando un proyecto de ley que establecería la nulidad de la ley.
Pero la impunidad en el Uruguay va mucho más allá de la Ley de Caducidad. Aunque seguramente esta ley es la de más relevancia, la que incluso determina que el país sea considerado como incumplidor de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, debido a la existencia de esta ley precisamente.
Pero existen acciones menores que también son cubiertas por un manto de impunidad y sin que haya ley específica que las cubre. Sencillamente por omisión de quienes deberían de hacer cumplir, disposiciones.
En materia de tránsito a diario se observan infracciones en materia de luces, de exhibición de matrículas, de violación de las normas, que se infringen y debido a una mala entendida tolerancia, no se sancionan.
Ni que hablar en lo que tiene que ver con las disposiciones aduaneras. Salto tiene un verdadero «emblema» del comercio informal representado por el «bagashopping».
Lo más preocupante de todo esto, es que pareciera que cuando las infracciones alcanzan un grado tal pasan a ser impunes.
Sucede también con la Policía y los temas de los apedreos. Salvo en operativos específicos y planificados por alguna emergencia, los móviles policiales que han sido dañados frecuentemente en estas acciones, prefieren no ingresar a las zonas de la ciudad donde se han impuesto los apedreos.
Todo esto hace también a la impunidad porque en todos estos casos el delito o las infracciones al menos han ganado terreno y han logrado una especie de «limbo», ubicándose fuera del alcance de la ley.
También debe ponerse en la balanza, porque de seguir así, llegaremos a extremos que no queremos ver en nuestro país.
