La disposición del gobierno de rebajar hasta un 60% los salarios desembocó en una protesta masiva que comenzó en Buenos Aires y se extendió a ciudades del interior como Córdoba y Rosario
Las máximas autoridades de la Prefectura Naval Argentina (guardacostas) y Gendarmería presentaron este miércoles su dimisión en medio de una protesta contra un duro recorte salarial a la que se sumaron también suboficiales de la Armada argentina y policías y que fue condenada por el Congreso.
El jefe de Gendarmería, el general Héctor Bernabé Schenone, y el prefecto general Oscar Adolfo Arce pusieron a disposición del gobierno su renuncia, informó la agencia oficial Télam, una decisión bienvenida por los manifestantes que protestan frente a la sede de la Prefectura en Buenos Aires.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, intentó este miércoles desactivar el conflicto con el compromiso de que el gobierno dejara en suspenso durante un mes la aplicación del decreto que ha supuesto una reducción salarial de hasta el 60 % para algunos guardacostas, pero los manifestantes se negaron a levantar la medida de fuerza.
Abal Medina añadió que abrirá una investigación para determinar si altos mandos trataron de «manipular» a los agentes de base para mantener sus privilegios. El jefe de Gabinete admitió que la aplicación de la revisión salarial por parte de Prefectura «ha sido francamente desastrosa» y adelantó que, a partir de ahora, los salarios serán liquidados por los ministerios de Economía y Seguridad.
«El conflicto es por el tema del sueldo, estamos cobrando una suma y de repente hicieron un descuento no esperado, no fue a uno, o a dos, fue a todos y la única medida pacífica que pudimos tomar fue esta: reclamar por lo nuestro», explicó a Efe Mauricio, un agente de Prefectura con 21 años de servicio.
La mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado aprobó este miércoles un comunicado conjunto en el que instaban a los manifestantes a «adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas».
La protesta comenzó en Buenos Aires pero se ha extendido a varias ciudades del interior del país, como Rosario y Córdoba.
La disposición del gobierno de rebajar hasta un 60% los salarios desembocó en una protesta masiva que comenzó en Buenos Aires y se extendió a ciudades del interior como Córdoba y Rosario
Las máximas autoridades de la Prefectura Naval Argentina (guardacostas) y Gendarmería presentaron este miércoles su dimisión en medio de una protesta contra un duro recorte salarial a la que se sumaron también suboficiales de la Armada argentina y policías y que fue condenada por el Congreso.
El jefe de Gendarmería, el general Héctor Bernabé Schenone, y el prefecto general Oscar Adolfo Arce pusieron a disposición del gobierno su renuncia, informó la agencia oficial Télam, una decisión bienvenida por los manifestantes que protestan frente a la sede de la Prefectura en Buenos Aires.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, intentó este miércoles desactivar el conflicto con el compromiso de que el gobierno dejara en suspenso durante un mes la aplicación del decreto que ha supuesto una reducción salarial de hasta el 60 % para algunos guardacostas, pero los manifestantes se negaron a levantar la medida de fuerza.
Abal Medina añadió que abrirá una investigación para determinar si altos mandos trataron de «manipular» a los agentes de base para mantener sus privilegios. El jefe de Gabinete admitió que la aplicación de la revisión salarial por parte de Prefectura «ha sido francamente desastrosa» y adelantó que, a partir de ahora, los salarios serán liquidados por los ministerios de Economía y Seguridad.
«El conflicto es por el tema del sueldo, estamos cobrando una suma y de repente hicieron un descuento no esperado, no fue a uno, o a dos, fue a todos y la única medida pacífica que pudimos tomar fue esta: reclamar por lo nuestro», explicó a Efe Mauricio, un agente de Prefectura con 21 años de servicio.
La mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado aprobó este miércoles un comunicado conjunto en el que instaban a los manifestantes a «adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas».
La protesta comenzó en Buenos Aires pero se ha extendido a varias ciudades del interior del país, como Rosario y Córdoba.
