Entre el derecho a manifestarse y el derecho al trabajo y la libertad de circulación
El lunes 29 de agosto quienes llegaban en las primeras horas con la intención de estudiar o trabajar en Centro Regional de Profesores (CERP), en Florencio Sánchez y Cervantes, se encontraban sorpresivamente con que no podían hacerlo ya que el local estaba ocupado.
La ocupación, que se extendió hasta el mediodía (momento en que la Policía procedió al desalojo tras un diálogo con los manifestantes y sin necesidad de ninguna medida de fuerza), se enmarcó en las medidas de protesta que se vienen dando en ámbitos educativos, muy especialmente en oposición a la reforma educativa que plantea el actual gobierno con Robert Silva al frente de la ANEP
“La LUC realza y fortalece el derecho al trabajo y la libertad de circulación que deben respetarse cualquiera sea la medida de huelga que se realice”
Juan Diego Menghi, abogado
Juan Diego Menghi es un exitoso abogado laboralista salteño que suele ser consultado por EL PUEBLO o contribuir con nuestro periódico a través de columnas de información desde la capital, donde está radicado hace años. Pedimos al letrado salteño su opinión profesional sobre los aspectos legales de los desalojos de las ocupaciones.
“El tema de las ocupaciones –comenzó diciendo Menghi- está regulado en el artículo 392 de la LUC que, bajo el nombre de libertad de trabajo, derecho de la dirección de la empresa, prevé que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.
“Pone esos tres derechos en plano de igualdad. Por tanto, que el Estado garantice el ejercicio pacífico del derecho de huelga equivale a decir que no admite modalidades violentas de ejercer ese derecho, y las ocupaciones de los lugares de trabajo y los piquetes duros son per sé, modalidades violentas porque no se admite el ingreso de los no adherentes a la huelga. En el caso de la ocupación, por ejemplo, tampoco se permite el ingreso del propio empleador”.
“Acá lo que hace la LUC es garantizar la posibilidad de ingresar a trabajar por parte de los no huelguistas fortaleciendo de alguna manera un aspecto que estaba olvidado que es la libertad sindical en su plano negativo. O sea, la libertad sindical tiene dos aspectos, su plano positivo, que es el que tienen todos los trabajadores de afiliarse a un sindicato, y su aspecto negativo, que es el derecho que tienen los trabajadores de no estar afiliados y no participar de medidas sindicales”.
“La LUC realza y fortalece el derecho al trabajo y la libertad de circulación, que deben respetarse cualquiera sea la medida de huelga que se realice. Entonces, lo que veíamos antes de la vigencia de la LUC era muchas veces que un puñado de trabajadores, y Salto lo sufrió reiteradamente, que no representaban a la mayoría de los trabajadores de la empresa, ocupaban un lugar de trabajo, realizaban un piquete duro bloqueando la entrada y salida de las empresas, y no dejaban trabajar a nadie, no respetando el derecho del trabajo de los no huelguistas, y el derecho del trabajador de acceder a su lugar de trabajo cuando ya había dictamines de la OIT que intimaban al país a respetar estos derechos”.
“Entonces, todas las medidas sindicales que se tomen deben estar en consonancia con los derechos que establece la LUC y que acabo de comentar. O sea, el trabajador tiene derecho a hacer huelga, siempre y cuando la misma sea pacífica y, por tanto, no violente el derecho de todos”.
– ¿Cuál sería el procedimiento o protocolo a seguir para el desalojo de la ocupación?
– Cuando hay ocupaciones, el empleador puede avizorar que eso va a ocurrir. Entonces tiene que contactar a un abogado, mi recomendación es que sea especializado en Derecho del Trabajo y, sobre todo, en conflictos colectivos, y preparar una estrategia de actuación. Antes de una ocupación, que en la mayoría de las situaciones las podés prever, tendría que tener preparado un borrador de nota a presentar en forma urgente al Ministerio de Trabajo, ante los negociadores del grupo de actividad, y eventualmente otra nota solicitando la intervención del Ministerio del Interior.
Si en el marco de esas medidas gremiales puede existir la concreción de delitos, se tendrá que dar aviso al Ministerio del Interior. Si en cambio, en el marco de conflictos colectivos se trata de medidas que afectan derechos, pero no hay delito, se solucionará con la intervención del Ministerio de Trabajo”.
“Por lo general, en la práctica habitual lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo interviene, media, y si no, da un ultimátum al sindicato de que si no desaloja la empresa, pedirá la intervención del Ministerio del Interior”.
“También hay que tener presente que el artículo 469 de la LUC establece la obligación del Ministerio del Interior de disponer de todas las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y al orden público”.
“Entonces, acá hay una actuación preceptiva del Ministerio del Interior también que en el marco de una ocupación o un piquete duro puede darse o no esa situación. Antes lo que pasaba mucho era que terminábamos en una acción de amparo, ya sea por la empresa y/o por los trabajadores no huelguistas solicitando la desocupación inmediata de la empresa justamente por estar violando el derecho al trabajo de los no adherentes a la medida y la libertad de empresa y de circulación, etcétera, del empresario”.
“Hoy en día, la verdad es que con la vigencia de la LUC eso no es necesario en el 90% de los casos porque se soluciona administrativamente, se soluciona con la intervención de los poderes públicos del Estado, ya sea el Ministerio del Interior o el Ministerio del Trabajo, ya que ahora la normativa es clara en el entendido que eso no lo pueden hacer”, concluyó.
«Desde el movimiento sindical
entendemos a las ocupaciones como una extensión del derecho a la huelga»
Romina Espinosa
«A la huelga compañero/ no vayas a trabajar/ deja quieta la herramienta/ es la hora de luchar», dice una vieja canción que alentaba a los obreros a luchar por sus derechos.
Por generaciones los trabajadores sindicalizados de Iberoamérica la han escuchado y la han cantado, pero por sobre todas las cosas, han seguido el mensaje y ha sido parte de esas luchas por el salario, por mejores condiciones de trabajo, por la justicia social.
Y cuando las medidas de paro son insuficientes, cuando las propuestas obreras no encuentran eco, en patronales, en las oficinas de trabajo del gobierno de turno, cuando se agota el diálogo, o no avanza, o retrocede, y se toma la decisión de ocupar, un local comercial, una fábrica, un establecimiento, se considera que se han agotado, todas las posibilidades de entendimiento, de acuerdo…
Y allí surge, desde muchos años a esta parte, la pregunta de si los trabajadores tienen derecho de ocupar su lugar de trabajo, que pasa si algunos trabajadores no se quieren adherir al paro, a la ocupación y quieren ingresar a trabajar….?
EL PENSAMIENTO DE ROMINA ESPINOSA
«Desde el movimiento sindical entendemos a las ocupaciones como una extensión del derecho a la huelga, derecho que se ve vulnerado a partir de la ley 19.889 que justamente limita el ejercicio de ese derecho.
Es una medida que se utiliza en una última instancia y cuando ya se han agotado todas las instancias de negociación posible.
Es una medida que se realiza de forma pacífica, cómo todas las medidas sindicales»
CUANDO LA LUC METIÓ LA COLA
«El 15 de octubre de 2021 el Poder Ejecutivo publicó el decreto que reglamenta el artículo 392 de la ley de urgente consideración (LUC) que establece la «libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa», y que expresa que el «Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente».
EL PIT CNT PRESENTÓ RECURSO PARA REVOCAR DECRETO
El PIT-CNT, en su momento, presentó recurso para revocar decreto que limita ocupaciones en lugares de trabajo
La central sindical consideró «anticonstitucional e ilegal» el decreto porque «restringe el derecho a la huelga».
El PIT-CNT señaló que «toda reglamentación de la huelga debe garantizar su efectividad y ello no se adecúa al mandato constitucional cuando se limita o restringe su ejercicio, como es el caso del decreto». Además, se señaló que en ese decreto se limita «un derecho fundamental» como es la huelga a la que consideran «un derecho humano de expresión esencial de la libertad sindical».
Ocupación de lugar de trabajo, la frase más temida
Desde el Movimiento Obrero se ha insistido con el argumento que la ocupación de una fábrica, de un lugar de trabajo en general, es un derecho humano y que se llega a esta instancia como último recurso.
Siempre que se ha ocupado algún establecimiento, insisten desde los sindicatos se ha cuidado, por lo menos en Uruguay que no se dañen las instalaciones, que los obreros ocupantes no cometan ningún desmán dentro del local que se vuelva en contra. Por eso siempre se designan a trabajadores para que controlen cada cosa y al terminar la ocupación no haya nada roto.También insisten que nunca se ha coartado el derecho al trabajo de quienes no se adhieren a una huelga, a una ocupación, y si bien antes no se dejaba ingresar al lugar ocupado a la patronal, en los últimos tiempo si se ha hecho.
La LUC ha venido a reglamentar eso y le permite al patrón a ver como se encuentra el lugar de trabajo, por sus propios ojos. La palabra ocupación es de las más temidas por las patronales porque por el tiempo que dure, la producción se detiene, en cambio cuando se habla de huelga solo, la misma marca una flexibilidad que es que mientras se dialoga, los que deciden trabajar pueden hacerlo y la producción no se detiene…
Finalmente se reconoce de parte de los sindicalistas que cuando se dan las ocupaciones y la policía llega para desalojar siempre han conversado con las autoridades policiales y se acuerda la forma de desalojar sin violencia.
“Las desocupaciones están reglamentadas en la LUC”
Con Mayor Carlos Mello, Vocero Jefatura de Salto
En el caso ocurrido esta semana en la ocupación del Centro Regional de Profesores (CERP) y consultado sobre la actuación policial, Mello aclaró que “hay varios posibles escenarios. Un primer escenario es cuando es ocupado por estudiantes, en ese caso es el CODICEN el que intercede. La policía no participa en las primeras instancias de negociación y comunicación del CODICEN con el centro de enseñanza que se encuentra ocupado”. “Si se diera el caso que fuese ocupado por profesores, en ese caso el que intercede es el Ministerio de Trabajo abocándose a las primeras tareas de negociación dentro de las instancias de diálogo. Y el tercer escenario es que sea mixto, que sean profesores y estudiantes, y en ese caso quien intercede es el CODICEN”
Salgamos del escenario de la Enseñanza. En el caso de una empresa privada que sea ocupada por el sindicato de trabajadores, ¿cuál sería en ese caso el procedimiento?
En ese caso el que intercede con las primeras negociaciones es el Ministerio de Trabajo a través de una mesa que se arma para esos efectos, donde además de los trabajadores y el Ministerio se suma la empresa.
En ese caso, ¿quién le pide a la policía que desaloje la empresa ocupada, es el Ministe-rio de Trabajo o el empresario?
Es el Ministerio de Trabajo el que se va a comunicar con el Ministerio (del Interior), de donde bajarán directivas a los Mandos.
En caso que quienes ocupan una empresa se niegan a desalojar, ¿está previsto la uti-lización de la fuerza por parte de la policía?
Vamos primero a lo que establece la ley, que ampara al Ministerio del Interior y la policía a hacer gestiones que busquen agotar todas las instancias de que desocupen, pero indudablemente que la desocupación va a ser pacífica. Hasta ahora no hemos tenido ninguna situación extrema. Pero en el caso que no prosperara el diálogo y que quienes ocupan se nieguen a desalojar, el Jefe hará las consultas correspondientes al Ministerio del Interior solicitando directivas al respecto, si entonces se establece el des-alojo, se procederá.
En el caso de lo que ocurrió esta semana (en el CERP), recibimos la orden de la Dirección Nacional de Policía a través del Ministerio de que el CODICEN solicitaba al Ministerio que desocupara en cumplimiento de lo que establece la ley.
¿Así que el protocolo de actuación en es-tos casos sería básicamente el cumplimiento de lo que la ley establece y las directivas del Ministerio?
Eso ocurre de esa manera a nivel nacional. Más allá que estamos con lineamientos y la policía es un órgano jerárquico, ante una situación hipotética, porque yo podría estar diciéndole cómo se procede, pero hay un abanico de posibilidades que se puedan dar. Cuando hay un abanico de posibilidades, no hay algo específico. Lo que le puedo establecer es que está la ley, la policía y el Ministerio obra en cumplimiento de la ley y también bajo una solicitud que se haga a nivel de, por ejemplo, en el ámbito privado, bueno, en ese caso habrá una comunicación del Ministerio de Trabajo al Ministerio del Interior, que bajará a la Jefatura líneas de acción.
¿La Jefatura entonces no actúa de oficio?
Estamos sujetos a jerarquía. Es decir, el Jefe depende del Ministro, y el Ministro depende de Presidencia. Hay toda una línea jerárquica que, frente a esta situación, pongamos otro caso hipotético, vio lo que le dije del CERP, fuimos a hablar con los representantes de los estudiantes, había también profesores en ese centro docente, y les explicamos que había una solicitud de la ANEP que fue cursada al Ministerio solicitando la desocupación de ese centro. Nos pidieron un cierto tiempo para realizar una asamblea, llevar a cabo una comunicación a la prensa. Nosotros no teníamos apuro, así que no hubo problema en que ellos hicieran lo que pidieron y terminaron retirándose en forma pacífica. Pero si fuera del caso que nos dijeran que no querían desocupar, ahí habría otra instancia, como la de que se apersonara el propio Jefe para hablar con ellos. Si aún en ese caso se insiste en no desocupar el centro, el Jefe le comunicará al Director Nacional de Policía para pedirle orden, y éste se comunicará con el Ministro para informar de esta situación y pedir orden, así que se terminará procediendo en consecuencia de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio.
Agustín Arias, estudiante: estas medidas “no son meros caprichos o un simple intento infantil por detener la normalidad de los cursos”
Agustín Arias es egresado (en Literatura) y actualmente cursa el primer año del profesorado de Filosofía. Forma parte de AsEC, la asociación de estudiantes que en el CeRP del Litoral nuclea todas las especialidades de formación docente. Así dialogaba con EL PUEBLO al momento de redactar este informe:
-Ante todo, ¿qué es AsEC?
Traduciendo en primer lugar sus siglas, es la Asociación de Estudiantes del CeRP del Litoral, sede Salto. Como fuerza gremial, la mecánica de la asociación se corresponde con el funcionamiento habitual que tienen los gremios y los sindicatos. Esto es, dotar de voz –y voto– a ciertas minorías, en este caso hablamos del cuerpo estudiantil, que no casualmente resulta ser el principal actor de la reforma educativa y aquel sobre el cual se imprimen las marcas o cicatrices más feroces de esta transformación. Por paradójico que esto parezca, se asume que el estudiantado ocupa cierta “centralidad”, que hasta el momento solo se ha visto obliterada por la premura de los tiempos políticos. La combinación de estos factores obliga al estudiantado a poner en marcha una serie de medidas, resoluciones y reivindicaciones que buscan, como objetivo primordial, la escucha y el establecimiento de un marco de diálogo, para con las autoridades, como se ha señalado en reiteradas oportunidades, pero fundamentalmente para con los estudiantes, dado que la asociación tiene una operatividad horizontal que privilegia el intercambio.
-Concretamente, ¿a qué se deben los reclamos de estos días?
Las medidas de lucha recientes se alinean con otras medidas de lucha, desplegadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Los hechos particulares desarrollados en el CeRP de Salto deben ser leídos como el correlato micro-estructural de una problemática mucho mayor. En este sentido, la ocupación del centro del día lunes tuvo, como ya se dijo en otra oportunidad, un fondo organizativo imprescindible, que involucró, antes de la ocupación en sí, paros activos, con cronogramas de actividades pautados: a saber, talleres sobre escritura y lectura poética, sobre afrodescendencia, sobre laicidad, sobre la historia del movimiento estudiantil en Uruguay, sobre el avance represivo de la fuerza policial en las democracias instauradas a partir de la Modernidad. Quiero decir, el espectro fue variado, sin mencionar que contamos con la participación de docentes muy calificados: Pablo Márquez, Cristina Rundie, Matías Berger e Isabel Rodríguez Carvalho, por citar algunos ejemplos. Es sustantivo señalar esto, a efectos de responder a ciertas visiones acríticas que entienden que las medidas de lucha son meros caprichos o un simple intento infantil por detener la normalidad de los cursos.
-¿Qué pretenden?
Las pretensiones del gremio, retomando las preguntas anteriores, están relacionadas con la facultad crítica que, como estudiantes de Formación en Educación, estamos obligados a ejercer. Entendemos que los móviles que animan esta transformación educativa van en detrimento de la formación, de una formación no bancaria, no estadística, cuánto más cuando en la noche del lunes Codicen aprobó un documento que elimina la repetición en los primeros años de cada ciclo. Sin mencionar que los documentos que fundamentan la reforma presentan serios descuidos formales, de público conocimiento.
-Hablan de falta de diálogo, ¿verdad?
Sí, a esto debemos agregarle que las instancias de “diálogo” son insatisfactorias, dado que no cumplen ni siquiera con el sentido mismo de la palabra: las voces disonantes son escuchadas, pero como parte de un compromiso forzoso, que no tiene efectos reales. ¿Cómo avanzar con una transformación que está siendo resistida por docentes y estudiantes? ¿Cómo entender esta falsa voluntad de diálogo?
-¿Qué grado de acatamiento tienen las medidas entre los estudiantes?
La asociación ha tomado musculatura en los últimos días. Hemos llegado a tener asambleas realmente multitudinarias, pero, con todo, el gremio puede y debe fortificarse todavía más. Es sabido que hay voces, extra-gremiales, que disienten con las decisiones tomadas por el gremio; no es una novedad y eso es, justamente, lo que favorece el debate. En tal sentido, las asambleas, como mencioné antes, tienen como principal característica su apertura, de modo que extendemos la invitación para que puedan acercarse. Cabe resaltar, además, que todas las medidas de lucha fueron y serán pacíficas. La ocupación y el posterior desalojo se llevaron adelante en un marco de respeto, sin coaccionar voluntades ni dirigir el pensamiento.
«No fue una medida que tomaron de inmediato, primero se llevaron adelante otras acciones, incluso talleres de discusión»
Prof. Pablo Márquez:
Pablo Márquez es docente del CeRP e integra el Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Estuvo entre quienes acompañaron a los estudiantes en sus manifestaciones días pasados, y así dialogaba con EL PUEBLO:
-¿Docentes y estudiantes reclaman lo mismo o hay diferencias?
En esencia, el reclamo es el mismo, ya que sostenemos que desde las autoridades se desconoce un proceso de discusión que viene teniendo lugar desde el año 2015. Aun cuando se argumente desde el CODICEN de la ANEP que la idea es llevar adelante una reforma “sin mesianismos ni espíritu refundador”, lo cierto es que los hechos y las palabras demuestran lo contrario.
-¿Hay enfoques diferentes entonces?
Se pueden tener enfoques distintos, pero no creemos que la imposición sea el camino más serio y democrático, y que aliente la formación de docentes críticos y responsables. Si se afirma que “el centro es el alumno”, ¿por qué se desconoce a las asociaciones estudiantiles y de docentes cuando plantean objeciones? ¿Por qué se ignora o invisibiliza el pronunciamiento de más de veinte salas docentes, a lo largo y ancho del país a nivel de Formación en Educación, con amplia solvencia técnico-pedagógica, en contra de los lineamientos de evaluación y las propuestas curriculares? Asimismo, ambos colectivos hemos denunciado los recortes presupuestales realizados durante esta administración, que se manifiestan en el deterioro de las condiciones edilicias, en la menor disponibilidad de becas, en grupos superpoblados en ciertas asignaturas, entre otras.
-Tenemos entendido que ustedes recibieron un documento a discutir…
Retornando a la transformación curricular, el hecho de que se entregue como insumo de discusión un documento que tiene errores conceptuales y pasajes plagiados evidencia que las propias autoridades no están convencidas de su propuesta. Hablan de manera muy liviana de “competencias”, del “saber hacer”, pero cualquiera sabe que aprendemos “a hacer” a partir del contenido y del conocimiento. Hay quienes plantean que “el país se saca adelante estudiando y trabajando”, y estamos de acuerdo. El problema es que no se puede trabajar y estudiar en cualquier circunstancia, deben existir condiciones mínimas, así como acuerdos pedagógicos que contemplen a los actores fundamentales de este proceso: estudiantes y docentes. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, sobre todo, se sostiene que la titulación docente será universitaria; sin embargo, no hace nada respecto a la institucionalidad que lo garantice. Una prueba de acreditación a través del INEEd (Instituto Nacional de Estadística Educativa) no es una titulación universitaria creíble y seria. De ahí que nuestra propuesta de una Universidad de la Educación, autónoma y co- gobernada, adquiera, más que nunca, relevancia.
-¿Entonces el conflicto lo generan las autoridades?
Interpretamos que este conflicto lo generan los propios consejeros políticos del CFE que han desconocido, sistemáticamente, espacios de negociación colectiva. Asumimos que la democracia es conflicto y acuerdo. Se nos acusa de corporativistas, pero si algo hemos buscado establecer con nuestras movilizaciones y medidas de lucha es ampliar la discusión y enriquecer el debate público. En contrapartida, se ha menospreciado la posibilidad, como decía previamente, de una mesa de negociación. Y ello no ha obedecido a un simple capricho, sino que los consejeros políticos del CFE han sacrificado la autonomía del consejo frente a las exigencias de Da Silveira y compañía. Lo que el ministro dicta, se hace, sin importar los límites que establece la Constitución, la cual establece que la ANEP y sus desconcentrados tienen autonomía técnica y pedagógica. De todos modos, hemos puesto sobre la mesa la propuesta de que se extienda un año más la discusión en torno a estos temas. Si se califica esta transformación de “histórica” y “cultural”, no corresponde que la misma se defina en tres jornadas de discusión.
-¿Por qué llegan a la ocupación?
Se llega como parte de una escalada de las medidas de lucha, sobre todo, del movimiento estudiantil. Tengamos en cuenta que las urgencias de los estudiantes no necesariamente son las mismas que las de los docentes, más allá de que puedan converger. Tampoco podemos olvidar que estamos hablando de adultos que, en muchos casos, trabajan y estudian. En los últimos dos años, especialmente debido a la pandemia y al deterioro de los ingresos de los trabajadores, muchos estudiantes han debido salir a trabajar para poder sostenerse económicamente. Es así que algunos han abandonado sus estudios. En el caso puntual, además, del CeRP del Litoral, la casa de estudios está muy venida a menos, con paredes descascarándose, con televisores que no funcionan o que los han retirado por motivos que nada tienen que ver con su cuidado por parte de los alumnos, hay salones que se llueven y se inundan. El edificio, además, ha llegado al límite de su capacidad. Todo ello implica dinero que, finalmente, no se invierte. No puede haber Educación sin recursos económicos, es una realidad. Por otro lado, no se brindan garantías acerca de qué pasará el año que viene con los cursos, lo que involucra directamente a los docentes, pero sin duda afecta la calidad de formación de los estudiantes. Y si la respuesta de las autoridades es el silencio o el falso diálogo, donde escucho, pero no intercambio, no es de extrañar que, a posteriori, se instale un conflicto.
-¿Ocupación sólo de estudiantes o de docentes también?
La ocupación fue llevada adelante y decidida por los estudiantes. La medida fue evaluada y organizada por el alumnado movilizado, discutida democráticamente en asamblea, y en una coordinación que atraviesa todo el país. No fue la medida que tomaron de inmediato, sino que primero se llevaron adelante otras acciones, incluso talleres de discusión, que se continúan realizando semana a semana. Insisto con algo que señalé previamente: se trata de adultos, que en forma autónoma tomaron de manera colectiva sus decisiones. En el caso puntual de los núcleos del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, tanto del CeRP del Litoral como del IFD de Salto, al igual que en otras partes del país, acompañamos a los estudiantes en las movilizaciones y en la ocupación a través de paros de 24 hs., marchas, etc., no sólo por la coincidencia de muchos reclamos, sino también por solidaridad, tal como ha sido tradición en el movimiento sindical y estudiantil uruguayo.
-¿Qué aceptación tienen estas protestas entre los docentes?
Lo importante de estas movilizaciones es que nos han permitido establecer una discusión al interior del colectivo docente. Es de destacar que, a lo largo y ancho del país, incluso excediendo los límites sindicales, los docentes de Formación en Educación de distintas especialidades han planteado objeciones o, directamente, rechazado el documento de la “Propuesta para el Diseño Curricular de la Formación de Grado de los Educadores”, dado que la misma significa una disminución evidente en los contenidos, un recorte brutal en las horas de trabajo, y una degradación de la calidad de la formación de los estudiantes de profesorado, magisterio, maestro técnico y educador social. Analicemos un aspecto, las asignaturas y su carga horaria. Muchas asignaturas pasarán de estar anualizadas a semestralizadas, sin perspectiva de conformar cargos que posibiliten a los docentes desarrollar tareas de investigación y extensión. De esa manera, la carrera de formador de formadores no se torna atractiva para docentes que, en muchos casos, llegan a tener hasta dos títulos y distintos posgrados. El sistema terminará expulsando profesionales sobre- calificados, la carrera de formador se transformará en una suerte de “trabajo zafral”, el perjudicado inmediato será el estudiante y, a la larga, toda la sociedad y el sistema educativo público. Y ello sin tomar en cuenta que no sabemos qué pasaría, eventualmente, con aquellos estudiantes que no alcanzaran la promoción al final del semestre. ¿Deberán esperar al próximo año? Esas preguntas las autoridades no las responden porque los tiempos que priman para ellas, actualmente, son los políticos y no los pedagógicos. En general, estudiantes y docentes de profesorado son conscientes de esta situación, de la misma manera que ven todos los días cómo se les habla de “calidad” y “futuro”, y no se les brindan, insisto, condiciones mínimas (edilicias, económicas, pedagógicas, didácticas) para desenvolverse con autonomía y profesionalismo. De ahí que no nos extrañe que, poco a poco, se hayan ido sumando compañeras y compañeros a la discusión y a la movilización, y todo esto a pesar de la corta experiencia y de la novedad de nuestro sindicato.
