Cuando el anterior gobierno nacional decidió gravar con el IVA a los alquileres, se originó una gran discusión.
Inquilinos sostenían que el mercado demostraría que el impuesto que se establecía para los propietarios, lo terminarían pagando los arrendadatarios.
Desde diferentes sectores del gobierno nacional se sostuvo por entonces que no sería así. Incluso admitimos que teníamos la esperanza de que este alcance se controlara debidamente para que realmente se cumpliera el objetivo buscado y no lo que se temía.
Hoy admitimos que nos equivocamos. Los inquilinos tuvieron razón. La nueva obligación teóricamente establecida para obligar a los dueños de los bienes inmuebles a pagar el IVA, determinó una suba casi inmediata y constante en el precio de los alquileres que compensó con creces a los dueños de las propiedades y obviamente determinó que los arrendatarios tuvieran que pagar más, no sólo el valor del IVA, denominado «impuesto a los alquileres», que pasó a integrarse, sino encima las subas normales que determinaba el mercado.
Hoy cuando es inminente la presentación del proyecto que apunta a gravar a las grandes empresas y propietarios de grandes extensiones de tierras para solventar gastos de la infraestructura que utilizan éstas, vuelve a replantearse el tema.
La Federación Rural ha advertido que puede darse la situación de desalojo o incremento del valor de arrendamiento de aquellos campos forestados que se arriendan para la cría de ganado.
Si así fuera seguramente sería peor el remedio que la enfermedad porque el costo que se procura enfrentar por el deterioro de la infraestructura vial y otros servicios, no sólo lo seguirían pagando quienes manejan menos recursos, sino que además las grandes empresas se sentirían con mas «derechos», debido a que supuestamente estarían aportando para el mantenimiento de estas rutas.
No sería de recibo volver a cometer tamaña ingenuidad. No creemos que el objetivo del gobierno nacional sea el de recaudar cualquiera sea la procedencia, sino que lo que se pretende es equidad. Quienes utilizan y seguramente dañan en mayor grado la infraestructura, que es un elemento sustancial en lo que hacen, es justo que paguen más.
Este objetivo no puede ser rechazado por nadie, porque es justo. Lo que corresponde, por lo tanto es afinar los pormenores para asegurarse que no se malogre.
Asegurar el tiro, para decirlo en palabras sencillas.
